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Nacional

Desprecio a la democracia: el caso Drummond

Por Rodolfo Arango  

El incumplimiento reiterado de las normas ambientales por la carbonera Drummond, que afecta a comunidades enteras y desconoce las leyes colombianas, no es gratuito. Es expresión de la tendencia mundial del capitalismo transnacional, voraz y depredador, a pasar por encima

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Por Rodolfo Arango  

El incumplimiento reiterado de las normas ambientales por la carbonera Drummond, que afecta a comunidades enteras y desconoce las leyes colombianas, no es gratuito. Es expresión de la tendencia mundial del capitalismo transnacional, voraz y depredador, a pasar por encima

de la democracia con una aplanadora. Las empresas transnacionales saben de la necesidad que tienen los gobiernos de atraer la inversión extranjera, lo que toman a ciegas como sinónimo de progreso. Dichas empresas imponen sus condiciones a los gobiernos de turno, prevalidas de gran poder de negociación, de información privilegiada y de complicidad con élites nacionales, que usan cargos cual puerta giratoria hacia el sector privado internacional. Los contratos de estabilidad, que blindan las ganancias y socializan las pérdidas, se generalizan en la práctica por todo el mundo, desvirtuando los presupuestos del liberalismo económico, de la libre competencia y la libre empresa. A esto se suman los efectos de la doctrina neoliberal en reducción del Estado y debilitamiento de su capacidad de acción, los cuales son funcionales al propósito de acumulación de riqueza en círculos cada vez más poderosos, incluso burlando las constituciones y las leyes nacionales. El chantaje de empresas con patrimonios superiores a los de muchos Estados es tan extendido que se llega exigir a los Estados en los tratados de comercio –como es el caso de la Alianza Transpacífico que intenta hacer aprobar actualmente la administración Obama– el reconocimiento de las empresas como parte equivalente a un Estado, de forma que puedan demandar vis a vis a los Estados nacionales en caso de presunto incumplimiento de los contratos de inversión. El orden democrático y constitucional es suspendido –incluso eliminado– y reemplazado por las reglas de protección del capital, de forma que se aseguren las ganancias por encima de los derechos, principios, valores e intereses tanto de las poblaciones sujetas al quehacer de los mamuts empresariales como de los principios de responsabilidad individual y de prevención del daño estimable. Cualquier cambio en las condiciones pactadas en los contratos de inversión, así sea por decisión democrática del legislador nacional en defensa de intereses superiores que vinculan a los demás ciudadanos, puede dar lugar a la demanda ante tribunales de arbitraje internacional. Éstos, integrados por particulares, en aplicación de tratados internacionales de comercio, terminan por condenar a los países que, por ejemplo, optan por proteger el medio ambiente y meter en cintura por vía legal a las empresas depredadoras. Por ejemplo, recientemente Canadá fue demandada por una compañía petrolera por la moratoria declarada en la provincia de Quebec a la extracción de gas natural mediante el cuestionado método de fracturamiento hidráulico. Comprensible es, entonces, porqué los gerentes de las transnacionales desafíen, sin ocultar su arrogancia, a las autoridades públicas y desconocen la ley que, en su criterio, no los vincula en razón de los contratos firmados y las normas internacionales que los protegen.

En el caso colombiano, la Drummond sabe que cada día transcurrido sin cargue y exportación del carbón representa enormes pérdidas –actuales y futuras– para el país anfitrión, por lo que será cosa de poco tiempo el volver a operar, para luego, sin aspavientos, presentar demandas millonarias contra el Estado colombiano por presuntamente desconocer los contratos de estabilidad y protección de la inversión. Tan claro es el punto que, pese a las ordenes de suspender el transporte del carbón sin las debidas precauciones y el cargue vía barcazas desde 2007, el gobierno Santos terminó por dar una prórroga en el Plan Nacional de Desarrollo hasta el primero de enero de 2014 para cesar el cargue tal como se había venido realizando por Drummond, pese a la manifiesta violación de los derechos de comunidades aledañas y afectación al medio ambiente. Fue necesario esperar el derrame de carbón captado por un oportuno fotógrafo y la negación del hecho por las autoridades cómplices, para que el tema de la contaminación finalmente tuviera interés para el gobierno. La debilidad del Estado, consecuencia de su desmonte neoliberal y la campaña de desprestigio de lo público como corrupto e ineficiente, se acompaña de pésima capacidad negociadora del país o, en el peor de los casos, de actitudes y acciones cómplices a favor de los inversionistas extranjeros y en contra de los intereses nacionales. La premisa que cualquier inversión extranjera, con mayor razón entre más grande sea, constituye una buena noticia para el país, no solo es ingenua y dogmática, sino que puede resultar ruinosa para la economía nacional y, de paso, para la población en general. Por ello, es necesaria una iniciativa de la sociedad civil, suprapartidista, pluralista y académica, que encargue a un grupo de conocedores el análisis de los contratos de inversión extranjera, presentes y futuros, a la luz de los desarrollos internacionales en defensa de los derechos humanos, la Constitución nacional y las leyes de orden público, todo con el fin de establecer si algunos contratos de inversión deben revisarse o rescindirse por resultar lesivos del orden jurídico nacional e internacional.

Mientras la sociedad colombiana no se sienta que hace parte de un todo, cual grupo humano que va en un mismo bote por aguas turbulentas y corrientosas, serán muchas las posibilidades  de burlar la democracia, a veces incluso con la ayuda de ineptos, ingenuos o corruptos dirigentes, poniendo en riesgo la vigencia de los derechos individuales y colectivos de rango fundamental. De nada sirven gobiernos en trance de reelección, que posan de muy duros con sanciones y cierres por los desmanes de empresas que burlan las leyes nacionales, cuando se sabe que transcurridas las elecciones se volverá a la actitud complaciente y dogmática favorable a los intereses foráneos y al desprecio del medio ambiente por privilegiar un modelo de desarrollo extractivo, lleno de exenciones e incluso tramposo. No en vano parte de las ganancias de las transnacionales y de altos funcionarios sobornados, como muestran escándalos en Alemania, España y otros países, reposan en el black pool de los paraísos fiscales, lejos del alcance de las autoridades nacionales que dicen luchar por salir del atraso económico y brindar bienestar a sus pueblos.

Bogotá, 10 de enero de 2014.

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