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¡De frente… arrr!

Por Alfredo Molano Bravo  
 
El comandante del ejército dijo el viernes pasado que se proponía hacer una “revisión total de la doctrina militar”, que, digo yo, se debería entender como fin de la Doctrina de Seguridad Nacional, vigente en el país desde los años 60.
 
No podía ser de otra manera después del derrumbe de la Unión Soviética, del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana y de la cercanía del fin de la guerra civil irregular en Colombia, último capítulo de la guerra fría.

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Por Alfredo Molano Bravo  
 
El comandante del ejército dijo el viernes pasado que se proponía hacer una “revisión total de la doctrina militar”, que, digo yo, se debería entender como fin de la Doctrina de Seguridad Nacional, vigente en el país desde los años 60.
 
No podía ser de otra manera después del derrumbe de la Unión Soviética, del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana y de la cercanía del fin de la guerra civil irregular en Colombia, último capítulo de la guerra fría.

El general Mejía habla de una “reestructuración táctica en medio de la guerra… con el apoyo de EE. UU. y de la OTAN… que nos permitirá garantizar tener una doctrina propia”. La primera afirmación es enigmática y las otras, contradictorias entre sí. La guerra que está por terminar parece haber comenzado con la declaratoria de ilegalidad del Partido Comunista hecha por Rojas Pinilla en 1954, un año después de haber decretado la amnistía a los levantados en armas. Estos dos hechos sumados son el origen del paramilitarismo porque Rojas utilizó a los guerrilleros amnistiados en Tolima para armarlos contra los comunistas que no se habían acogido sino a medias a la ley. Después vendría la formulación del general Yarbourgh en 1962 —hay que sacarle el agua a la pecera, quitarle la población civil a la guerrilla— del Decreto 3398 de 1965 y de la Ley 48 de 1968, de Lleras Restrepo, que legalizaron el paramilitarismo.
 
Es oportuna la declaración del general Mejía porque después del acuerdo sobre la jurisdicción especial para la paz, firmado en La Habana, queda pendiente definir el crucial tema de la no repetición, que, blanco sobre negro, significa la dejación de las armas por parte de la insurgencia —de toda, incluidos el Eln y el Epl— y la liquidación total y absoluta del paramilitarismo. Dos puntos todavía oscuros, pero que se implican mutuamente. Los guerrilleros no han borrado el baile rojo —los tres mil o cinco mil muertos de la UP—. El gobierno de Santos no puede comerse el cuento de que el paramilitarismo fue liquidado por Uribe y que lo que existe son bandas criminales. No hay tal. El paramilitarismo no fue desmontado. Pasó —como dirían los teólogos— de acto a potencia y ahí está, reorganizándose y preparándose para no permitir la “impunidad” que tanto se agita. He oído varias veces, en diferentes partes del país, que los mandos paras están esperando a que llegue el primer amnistiado para asesinarlo. En el Atrato, las Autodefensas Gaitanistas andan río abajo y río arriba como Pedro por su casa; también en Meta, el Magdalena Medio, Sucre y Casanare. Los discursos guerreristas no caen en el vacío.
 
La declaración del general Mejía podría empujar a que las manzanas podridas dentro de las filas de la fuerza pública se acojan a la jurisdicción para la paz y hablen, cuenten, señalen. Esa sería una garantía de no repetición del paramilitarismo. Tiene, claro está, un riesgo muy alto para quienes lo protegieron, financiaron y armaron, hayan sido quienes hayan sido. Nadie tiene fuero frente al Tribunal para la Paz, ha dicho Juan Carlos Henao, uno de los miembros de la comisión de juristas que trabajó en el estatuto. Al paramilitarismo, para usar la fórmula del mismísimo expresidente Uribe, hay que darle por la cabeza, como a las culebras, para que no quede vivo. Las Fuerzas Militares, como lo dice el general, deben prepararse ahora para defender lo que se ha logrado y —debería añadir— lo que se va a lograr, es decir, para defender a sus antiguos enemigos. El proceso —declaró Aronson— no es para castigar a la guerrilla sino para terminar con una guerra. Los costos de la paz deben ser pagados por todas las fuerzas que han intervenido en la guerra.
 
El Espectador, Bogotá.

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