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Actividad minera afecta gravemente comunidades en Bogotá y altiplano cundiboyacense, se denunció en audiencia convocada por Alirio Uribe

Como estaba previsto este jueves 17 de septiembre se llevó a cabo en el Salón Boyacá del Congreso de la República, la audiencia pública  “Conflictos Sociales y Ambientales de la Actividad Minera en Espacios Urbanos y Rurales: Casos representativos en  Bogotá y el Altiplano Cundiboyacense” convocada por el representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Alirio Uribe Muñoz.

A la audiencia fueron citados el Ministro Ambiente, los directores de las CAR de Boyacá y Cundinamarca, la secretaría de Ambiente de Bogotá, el alcalde de Soacha, la Agencia Nacional de Minería y el Instituto Alexander Von Humboldt.

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Como estaba previsto este jueves 17 de septiembre se llevó a cabo en el Salón Boyacá del Congreso de la República, la audiencia pública  “Conflictos Sociales y Ambientales de la Actividad Minera en Espacios Urbanos y Rurales: Casos representativos en  Bogotá y el Altiplano Cundiboyacense” convocada por el representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Alirio Uribe Muñoz.

A la audiencia fueron citados el Ministro Ambiente, los directores de las CAR de Boyacá y Cundinamarca, la secretaría de Ambiente de Bogotá, el alcalde de Soacha, la Agencia Nacional de Minería y el Instituto Alexander Von Humboldt.

El objetivo de la audiencia era el de mostrar cómo la minería está afectando gravemente comunidades urbanas y rurales en Colombia, en materia ambiental social y económica.

Durante su desarrollo se presentaron cinco casos emblemáticos de Bogotá y el altiplano Cundiboyacense. En Bogotá (afectaciones de la extracción de materiales de construcción en las zonas de Potosí y la Cuenca del Río Tunjuelito); Soacha y el impacto de la actividad minera en el área urbana y en ecosistemas del páramo de Sumapáz; Suesca y los efectos sociales y ambientales de la extracción y procesamiento de cemento; y el potencial arrasamiento de ecosistemas y bosques en el municipio de Gachantivá.

 “Ahora que está en cartelera esa película ‘Colombia, Magia Salvaje’, es bueno preguntarle a las instituciones del orden nacional y territorial, cómo es que se pretenden cuidar nuestras aguas, nuestros suelos y la biodiversidad existente. Que no nos salgan con discursos, sino con acciones, pues las comunidades ciertamente no quieren afectaciones a su bienestar, y el camino al desarrollo no puede ser solo con minería, hay que estimular otras visiones y actividades económicas más sustentables”, afirmó el representante Uribe Muñoz.

En el caso de Gachantivá, municipio del centro de Boyacá, casi la totalidad del municipio quiere un destino distinto a la minería. Y en tal sentido parece ir la administración municipal, la cual antes de finalizar el período legal pretende dejar listo el proyecto de acuerdo para realizar la consulta popular. “La consulta popular será la que nos dé la legitimidad de nuestras reivindicaciones como campesinos y defensores de la riqueza natural de nuestro municipio, allí con total certeza el 99% de los habitantes dirá NO a la minería y SI a la vida”, dice Clara Ángel, una de las integrantes del Movimiento Cívico por el Agua y por la Vida de Gachantivá.

Sin embargo, no todas las administraciones locales están pensando en mecanismos de  control estricto a la actividad minera a nivel territorial, ejemplo de esto es el caso de Soacha (Cundinamarca) municipio vecino de Bogotá que sufre graves alteraciones tanto en el área urbana como en las zonas rurales por cuenta de la minería.

De acuerdo a información oficial, el área titulada por la Agencia Nacional de Minería (ANM) ocupa cerca del 20% del municipio dejando a su paso graves daños ambientales y sociales. Al respecto la actuación de las autoridades ambientales del municipio encargadas del control de la minería, deja mucho que pensar. En revisión de documentos oficiales de la administración municipal, aparecen referencias de una  posible vinculación familiar de la Directora de la Oficina Ambiental de Soacha con representantes legales de los títulos mineros actualmente vigentes. “¿Sera que acaso en Soacha el “ratón está cuidando el queso de la minería”, y por esto no se hacen efectivos ni se implementan los planes de manejo ambiental de las canteras, dejando a su paso miles de hectáreas con pasivos ambientales que luego se convertirán en futuros barrios subnormales de Soacha?”, es la pregunta que se lanza al aire por parte de un vocero del Movimiento Ambiental Caminando el Territorio.

En Cundinamarca y Boyacá se hallan muchas coincidencias en materia de conflictos, tipo de explotación y hasta empresas involucradas. Es el caso de Cementos Tequendama, empresa que instaló a escasos metros del casco urbano de Suesca (Cundinamarca) una planta cementera, la cual ha ocasionado graves conflictos ambientales y en materia de salud, según denuncian voceros del Movimiento Cívico Aire Puro para Suesca. Esta misma empresa es denunciada por habitantes de Gachantivá, la cual a pesar de tener licencia ambiental y título otorgado por la ANM, por oposición de las comunidades locales, no ha podido entrar en fase de explotación.

De esta dinámica de la actividad minera no es ajena la ciudad de Bogotá, donde las canteras para la explotación de materiales de construcción y su procesamiento, tornan difícil las condiciones de vida en las áreas periféricas de la ciudad. En tal dinámica se ven afectadas localidades como Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme y Sumapaz.

Ejemplo de esto son las afectaciones sobre la cuenca alta del río Tunjuelito y los daños que ocasionan la extracción de materiales de construcción en el sector de Potosí, localidad de Ciudad Bolívar. “La actividad minera en nuestros territorios ocasiona enfermedades, daño a nuestros espacios comunes, afecta la vida de una zona con graves problemas sociales y con escasas oportunidades. La minería termina beneficiando a unas cuantas empresas como Cemex y Holcim, las cuales derivan altas rentabilidades, no compensan a la ciudad por los daños y el empleo que generan es mínimo y precario”, afirmó Andrey Tellez, vocero del Movimiento Cívico “No le saque la piedra a la montaña”.

Estos casos fueron objeto de amplia denuncia durante el desarrollo de la audiencia pública convocada por el congresista Uribe Muñoz.

 “Aparte de la película que se promociona en todo el país, y que retrata nuestra riqueza, está para la ciudad de Bogotá la oportunidad de transformar esta realidad, de buscar adecuarnos al cambio climático. Bogotá este fin de semana acogerá la cumbre de ciudades como preparación para la cumbre del Cambio Climático que se celebrará en diciembre en París. Que bueno sería que se escucharan estos casos y se plantearan reales soluciones para la ciudad de Bogotá y la región centro del país.”, concluyó el congresista del Polo.

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