De cómo las empresas mineras se llevan todo y no nos dejan nada

Por Álvaro Pardo / Razón Pública  

Demostración, con cifras a la mano, de las piruetas de las multinacionales del carbón para evadir impuestos y regalías. Que una multinacional exporte 10 millones de toneladas de carbón sin pagar impuestos, escandaliza a muchos, menos al gobierno. 

Paradojas

Los beneficios tributarios otorgados a los inversionistas extranjeros del sector carbonífero desde que comenzó la destorcida de los precios en 2012 no han sido efectivos, ni siquiera sumándolos a los ya existentes, para atraer la inversión extranjera.

En cambio las empresas han sabido aprovechar las gabelas para hacerle el quite a los impuestos en Colombia.

Las paradojas en la política del sector carbonífero son evidentes:

Los beneficios tributarios no evitan la salida de la inversión extranjera en minería

Las crecientes exportaciones de carbón poco aportan a los ingresos del gobierno,

Exportar más en un escenario de bajos precios y crecientes beneficios tributarios genera un detrimento en el patrimonio económico auspiciado por el gobierno,

El costo fiscal de los beneficios agrava el déficit en las finanzas públicas, y

Los gastos operacionales y deducciones autorizadas por el Gobierno superan lo que se recauda por impuesto de renta y regalías.

Y sin embargo el gobierno nacional insiste en su modelo “extractivista” y en que – a cambio de supuestos recursos para la inversión social y la generación de empleos – Colombia debe incentivar la inversión extranjera directa en minería con nuevos beneficios.

Pero el análisis de los balances generales y los estados de resultados de las multinacionales que explotan y exportan el 78 por ciento del carbón colombiano revela que el detrimento patrimonial de la Nación en esta fase de precios bajos es mayor que el de la fase alcista.

El cálculo del impuesto de renta a partir de los precios de transferencia, el costo fiscal de los beneficios tributarios aprobados por el Gobierno Nacional y la debilidad de la autoridad tributaria para evitar prácticas de elusión y evasión de impuestos, son hechos que sumados al acelerado gasto público de los últimos años, contribuyen al persistente déficit fiscal del país.

Los precios de transferencia

El negocio de las multinacionales del carbón no consiste en explotar y exportar el mineral, sino en comercializarlo a través de intermediarios internacionales que pueden pertenecer a su mismo grupo económico y suelen estar establecidos en paraísos fiscales.

El precio de transferencia (es decir, el precio al cual las multinacionales venden el carbón colombiano a sus comercializadores) es muy inferior al precio del mercado. Y sobre este precio menor las empresas liquidan los impuestos y las regalías; obviamente es Colombia quien pierde en este negocio.

Una forma de aproximarse a los precios de transferencia de las compañías es dividendo sus ingresos operacionales por el volumen de carbón exportado, y se encontró un caso particular.

La Drummond, operadora de la mina El Descanso, en el departamento de Cesar, vendió carbón colombiano el año pasado a 7,2 dólares, cuando el precio internacional promediaba los 64 dólares. Hasta que la empresa no demuestre lo contrario, ese precio menor fue el que utilizó para calcular sus ingresos operativos y por tanto para reducir el impuesto de renta en Colombia.

Feria de exenciones

La autoridad  tributaria sencillamente carece de los medios para corroborar las explicaciones de estos comportamientos. Las empresas pueden incluir lo que quieran en sus reportes y muy difícilmente la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) puede descifrar los verdaderos montos.

Las compañías utilizan los beneficios tributarios para reducir su base gravable y por lo tanto el impuesto sobre sus rentas. La Red de Justicia Tributaria denunció la existencia de unos 89 beneficios tributarios en Colombia, muchos de ellos sin fecha de vencimiento, que el año pasado redujeron el recaudo nacional en 9,2 billones de pesos. Mientras tanto, las empresas mineras ahorraron  476.000 millones de pesos en un año por estos beneficios.

Aunque las principales compañías del sector perdieron 12 mil millones de pesos en 2014, se puede afirmar (hasta que demuestren lo contrario) que las utilidades fueron salvadas por derecha y “exportadas” mediante los precios de transferencia.

Los impuestos efectivos

Las empresas mineras, sus gremios y uno que otro funcionario del gobierno confunden deliberadamente las tasas nominales con las tasas efectivas de tributación para enviar un mensaje equivocado a la opinión pública sobre su aporte al fisco nacional. Las tasas nominales son meramente indicativas, mientras que las tasas efectivas aluden a los impuestos que realmente se pagan.

Las deducciones, exenciones y descuentos tributarios, así como los regímenes especiales aprobados por el gobierno, afectan muy seriamente los ingresos de la Nación. Nuestro bajo   nivel de recaudo tributario no se debe a que la clase media evada, sino a las estrategias tributarias de las empresas que incluyen el uso de los precios de transferencia y la elevación de los costos y gastos operacionales de manera injustificada.

Por cada peso que el gobierno colombiano recaudó por concepto de impuestos y regalías en 2014, las grandes mineras dedujeron de sus impuestos gastos operacionales por 1,16 pesos.

Explotación y detrimento

El modelo de concesión minero que estableció la Ley 685 de 2001 entregó a particulares la totalidad de las reservas probadas de carbón. El Estado recibe regalías por su explotación, y el concesionario debe pagar impuesto sobre la renta generada por su actividad. Pero sí la autoridad tributaria es convidada de piedra en materia de fiscalización y las regalías se pueden deducir de los impuestos (como estableció un concepto de la DIAN de 2005), es increíble que todavía se escuchen voces que defiendan este modelo depredador.  

El modelo minero y su sistema tributario aplicable, especialmente en la fase depresiva del ciclo mundial de precios, conlleva un detrimento inevitable para el fisco, porque a través de las prácticas que se describen, las compañías logran reducir sus impuestos, hasta el punto de no pagar nada.

Por ejemplo, en 2014 la Drummond Coal Mining exportó 10,4 millones de toneladas de carbón, y aparece con un anticipo de impuesto de renta por apenas 34 millones de pesos en su estado de resultados y con cero impuestos en su balance general.

Es simplemente ridículo y aberrante que una compañía exporte estos volúmenes de carbón sin contraprestación económica alguna por explotar la riqueza minera del país. Y dado que se trata de una práctica aceptada y aprobada por el gobierno nacional, éste es responsable del detrimento patrimonial que perjudica a 48 millones de colombianos.

Ladrándole a la luna

También es increíble que en un contexto de precios bajos y sin la capacidad para fiscalizar los balances de estas compañías, el gobierno fije metas de exportación de carbón de cien millones de toneladas en 2015, sabiendo que ni el mercado ni las compañías aumentarán con esto su aporte al fisco nacional.

Es más: tras la caída abrupta de los precios internacionales del carbón y ante la parálisis que amenaza al sector, las multinacionales y sus gremios aprovecharon para exigir nuevos beneficios tributarios. Como respuesta, el gobierno ha otorgado más prebendas para los PINES (proyectos de interés nacional y estratégico), que elevan aún más el costo fiscal.

Pero a pesar de todo eso, los beneficios fiscales no parecen incidir sobre las decisiones de inversión de las multinacionales mineras en Colombia. Un análisis estadístico sobre la relación entre los precios internacionales del carbón y los flujos de inversión extranjera en el sector durante los últimos dieciocho años muestra que cuando los precios caen los inversionistas se van y cuando suben regresan.

El único que parece no saber esto es el gobierno nacional, que continúa entregado beneficios a las mismas multinacionales mineras que no regresarán hasta que los precios del carbón suban, pero que mientras tanto aprovecharan las gabelas tributarias para pagar menos impuestos, en tanto que el gobierno busca ciudadanos indefensos para endosarles las cargas de una nueva reforma tributaria.

Razón Pública, Bogotá.