Agua sí, petróleo no, así

Por Eudoro Álvarez Cohecha  

En audiencia pública realizada el pasado 20 de febrero en San Martín, en el departamento del Meta, las comunidades, de manera unánime, clamaron en contra de la actividad petrolera en sus territorios, ante una mesa directiva presidida por el ANLA (Autoridad Nacional De Licencias Ambientales), El Defensor Regional del Pueblo, Los alcaldes de San Martín y Granada y funcionarios de Ecopetrol.

Tanto las entidades solicitantes del evento y autoridades locales, como centenares de voceros de organizaciones de la comunidad, exigieron al ANLA, negar la licencia ambiental al proyecto TARAY, a desarrollarse dentro del bloque CPO –9, por las incidencias negativas, que en lo ambiental y en lo social generará, enfatizando el daño sobre las aguas corrientes, superficiales y subterráneas, en una zona cuya hidrografía da origen a su principal río, el Meta, además substancial afluente del Orinoco.

“El ser humano es la única razón de la defensa del medio ambiente” dictaminó el defensor del Pueblo y resaltó que el componente social es notoriamente débil en el estudio de impacto con que se sustentó por parte de la entidad contratante y Ecopetrol, la solicitud de la licencia ambiental para el proyecto, ampliamente cuestionado en la abarrotada Villa Olímpica de la ciudad cuyas Cuadrillas son una expresión cultural de renombre mundial.

Múltiples expresiones de rechazo a la denominada “Locomotora Minero-energética”, propósito del gobierno santista, expresión fiel de la “confianza inversionista” de Uribe, beneficiaria principalmente del capital extranjero y cuyos resultados hacia las gentes que habitan en esta regiones son visibles en altos costos de combustibles, a pesar de producirlos, elevación de los precios de alimentación, vivienda y servicios, deterioro de vías, sin que en materia de empleo se concreten los beneficios, pues se prioriza el trabajo foráneo y el poco que se otorga localmente es tercerizado y temporal, incidiendo negativamente en la actividad agropecuaria, tradicional vocación de este territorio.

El funcionario del ANLA, precisó el carácter no vinculante de la audiencia, patentizando que en estos eventos, se escucha pero no se atiende a las comunidades; falsa democracia, donde la opinión popular se minimiza ante las pretensiones de las multinacionales interesadas en exprimir estos territorios, “engullendo la pulpa y tirándonos los huesos”, con secuelas irreparables frente a las débiles acciones de mitigación planteadas.

Los colombianos ya saben cómo es, en esto de defender los recursos naturales ante la gran minería. Santurban en Santander, Piedras en el Tolima y Tauramena en Casanare son expresiones de cómo la voluntad popular hay que defenderla mediante la unidad y la movilización de las gentes y regiones; seguramente en el Meta se tendrá en cuenta esta lección.

Villavicencio.