Derechos fundamentales y privatización

Por Eduardo Sarmiento Palacio  

La reforma social más importante de los últimos veinticinco años ha sido la inclusión de los derechos fundamentales en la salud y la educación en la Constitución. El artículo 356 establecía que los recursos destinados a la salud y la educación se incrementaran progresivamente hasta atender satisfactoriamente las necesidades. Infortunadamente, la aplicación del principio ha sido interferida por la rienda suelta otorgada a la privatización incorporada en la misma Constitución.

La reforma fue modificada por Juan Manuel Santos cuando se desempeñó como ministro de Hacienda de Andrés Pastrana y se reemplazó por otra en la cual los recursos presupuestales se incrementan por debajo del producto nacional.

Así, desde 2002 los recursos destinados a la salud y la educación por transferencias regionales disminuyeron en términos del ingreso per cápita.

En el fondo, los esfuerzos de los gobiernos se orientaron por la vía de las privatizaciones a entregar los recursos sociales al sector privado para que los administre y los movilice. El primer golpe fue la ley 100, que estableció el subsidio de demanda a la salud, la intermediación de las EPS y la privatización de las pensiones.

La universalidad de la salud se buscó con un subsidio a la demanda en el cual los usuarios les entregan la cotización a las EPS y se espera que la competencia conduzca a traducirla en servicios efectivos. Los resultados han sido muy distintos. Las EPS disponen de poderes monopólicos que les permiten entregar los servicios que maximizan la ganancia. Más aun, han obtenido cuantiosas apropiaciones del erario público para cubrir las quiebras y atender tratamientos especiales. Por su parte, la privatización de las pensiones significó el desmonte del sistema de prima media, en el cual las mesadas pensionales se cubrían con las cotizaciones de los afiliados. Los fondos privados de pensiones (AFP) obtienen ingresos superiores a los egresos y colocan la diferencia en el sector financiero. En consecuencia, las pensiones, que en el pasado representaban el 70 % del ingreso, pasaron a 20 %.

El ejemplo se siguió recientemente con el programa Ser Pilo Paga. El subsidio de oferta que se entrega a las universidades públicas tiende a sustituirse por un subsidio a la demanda a las universidades que capten a los estudiantes de estratos 1 y 2 que obtienen los mayores puntajes en los exámenes del Icfes. Así, los estudiantes que podían ingresar a las universidades públicas con costos de $2’000.000 por semestre, prefieren las universidades privadas, que en muchos casos cobran matriculas de hasta $14’000.000. El programa ha incrementado los ingresos y la presencia de las universidades privadas, a cambio de debilitar las públicas, encarecer el costo fiscal del subsidio y reducir su acceso. Sin duda, constituirá un serio obstáculo para ampliar la cobertura universitaria, que se encuentra en 40 % y viola el derecho a la educación.

Así, los subsidios a la oferta, que orientaban los recursos a las regiones y los sectores más necesitados, se sustituyeron por subsidios a la demanda, en que la administración se traslada al sector privado, que emplea los más diversos medios para apropiarse de los beneficios. Los servicios ofrecidos por las EPS son inferiores a las cotizaciones, los ingresos de las AFP son mayores que los egresos y las universidades privadas obtienen subsidios muy superiores a los costos. Gran parte del gasto social se queda en los agentes privados. Los estratos menos favorecidos reciben transferencias inferiores a su participación en la población. Esta es una de las razones por las cuales la distribución del ingreso se deterioró en los últimos 25 años y se mantiene entre las más inequitativas del globo.

El Espectador, Bogotá.