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Crónica sobre un Plan de Desarrollo que ni es plan, ni es de desarrollo

Por Alirio Uribe Muñoz / Representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo  

Desde su radicación en el Congreso de la República el Polo Democrático Alternativo manifestó su postura crítica frente al Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos para el periodo 2014-2018 titulado “Todos por un nuevo país”, por cuanto es un Plan que profundiza las desigualdades del país y más que trazar líneas generales estratégicas, resulta una colcha de retazos en las que se modifican una diversidad de normas, se introducen previsiones en diversas materias que no atienden al interés general y que nos llevan a concluir que en realidad se trata de un Plan de Desarrollo para unos cuantos y por un país que sigue sin resolver sus problemas estructurales.

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Por Alirio Uribe Muñoz / Representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo  

Desde su radicación en el Congreso de la República el Polo Democrático Alternativo manifestó su postura crítica frente al Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos para el periodo 2014-2018 titulado “Todos por un nuevo país”, por cuanto es un Plan que profundiza las desigualdades del país y más que trazar líneas generales estratégicas, resulta una colcha de retazos en las que se modifican una diversidad de normas, se introducen previsiones en diversas materias que no atienden al interés general y que nos llevan a concluir que en realidad se trata de un Plan de Desarrollo para unos cuantos y por un país que sigue sin resolver sus problemas estructurales.

Hemos asumido por ello un papel crítico desde la oposición, pero también proactivo en la actividad legislativa, por lo cual trabajamos en la elaboración de una serie de propuestas que fueron presentadas y sustentadas ante la Plenaria de la Cámara de Representantes, con el respaldo de otros congresistas de la bancada del Polo Democrático Alternativo, buscando eliminar aquellas disposiciones que claramente contravienen los intereses de los sectores populares y buscando adicionar temas que el Plan olvidó. 

Así, nuestra protesta contra el Plan estuvo acompaña de propuestas, que construimos escuchando la voz de diversos sectores sociales en una Audiencia Pública realizada el 19 de febrero de 2015 cuando apenas iniciaba la discusión de la primera versión del texto, luego en la sesión ampliada del Concejo de Bogotá realizada el 16 de marzo y revisando los análisis, documentos y aportes que hicieron diversas personas y organizaciones que reconocieron la importancia de esta ley y aportaron su mirada crítica.

En las sesiones de la Plenaria de la Cámara de Representantes durante la última semana de abril en las que se debatió el proyecto, presentamos tres grupos de propuestas. Un primer grupo que planteó la eliminación de aquellos artículos más nocivos para el país, muchos de los cuales además de inconvenientes resultan contrarios a la Constitución. Así, pedimos eliminar por ejemplo el artículo que otorga  facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para que suprima o cree entidades del sector agrario desconociendo al Congreso de la República y la importancia de que estos temas sean objeto de deliberación pública. También rechazamos tajantemente las disposiciones que amplían los términos de las concesiones mineras y todas las demás que mantienen los privilegios de la gran minería y que desconocen que  la prohibición de la minería en páramos es absoluta, en un Plan de Desarrollo que vuelve a dejar en evidencia el afán del gobierno por promover la actividad minera a cualquier costo y aun pasando por encima de la voluntad de los entes territoriales y las comunidades, imponiendo el centralismo para el licenciamiento minero.

En total solicitamos eliminar 38 artículos de los propuestos en el texto del Plan que fue aprobado por las comisiones económicas del Congreso, entre ellos aquellos que ampliaron los términos para las concesiones mineras, que flexibilizan y reducen los términos para el licenciamiento ambiental, los que constituyen medidas regresivas en materia educativa y defendimos la televisión pública nacional, rechazando el aumento en la inversión extranjera en esta y la reducción de la cuota de pantalla.
Un segundo grupo de propuestas que radicamos para la discusión ante la Cámara de Representantes plantearon modificaciones en el contenido y redacción de varios de los artículos del Plan y el contenido de las Bases. Una de estas proposiciones buscaba modificar la destinación de los 25 billones de pesos asignados al rubro de seguridad y defensa para trasladarlos a sectores entre los que sobresalen salud, educación, paz, empleo y derechos humanos, buscando así que este fuera un verdadero plan para la paz. También dimos la pelea porque el metro de Bogotá tuviera una meta concreta en el plan y no quedara diferido en el tiempo como lo planteó el Gobierno Nacional. Insistimos en que el Vaupés siguiera siendo considerado un departamento amazónico y no parte de los llanos orientales como propone la regionalización del Plan. También, trabajamos junto a la bancada de parlamentarios de Bogotá, porque la ciudad capital tuviera un apartado especial y así dimos el debate que llevó a que en la segunda versión presentada por el Gobierno Bogotá ya no estuviera incluida en la denominada Región Centro Oriente sino que apareciera como distrito capital.

SÍNTESIS DE LOS ARTÍCULOS CON PROPUESTAS

Artículos que pedimos eliminar

Artículos que pedimos modificar

El 10, 15,19, 20, 23, 27, 33, 41, 42, 43, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 78, 79, 81, 104, 105, 109,128, 139, 142, 151, 154, 159, 172,179, 180 y 183.

5, 56, 57, 58, 177, 262 y las Bases del Plan en varios apartados.

 

 

 

 

 

 

El tercer grupo de propuestas que radicamos, contenían artículos nuevos que buscaban  incorporar y visibilizar en el Plan temas y sectores que este había olvidado. Así, propusimos incluir el enfoque de género a favor de las mujeres rurales que está absolutamente ausente en el proyecto presentado por el gobierno y en consecuencia planteamos la incorporación de medidas como: que en los programas de adjudicación y titulación el 50% de las tierras de sean tituladas o adjudicadas a mujeres rurales y en los programas de formalización de la propiedad rural las mujeres fueran priorizadas; que se creara un fondo especial de financiación de los pasivos contraídos por mujeres víctimas de desplazamiento, despojo, abandono o fenómenos climáticos y que se reactivara efectivamente el FOMMUR.  Igualmente se establecía que previa consulta y concertación, el gobierno nacional adoptara una Política Pública Nacional de Protección y Garantía de los derechos de las mujeres rurales que considere a las mujeres afrocolombianas, negras, raizales, palenqueras, e indígenas de todo el territorio nacional. Finalmente se abogó por la creación de una institucionalidad propia y especializada en los asuntos de mujeres rurales, que llene el vacío que hasta el momento hay en esta materia y que permita que haya una entidad dedicada de ello a la atención de este sector de la población.

También propusimos un artículo nuevo para que en Plan quedara claro el compromiso del gobierno con la recuperación del Río Bogotá y la definición de zonas excluídas de minería en la sabana. Igualmente proyectamos la inclusión de la realización de una auditoria ciudadana de la deuda pública, varias medidas para mejorar el acceso a los servicios públicos, la defensa de los acueductos comunitarios, políticas especiales para la  población en situación de discapacidad y la población mayor (adultos mayores). Quisimos hacer realidad la constitución de 1991, buscando la gratuidad en la educación, la cobertura universal y la dignificación de los docentes, entre otros temas que fueron parte de nuestras propuestas.

En total formulamos propuestas para incorporar 34 artículos nuevos, aunque ninguno tuvo el aval del Ministerio de Hacienda. y por ello no fueron considerados en la plenaria de la Cámara. Al respecto cabe recordar que el margen de acción que tiene el Congreso de la República en relación con el Plan Nacional de Desarrollo es muy reducido, ya que por mandato de la Ley 152 de 1994, que establece el procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan, para que el Congreso pueda introducir modificaciones al Plan de Inversiones Públicas se requiere aprobación por escrito del Ministro de Hacienda. Esto limita la capacidad de incidencia de los Congresistas en los programas o proyectos de inversión, lo que es aun más grave en el caso de los legisladores que pertenecen a la oposición.

Transcurridas tres sesiones de la plenaria de la Cámara el Plan Nacional de Desarrollo fue aprobado en la Cámara de Representantes y en luego lo fue en el Senado. Así, el Plan que es para favorecer los intereses de unos cuantos y no de todos será ley de la república. Nosotros  seguiremos en la defensa de los derechos de colombianos y colombianas y adelantaremos el análisis riguroso, para presentar las demandas de inconstitucionalidad que sean necesarias para defender la constitución y los intereses del pueblo colombiano. Ya hemos visto en años anteriores que normas aprobadas en la Ley del Plan de Desarrollo han sido declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, así que seguiremos adelante, este trabajo aún no termina.

 

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