Senador Iván Cepeda denuncia que candidato uribista hace campaña con tierras de Víctor Carranza

El Espectador  

Los terrenos actualmente están en invasión y, de acuerdo con el senador del Polo Democrático, el candidato uribista a la alcaldía de Puerto Gaitán quiere legalizarlas si votan por él.

En el Senado de la República fue denunciado por parte del congresista Iván Cepeda Castro que el Centro Democrático que lidera el cuestionado expresidente Álvaro Uribe Vélez, está haciendo campaña política en Puerto Gaitán (Meta) con las tierras del fallecido zar de las esmeraldas, Víctor Carranza.

El senador Cepeda Castro dijo que en ese municipio el Incoder mediante resolución decidió a mediados de 2014 entregar a los campesinos tierras que fueron objeto de una captura fraudulenta por parte de Víctor Carranza. (Escuche al congresista del Polo ingresando al siguiente enlace: http://www.elespectador.com/noticias/politica/campana-tierras-de-victor-carranza-audio-586852)

Cepeda explicó que actualmente esa comunidad que logró ese beneficio está siendo objeto de una serie de presiones por parte de personas que han llegado a invadir esas tierras.

Con este panorama, de acuerdo al senador del Polo, ahora apareció en escena el candidato del Centro Democrático a la alcaldía, Josué Ardila, ofreciéndole a los invasores posibilidad de legitimar esa misma invasión una vez sea elegido el próximo 25 de octubre.

“Este es un hecho que debe ser objeto de una investigación por parte de las autoridades competentes y acciones por parte del Consejo Nacional Electoral”, manifestó Cepeda Castro.

Y agregó: “Este es un asunto que viene de tiempo atrás y esta denuncia sobre las tierras de Carranza se hizo hace más de un año y eso desencadenó el proceso de toma de decisiones por parte de Incoder pero ahora en esta etapa electoral se está utilizando la situación que hay para hacer campaña por parte del Centro Democrático”.

Constancia

El congresista Cepeda Castro dejó la siguiente constancia en la plenaria del Senado de la República:

Luego de más de un año de la expedición de la resolución 6423 del 30 de julio de 2014 del Incoder, por medio de la cual se declaró la revocatoria directa de 27 adjudicaciones en Puerto Gaitán (Meta) a una red de testaferros de las familias Carranza y Beetar, correspondiente a 26.000 hectáreas de tierras, las cuales fueron anunciadas por el presidente Santos como las primeras que harían parte del Fondo de tierras, el Estado Colombiano sigue sin recuperar materialmente dichos predios, y permitiendo el confinamiento de dos comunidades: El Porvenir y Matarratón.

Con posterioridad a la decisión del Incoder, personas con vínculos con la familia Carranza han promovido la invasión de dichos predios baldíos por más de 80 personas, quienes han puesto en riesgo el medio de subsistencia de quienes habitan históricamente El Porvenir y Matarratón, al cercar los potreros comunales e impedir el pastaje del ganado y su acceso al agua.

Desde que los hechos de agresión e invasión contra la comunidad de El Porvenir iniciaron, los hemos denunciado, sin embargo el conflicto social ha crecido, y permanece ante la omisión de las autoridades nacionales, locales y regionales. Dentro de los hechos más recientes que ponen en riesgo de desplazamiento a las comunidades se encuentran los siguientes:

1. Desde el 6 de septiembre de 2015, conforme lo denuncian los campesinos, llegaron Elbert Abril Santamaría y Oscar Romero a promover dichas invasiones en El Porvenir y Matarratón. Estas personas estarían ofreciendo tierras a cambio de dinero y de trabajo en zonas de influencia petrolera, concretamente con la compañía petrolera que opera el Pozo Cabiona 8, New Granada Energy. Para lo cual han creado dos nuevas juntas de acción comunal.

2. La comunidad denuncia a Floro Salgado, exadministrador de la Ganadería La Cristalina, y amigo del señor Santamaría como quien ha repartido las tierras de los campesinos de la Inspección de El Porvenir a personas desconocidas ajenas a la comunidad, dando órdenes para cercar la sabana comunal.

3. La comunidad denuncia al señor Jorge Lozano (supuesto empleado de Corpoica en Carimagua) de llevar maquinaria para arar y alambre para cercar, y de estar comprometido con la tala de árboles.

4. Cuando integrantes de las comunidades se acercan a averiguar sobre lo que están haciendo los invasores, según las denuncias, reciben insultos y amenazas como ” quieren que los cojan a plomo”, por este motivo la población se encuentra intimidada.

5. Denuncia la comunidad que el pasado 11 de julio se movilizaron varias personas en un bus expreso desde el casco urbano de Puerto Gaitán hacia la finca Los Pinos, donde el señor Elbert Abril Santamaría los invitó a un asado y luego se dirigieron a inscribir las cédulas para sufragar en el caserío de El Porvenir. Mientras la gente se inscribía, Elbert Abril Santamaría estaría invitando a la comunidad asistente a que se vinculara a la nueva asociación llamada Asdepagral (Asociación de desplazados y campesinos productores agropecuarios de la Altillanura con NIT 900862362-4), porque les podrían dar tierras. Es de anotar que las personas que llegaron no son del pueblo y son extrañas a la Inspección de El Porvenir y de la vereda de Matarratón.

6. El día sábado 8 de agosto, el candidato a la alcaldía de Puerto Gaitán, Josué Ardila, por el partido político Centro Democrático habría realizado una reunión en el polideportivo de la Inspección de El Porvenir con el señor Elbert Abril Santamaría, presidente de la nueva Asociación Asdepagral, en la cual habría manifestado que si él llega a la alcaldía, “será muy equitativo en la repartición de tierras” y que buscaría la solución a todos los problemas que les aqueja. Discurso que habría sido promovido por el líder de los invasores en El Porvenir.

Ante estos graves hechos de manera respetuosa solicitamos a la mesa directiva del Senado, enviar copia de la presenten constancia al ministro de Agricultura, al gerente del Incoder, al Defensor del Pueblo, al gobernador del Meta, al alcalde de Puerto Gaitán, a la directora de la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas, al director Nacional de Policía, y al presidente del Consejo Nacional Electoral, para que de acuerdo con sus competencias, se adelanten todas las acciones tendientes a evitar un posible desplazamiento forzado, romper el confinamiento en el que se encuentran las comunidades de El Porvenir y de Matarratón, proteger a dichas comunidades, proteger los terrenos baldíos de la nación, y sancionar a quienes de manera fraudulenta pretenden apropiárselos nuevamente de manera irregular.
 
El Espectador, Bogotá.