Bolivia: El chantaje de la inversión extranjera

Por Aldo Orellana López / RTM  

Bolivia es un claro ejemplo de que la llegada de capitales extranjeros no depende de su excesiva protección. A pesar de que no firma Tratados Bilaterales de Inversión y denunció al CIADI para poner fin al poder de las transnacionales de demandarlo en tribunales internacionales, en el 2013 recibió treinta y cinco por ciento más de inversión extranjera que el año anterior.

Desde la liberalización de la economía a finales de los años ochentas, los países en desarrollo en general, y en especial los latinoamericanos,

entraron en una competencia brutal para promover el comercio con los países desarrollados y atraer inversiones extranjeras. Con ese fin, los gobiernos de entonces comenzaron a firmar una serie de Tratados de Promoción y Protección de Inversiones, comúnmente llamados Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Actualmente, existen más de tres mil en todo el mundo, la mayoría firmados en la década del noventa.

Se entendía que la inversión extranjera directa (IED) era uno de los motores del desarrollo y que su excesiva protección garantizaba su llegada. Sin embargo, el tiempo demostró lo contrario, pues existen países que pese a no haber firmado ni ratificado ningún TBI, atraen inversiones extranjeras incluso más que aquellos que sí lo hicieron.

El mejor ejemplo en la región es Brasil. En contraste, esta excesiva protección de inversiones de los TBI está siendo utilizada por las corporaciones para destruir el medio ambiente y cuestionar la soberanía y la democracia de los países que los firmaron.

Estos acuerdos contienen una serie de cláusulas que protegen a la inversión extranjera de diferentes formas, prohibiendo, por ejemplo, las restricciones a los flujos de capital y los requisitos de desempeño, exigiendo a los gobiernos un trato igual a empresas nacionales y extranjeras, pese a las asimetrías.

El CIADI

Contemplan, además, la figura de “expropiación indirecta”, que ocurre cuando una política pública afecta negativamente el valor de una inversión extranjera. Cuando las corporaciones sienten que los gobiernos han violado algunas de estas cláusulas pueden demandarlos directamente en tribunales internacionales creados para ese fin, utilizando el mecanismo de Solución de Controversias Inversionista-Estado.

Uno de los tribunales más utilizados por las corporaciones es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI), que pertenece al Banco Mundial. Los fallos de este tribunal son inapelables y sus procesos confidenciales y poco transparentes.

Existen muchos casos escandalosos en el mundo en donde empresas están demandando cientos de miles de dólares en compensaciones, y América Latina es la región más afectada.

Casos emblemáticos

El Salvador, por ejemplo, enfrenta una demanda de la corporación minera PacificRim/Ocean Gold, que exige el pago de más de trescientos millones de dólares por no permitírsele explorar oro en una región vulnerable. Uruguay enfrenta una demanda de Philip Morris, la tabacalera más grande del mundo, por 2,000 millones de dólares a raíz de la implementación de medidas gubernamentales para reducir el consumo de tabaco.

Existen muchas otras demandas como éstas en donde las corporaciones exigen compensaciones por políticas públicas en favor del medio ambiente y la salud de la gente, políticas muchas veces enmarcadas dentro de convenios internacionales e incluso contempladas en las constituciones de los países.

Muchos gobiernos desisten de implementar políticas a favor de su población por miedo a estas demandas, algunas de las cuales tienen que ver con la salud, el medio ambiente, la soberanía económica, el control de los recursos naturales, los servicios públicos, etc.

Tratados Bilaterales de Inversión

Bolivia no ha sido para nada una excepción. Desde finales de los años ochenta los gobiernos del país firmaron un total de veintiún TBI que contemplan estas protecciones a las corporaciones.

La primera demanda que el país tuvo que enfrentar vino de la corporación Bechtel, la principal accionista del consorcio Aguas del Tunari, que fue expulsada durante la “Guerra del Agua” en el año 2000, después de elevar por los cielos las tarifas del agua, entre otras acciones. Bechtel demandó a Bolivia una compensación por lucro cesante de cincuenta millones de dólares, cuando no había invertido ni siquiera un millón. Finalmente una campaña global ciudadana la obligó a abandonar el caso.

Con los años, Bolivia fue parte del movimiento que comenzó a cuestionar las políticas neoliberales y buscó recuperar sus recursos naturales y empresas privatizadas. Esa es la política actual del gobierno de Evo Morales, que está basada en la nueva Constitución Política aprobada en 2009. Sin embargo, en el camino el gobierno se fue encontrando con estos TBI y estos tribunales internacionales que protegen a las corporaciones.

Hasta la fecha, Bolivia ha enfrentado varias demandas por querer recuperar sus empresas y recursos naturales. Todavía tiene demandas pendientes y varias amenazas.

Contra el poder de las corporaciones

Sin embargo, en Bolivia se está haciendo un esfuerzo por poner fin al poder que las corporaciones tienen en este sistema. En primer lugar, se denunció el CIADI en 2007, por lo que el país ya no puede ser demandado en ese tribunal, aunque sí en otros similares, pues el poder que tienen las corporaciones se encuentra en los TBI. Es ahí en donde están escritas las reglas del juego. Es por eso que la nueva Constitución Política del Estado dispuso denunciar este tipo de acuerdos contrarios a la soberanía y a la democracia, y dio un plazo de cuatro años para eso.

Ante el cumplimiento de este plazo el Centro para la Democracia contactó y entrevistó al viceministro de Comercio e Integración de Bolivia, Clarems Endara Vera, para indagar acerca del proceso de denuncia de estos TBI.

El viceministro comentó que, efectivamente, todos los TBI que Bolivia firmó fueron denunciados. Una mitad dentro de los plazos previstos por cada TBI y la otra mitad, en cumplimiento con la Constitución, en una denuncia colectiva en mayo de 2013. Comentó, además, que la Constitución establece parámetros muy claros para el trato a la inversión extranjera, basada en tres puntos: la recuperación de los recursos naturales y empresas estratégicas; la denuncia de los TBI; y la prohibición de resolución de controversias con inversionistas en tribunales internacionales.

Si bien hubo preocupación por parte de Estados Unidos y de varios países europeos, el viceministro Endara Vera comentó que existe predisposición por parte de estos países para firmar nuevos acuerdos de inversiones basados en la nueva Constitución y en la nueva Ley de inversiones aprobada en abril pasado, que contiene todos los preceptos constitucionales.

No obstante, el viceministro Endara Vera reconoció que el tema no termina ahí, pues todavía existen las cláusulas de ultra-actividad de los TBI, que alargan su vigencia por varios años más, generalmente diez. Es decir, que todavía somos pasibles de demandas internacionales.

Si bien el viceministro Endara Vera confirmó que evidentemente existe esa posibilidad, destacó el hecho de que el gobierno ha cortado de raíz el problema con la denuncia de los TBI y que en caso de presentarse nuevas demandas, éstas deberán ser analizadas caso por caso por la Procuraduría General del Estado Plurinacional de Bolivia y, en caso de ser necesario, asumir la defensa pertinente. Dijo también que pese a eso, la cancha está rayada y que el gobierno entiende que ya no tiene TBI.

El viceministro Endara Vera también enfatizó el hecho de que Bolivia es un claro ejemplo de que la llegada de capitales extranjeros no depende de su excesiva protección. Pues según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Bolivia, a pesar de haber denunciado al CIADI y los TBI, recibió 2,030 millones de dólares de inversión extranjera en 2013, un treinta y cinco por ciento más que en 2012.

RTM.