Cuando la sal se corrompe

Por José Arlex Arias Arias  

Este ensayo estaba destinado a resaltar cómo el sistema de salud cobra más víctimas; estas caen cazadas como moscas por la intricada red de las EPS –o Gestoras, como las quiere rebautizar el Gobierno de Santos–, en esas ansias de apropiarse del presupuesto de la salud, lo que es facilitado por las leyes, bien sea Estatutarias o Reglamentarias, o las diversas normas que se expiden. En últimas, quienes mueren en esta desigual batalla son las humildes personas que no tienen el poder económico para pagar los caros servicios médicos, tanto en Colombia como en el extranjero.

Eso fue lo que le sucedió a Sandy Camila Abuabara Franco, de 25 años de edad, que en la búsqueda de un trasplante de médula que aumentara sus probabilidades de vida, luchó para que se le garantizara este tratamiento en un hospital de la más alta tecnología en el exterior; sin embargo, al negársele la oportunidad, falleció en Medellín a causa de no resistir la intervención que pretendía menguar su leucemia linfoide aguda. Camila combatió al régimen de salud desde 2009, interponiendo todo tipo de acciones jurídicas contra la EPS Sánitas; así, su caso deja patente una vez más que las normas buscan favorecer a los que han armado el negocio de la salud.

Pero lo que sucede en Colombia es tan asombroso –en su mayoría por hechos de corrupción y violencia– que uno está forzado a pasar de un tema a otro sin tiempo para digerirlo. Hoy nos encontramos ante el escándalo en el más alto tribunal de justicia, que es la Corte Constitucional, guardiana de la democracia y del desarrollo de los derechos fundamentales, a la que, entre sus funciones, le corresponde sentar jurisprudencias revisando las acciones de tutela. En un hecho sin antecedentes, Mauricio González, integrante de la Corte Constitucional, denunció oficialmente a su presidente Jorge Pretelt debido a que Víctor Pacheco, abogado de Fidupetrol, le informo que supuestamente Pretelt le pidió $500 millones para influenciar a González en un fallo que favoreciera una tutela interpuesta por Fidupetrol, consistente en “revocar una tutela que obliga a Fidupetrol a reembolsarle al departamento del Casanare 25.000 millones de pesos que el exgobernador Witman Herney Porras invirtió en esa fiduciaria de manera riesgosa”. El tema ha puesto en evidencia lo que es un secreto a voces, sobre los efectos corrosivos que rondan a la justicia colombiana, comenzando con las denuncias sobre magistrados de las altas cortes.
Carruseles giratorios de nombramientos –yo te nombro, tú me nombras–, tráfico de influencias, trámites de pensiones y la no escogencia para estudio de tutelas sobre derechos fundamentales sino las de tipo económico, politiquería y clientelismo, han caído como llagas sobre estos Tribunales. La investigación le corresponde a la paquidérmica Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, o sea, quedará en nada. Sin embargo ¡la justicia seguirá siendo pa’ los de ruana!

arlexariasarias@hotmail.com

Cartagena de Indias.