Reflexión del senador Alberto Castilla sobre el turbio trámite en el Congreso del despojo de tierras en Colombia

El senador por el Polo Democrático Alternativo, Alberto Castilla, hace una descarnada radiografía en la siguiente columna de opinión sobre el trámite de la legislación agraria retardataria que impulsa el Gobierno en el Congreso de la República, la cual no tiene otro propósito que consolidar el despojo de tierras a los campesinos de Colombia: 

Una serie de hechos han empañado el trámite en el Congreso de la Republica  del proyecto de Ley 133 de 2014 “por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres), y se adiciona el artículo 52 y se interpreta el artículo 72 de la ley 160 de 1994”, más conocido como la ley Urrutia – Lizarralde, proyecto que seguiría propiciando el despojo a los campesinos de los baldíos para entregarlos en concesión a empresarios nacionales y extranjeros (Ver http://cnagrario.org/2014/11/05/la-disputa-por-los-baldios-el-campo-para-los-inversionistas-o-para-el-campesinado/).

Para comenzar, el proyecto fue presentado el mismo día que se instalaba la mesa de negociación entre el gobierno y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. El contenido del proyecto claramente contradice los puntos en el pliego a negociar, principalmente los relacionados con tierras, territorio y economía propia.

Hemos tenido acceso a información que señala que varios miembros de la Comisión Quinta de Cámara serían propietarios de predios en regiones que potencialmente podrían convertirse en Zidres. Por lo anterior, si los Representantes aprueban este proyecto estarían legislando en causa propia, ya que podrían verse beneficiados por los incentivos para los proyectos productivos que se desarrollen en tales regiones. La Cumbre Agraria dirigió una petición a la Comisión Quinta solicitando que sus miembros dieran a conocer sus propiedades rurales con el objetivo de dar transparencia al debate. Luego de una serie de remisiones al interior de la Cámara, se negaron a responder aduciendo que se trataba de “información reservada”, cuando claramente lo solicitado es de interés público y resulta trascendental para el trámite del proyecto.

Esa solicitud de información fue respaldada con una constancia elaborada por Iván Cepeda y Alirio Uribe, congresistas de la bancada del Polo Democrático. Tras la lectura de la constancia durante la discusión del proyecto, el presidente de la comisión y coordinador ponente, el Representante Marco Sergio Rodríguez Merchán, confesó ser dueño del predio Las Payaras, ubicado en el departamento del Casanare. Posteriormente volvió a tomar la palabra para aclarar que el predio le pertenecía a la también Representante de la Comisión Nery Oros, con quien Rodríguez estuvo casado (Ver: http://lasillavacia.com/queridodiario/lo-que-la-tierra-ha-unido-que-no-lo-separe-el-congreso-49194).

Por estos hechos representantes del movimiento campesino recusaron al representante Rodríguez, con el objetivo de que se declarara impedido para continuar liderando el trámite del proyecto. La Comisión de Ética negó la recusación, afirmando que el representante no tendría ningún beneficio directo con la aprobación del Proyecto. En el texto presentado ante la comisión, Rodríguez confesó que la Sociedad El Mana M.R. S.A.S., de la cual es único socio, es propietaria de los predios Alcaraván 1 y El Cairo, cuyo representante legal es el hijo de Merchán y Oros.

Por hechos similares fue recusado Alexander García Ramírez, también representante de la Comisión Quinta por el Partido de La U. García Ramírez es propietario del predio Rancho Victoria, de 922 hectáreas, ubicado en Puerto Gaitán (Meta). Adicionalmente, el propietario original de este predio había sido víctima de desplazamiento forzado en el año 2004 por las Autodefensas del Meta y Vichada. Actualmente pesa una medida cautelar sobre el predio, fijada por la Unidad de Restitución de Tierras (Ver: http://lasillavacia.com/queridodiario/la-cumbre-agraria-contra-el-proyecto-de-baldios-49249). Se está a la espera de que la Comisión de Ética resuelva esta recusación.  

Con la negativa a declarar los bienes de los miembros de la comisión, será muy difícil dar trámite al proyecto, no se sabe qué otros representantes tengan intereses allí. Quienes los tengan deberían apartarse de la discusión del proyecto. Las organizaciones campesinas y la bancada del Polo estaremos atentos a denunciar otros posibles impedimentos.

Por el lado del gobierno tampoco ha habido transparencia. No me ha sido posible obtener información precisa sobre las ZIDRE que crea el proyecto. Dirigimos una petición desde mi oficina al Ministerio de Agricultura solicitando información relacionada con esta figura: cuál sería la ubicación de las Zidre, qué extensión estaría involucrada, cuáles serían los beneficios que se entreguen a los empresarios allí establecidos, etc. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri respondió diciendo: “me permito abstenerme de responder dado que en el Consejo de Ministros (…), me fue aprobado un impedimento para conocer y decidir sobre la iniciativa legislativa de acceso a la tierra (ZIDRES), nombrando como Ministro ad-hoc para estos asuntos al Dr. Juan Fernando Cristo Bustos”. Por tanto, oficiamos al señor Ministro del Interior quien a su vez remitió al Ministerio de Agricultura la petición, agregando: “me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes la petición antes mencionada (…). Lo anterior, con el fin de que su entidad provea la respectiva respuesta”.

Enviamos la misma solicitud también a la Superintendencia de Notariado y Registro, por la vocería que ha tenido en el tema. En la respuesta se reconoce entre otras cosas que “a la fecha ninguna entidad ha realizado estudios específicos para identificar o delimitar las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico”. En conclusión, no se tiene información concreta de un asunto tan delicado sobre el que se pretende legislar.

Respecto a la vocería del gobierno para el trámite del proyecto, hay que señalar que el Superviniente Jorge Enrique Vélez no es competente para el trámite. Se le asignó esta tarea únicamente por el impedimento del Ministro Iragorri y por el desconocimiento del tema del Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. La Superintendencia es un organismo de control que debiera estar investigando las irregularidades en la tenencia de la tierra en vez de intentar sanearlas con este proyecto. Por estos hechos, el Representante Alirio Uribe presentó una queja disciplinaria contra Vélez en la Procuraduría (Ver: http://aliriouribe.com/representante-la-camara-alirio-uribe-munoz-instauro-queja-disciplinaria-contra-superintendente-de-notariado-y-registro-por-su-actuacion-en-el-tramite-del-proyecto-de-ley-de-baldios/). 

Por lo anterior, está claro que el Proyecto 133 Urrutia – Lizarralde no solo es altamente inconveniente, regresivo e inoportuno, sino que todo su trámite ha estado enrarecido. El gobierno nacional debiera tener la sensatez requerida para retirar el proyecto y garantizar todas las condiciones para que la adjudicación de baldíos contribuya a la democratización de la propiedad de la tierra, como lo exige la ley y la Constitución, y no lo contrario.

Alberto Castilla
Senador Polo Democrático Alternativo