Confesiones non sanctas de magistrados

Por Octavio Quintero  

El caso Ordoñez lo que está desnudando es la relación laberíntica de las altas cortes de Colombia con las instituciones de control y vigilancia administrativa, sin contar la injerencia sutil y aviesa del congreso y el gobierno, cuando a bien tienen.

¿Qué tal? El caso de la reelección del procurador Ordoñez

ya no dependerá de una imparcial evaluación de su esencia ética y jurídica, sino de la cantidad de amigos que tiene el acusado en la sala plena del Consejo de Estado, y entre estos, por todos aquellos que deberán declararse impedidos porque tienen mujeres, maridos, hijos, hermanos, tíos y sobrinos trabajando en la Procuraduría, sin contar otros afectos e intereses inconfesables que muy seguramente también los hay…

Es una vergüenza pública (bueno si existiera la vergüenza pública), que un tercio de los 24 magistrados que componen la sala plena tengan conflicto de interés por su conexión con familiares de alto rango bajo las órdenes de Ordoñez, y de los 16 que quedan habilitados, la prensa diga que 4 son cercanos al procurador (Semana.com): ¿O sea que su decisión no sería en derecho sino en relación al afecto que tienen por el alto funcionario?

Quedan 12: ¡Doce magistrados del Consejo de Estado –de 24, bueno es repetirlo—que, al menos en este caso de la Procuraduría, no tienen “rabo de paja”; lo que no quiere decir que no lo tengan, por ejemplo, si el caso se diera en la Contraloría, la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo que son las instituciones de control y vigilancia administrativa que operan en Colombia, elegidos por el Congreso de ternas que salen de la Presidencia y las altas cortes.

Y la ecuación se haría extensa si se pudiera allegar información pertinente a las otras cortes: Constitucional, de Justicia, de la Judicatura y del Consejo Electoral, y de ahí arranque para el Congreso en donde los parlamentarios, estos sí con más veras, cobran por adelantado sus “honorarios” como en el caso del senador, José David Name, que confiesa públicamente en TV que quiere ser presidente del Congreso para que Santos tenga que cumplir lo que le prometió a la Costa Caribe por su reelección: es decir, “me cumple o le pongo trabas a todo lo que usted nos envíe al Congreso”, fue lo que este delfín Caribe dejó tácito en la entrevista.

Nadie propone que se le cierre toda oportunidad laboral al familiar más lejano o al amigo más frío de cualquier magistrado; pero las instituciones de control y vigilancia administrativa llamadas “IAS” sí debieran quedar aisladas de estas influencias porque la justicia no puede ser fruto de la capacidad de intriga y manipulación que se tenga, sino de su debida aplicación en forma cumplida e imparcial.

Digamos que en el caso del procurador, ni va a ser cumplida (porque nos hemos demorado 10 años para empezar a cuestionar, por lo menos, la legalidad de la reelección del procurador), ni va a ser imparcial porque en los intríngulis que se vienen desvelando predominan más los intereses burocráticos, de amiguismo y políticos que jurídicos.

16 de julio de 2014.