Control político: corazón de la República

Por Rodolfo Arango  

En la elección de contralores y personeros, el país se enfrenta a una encrucijada: poner a andar un sistema político con controles, propio del esquema Gobierno versus partidos de oposición, o permitir el ejercicio del poder sin controles reales, más propio de dictaduras o tiranías.

El problema (o la feliz oportunidad) lo suscita la reforma constitucional de 2015: los contralores, que se ocupan del control del gasto público y fiscalizan el buen manejo del erario, no serán ya candidatos postulados por magistrados de tribunal, sino que se seleccionarán vía convocatoria pública, basada en el mérito y siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género. No obstante, asambleas y concejos cavilan sobre el camino a tomar, porque aún el Legislador no ha reglamentado la forma en que deberá realizarse la respectiva convocatoria.

Desde la Antigüedad, un tema clásico de pensadores preocupados por la salud de la República es el control efectivo del poder político. La única alternativa al gobierno de los hombres es el gobierno de las leyes. Este último se impone cuando las personas investidas de autoridad gobiernan no sólo a voluntad, sino dentro del marco establecido por las normas que regulan el ejercicio de sus competencias. ¿Qué habría sido de la República romana sin la institución de los tribunos de la plebe? Para hacer realidad el gobierno de las leyes son necesarios organismos de control. Estos, en particular las contralorías y las personerías, cumplen la tarea de ejercer un contrapeso al ejercicio del poder para precaver o limitar los posibles abusos de los mandatarios.

En el pasado ha hecho carrera en Colombia la malsana práctica de buscar contralores y personeros, estos últimos encargados de la promoción y defensa de los derechos humanos, de “bolsillo” o cercanos a los gobernadores o alcaldes de turno. De enorme gravedad sería que, ante el vacío regulatorio hoy existente debido a la reforma constitucional, asambleas y concejos optaran por escoger los vigilantes entre amigos o compadres y no entre ciudadanos meritorios y honorables, preferiblemente militantes de partidos políticos de la oposición. Se trata de una oportunidad de oro en la cual tanto ganadores como perdedores en las elecciones podrían aprender el ejercicio republicano del poder político. Sólo el respeto de la Constitución y la ley, tanto por el gobernante como por su controlador, legitima el mando que ejerce la autoridad sobre los gobernados.

Capítulo aparte es la oprobiosa situación del Concejo de Bogotá, donde las mayorías aplastantes de la coalición de gobierno se aprestan a elegir contralor y personero de la capital, sin convocatoria pública rigurosa ni concurso de méritos. So pretexto de que la ley no regula la elección de contralor y personero para el Distrito Especial de Bogotá, las fauces del poder se abren peligrosamente. Mucho convendría a los representantes de la población rechazar la tentación y recordar que la dignidad de la función pública no radica sólo en los resultados sino también en la forma. Esto porque el sistema político debe garantizar a la oposición la certeza de vivir cobijada por unas mismas reglas del juego que aseguran la búsqueda del bien común dentro de una sana y equitativa competencia. En consecuencia, asambleas y concejos, tanto en Bogotá como en el resto del país, deben proceder a realizar concursos de méritos y convocatorias públicas acordes con el espíritu de la reforma constitucional de 2015, pese a la ausencia de reglamentación legal. No otra cosa puede esperarse de un talante republicano.

El Espectador, Bogotá.