Congresistas del Polo visitan cárcel La Tramacúa de Valledupar para verificar situación de internos que estaban en huelga de hambre

Los congresistas del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, Alberto Castilla, Alirio Uribe Muñoz y Víctor Correa, así como la representante a la Cámara por Alianza Verde, Ángela María Robledo, visitan este sábado 19 de marzo, la Penitenciaria de Alta Seguridad La Tramacúa de Valledupar, con el fin de verificar la situación de los 244 internos que desde el pasado 23 de febrero hasta el 17 de marzo se encontraban en huelga de hambre.
 
Los prisioneros que resistieron levantaron el pasado jueves 17 de marzo la huelga de hambre, luego que se reunieran con Marcela Abadía – delegada de la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia, el brigadier general Jorge Ramírez Aragón, director general del INPEC, quienes en reunión con el Comité de Derechos Humanos se comprometieron a modificar el régimen interno y brindarles mejores condiciones de detención.

De tal manera autorizaron el uso de toldillo, de equipos de radio, modificar horarios de visita para todo el día, prolongar el de visita conyugal a dos horas y cambiar el uniforme para uno con material acorde al clima.
 
Los parlamentarios del Polo y Alianza Verde en su visita harán seguimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional al dar respuesta a la tutela T-282 de 2014 en la que ordenó al INPEC y a la propia cárcel Tramacúa, asegurar el suministro de agua potable, no recibir nuevos prisioneros hasta contar con la cantidad del líquido suficiente, acondicionar a los presos de utensilios para asear sus celdas, los baños y saciar su sed por las noches, así como acondicionar el área del rancho para que tenga un sistema de almacenamiento de agua y terminar la construcción del nuevo diseño hidráulico.
 
Igualmente evaluaran si el INPEC ha tomado las medidas pertinentes para resolver el problema de hacinamiento, la falta de atención médica, los actos de tortura que reportan los internos y la grave crisis de salubridad que afronta el penal, situaciones a la cual la propia Corte Constitucional había dado un plazo de 10 días ante el incumplimiento de la tutela el pasado mes de febrero.