El acuerdo sobre justicia: entre esperanzas y preocupaciones

Por Alberto Castilla Salazar  
 
El apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de las Farc, Timoleón Jiménez, es la imagen más esperanzadora que ha arrojado el proceso de paz en curso. Su importancia radica en la refutación de quienes representan al pasado, aquellos profetas de la guerra que aseguran que no es posible llegar a una solución política negociada al conflicto armado.

Su importancia también reside en lo que nos dice sobre el futuro, pues el porvenir colectivo podrá irse aclarando con el avance y la implementación de los acuerdos, documentos que podrán contribuir a la construcción de paz,  pero que aún tienen un déficit frente a la participación de diversos sectores sociales en su elaboración y eventual implementación.
 
Las posibilidades
 
Por la complejidad del conflicto colombiano, alcanzar un acuerdo sobre justicia era uno de los aspectos más difíciles de las negociaciones entre gobierno y FARC. Su dificultad residía en la reticencia de cada una de las partes de reconocer su responsabilidad política y jurídica en múltiples hechos victimizantes, así como en reconocer dicha responsabilidad con base en el derecho penal vigente. Con el acuerdo de crear una Jurisdicción Especial para la Paz parecen haberse zanjado esas dificultades. Gracias al acuerdo cada una de las partes se verá involucrada en el modelo de justicia transicional acordado y se generarán las consecuencias derivadas de esa responsabilidad, particularmente al concebir amnistías amplias y al considerar sanciones para graves crímenes en condiciones especiales.
Para el movimiento social y para las víctimas, la dificultad residía en encontrar una fórmula que, a la vez que facilitara los acuerdos, respetara los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación y que no se convirtiera en un acuerdo de punto final, es decir, en un instrumento de impunidad aprobado por las partes. El acuerdo contiene una fórmula que, si se diseña y aplica  adecuadamente, podría satisfacer las demandas de justicia y sentar las bases para la no repetición de los crímenes cometidos. La participación de las víctimas, de las organizaciones defensoras de derechos humanos y del movimiento en este proceso, será clave para garantizar que así sea. No debemos olvidar que las luchas por la justicia y contra la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos tienen una larga historia en Colombia, impulsadas justamente por estos sectores que no hemos cesado de exigir nuestros derechos y de lograr avances en materia de justicia.

Por otro lado, tampoco debemos olvidar que quienes desde el uribismo han evaluado el acuerdo como un proyecto hacia la impunidad, no hacen otra cosa que instrumentalizarlo para oponerse políticamente a la solución negociada al conflicto y la esperanza de paz en Colombia. No se puede olvidar que fue el hoy Senador Álvaro Uribe como Presidente, junto con sus fuerzas políticas en el Congreso –muchos de ellos investigados, e incluso juzgados y condenados por sus vínculos con paramilitares–, quienes aprobaron la mayor fórmula de impunidad que se haya diseñado en Colombia, la eufemísticamente llamada ley de “Justicia y Paz” (ley 975 de 2005).

Uno de los puntos más interesantes del acuerdo de justicia entre las FARC y el Gobierno, es el reconocimiento de la existencia de crímenes de Estado así como la participación activa de sectores políticos y económicos en la violencia que ha padecido el país. Cabe resaltar que históricamente jamás se negaron los crímenes cometidos por la guerrilla y que sus responsables han sido perseguidos y judicializados. En contraste, se ha desarrollado un estado permanente de negación respecto de la responsabilidad del Estado en graves violaciones de derechos humanos, situación que buscaba restar legitimidad a los reclamos de las víctimas. Durante los últimos meses los medios de comunicación se ocuparon de preguntarse cuál sería la fórmula de justicia para la insurgencia, mientras se guardó silencio sobre la responsabilidad de funcionarios públicos, militares, políticos y empresarios vinculados con violaciones a los derechos humanos. El acuerdo abre las puertas para romper con esa cultura de la negación, al permitir que todos los actores sean juzgados y al permitir que las organizaciones de derechos humanos que han documentado de manera arriesgada y valiente las atrocidades de la guerra, aporten evidencias. Es posible que muchos sectores que hoy critican el acuerdo por su supuesta generación de impunidad, en realidad lo critiquen por lo contrario: porque abre la puerta al juzgamiento de empresarios, políticos y militares que hasta ahora habían estado cobijados con el manto de la impunidad

No será un camino fácil. Sin duda serán muchos los obstáculos a los que se enfrentará este nuevo proceso, pero judicializar a todas las partes que tengan responsabilidad en la violencia es uno de los puntos clave si se pretenden generar cambios. Es clave que se defina qué pasará con los distintos fueros penales que hoy cobijan a militares y algunos funcionarios, los cuales han contribuido a la impunidad. También es importante que se garantice transparencia en el proceso de selección de los jueces nacionales e internacionales que harán parte de esta nueva jurisdicción, y que las amnistías sean concedidas a quienes realmente puedan acreditar que cumplan con los requisitos para acceder a ellas y no a los responsables de graves crímenes, esto es, a quienes incurrieron en delitos políticos y conexos. 

Las dudas

Un elemento que suscita dudas razonables es el enfoque de justicia restaurativa en el que se basa la jurisdicción de paz. No es sencillo para nadie, y menos para las víctimas, desmontar el imaginario de la cárcel como la única forma de castigo válida y legítima para sancionar crímenes, especialmente si estos son graves, por eso es crucial crear las condiciones que demuestren que la justicia restaurativa puede ser efectiva y que se pueda convertir en una fuente de reconciliación para la sociedad colombiana. Para ello se requiere de la voluntad de todas las partes.

También es importante tener en cuenta que no toda la violencia y las violaciones de derechos humanos están relacionadas directamente con el conflicto armado, y es importante que se establezcan las diferencias para evitar que todas las violaciones de derechos humanos cometidas vayan a parar a esta jurisdicción. La violencia política ejercida contra líderes sociales, sindicalistas, campesinos, indígenas, defensores de derechos humanos y activistas de distintas causas, no está toda ella en directa relación con el conflicto. Aunque muchas de estas personas fueron atacadas con el pretexto del combate a los grupos insurgentes, el motivo real de la mayoría de los crímenes fue la persecución de la oposición legítima al modelo económico y político vigente. Los sindicalistas asesinados por orden de grandes empresarios, o los indígenas, afros y campesinos desplazados para facilitar grandes proyectos de inversión en agroindustria, minería o represas, no fueron victimizados en el marco del conflicto y los responsables de tales hechos deben ser juzgados por la justicia ordinaria. 

Las preocupaciones

Por lo anterior, y como ya lo he afirmado en numerosas ocasiones, la paz solo podrá alcanzarse si hay garantías plenas para el ejercicio de la oposición de los movimientos sociales y los partidos de izquierda. La historia de Colombia  está marcada por la persecución a la izquierda y a los movimientos sociales de oposición, quienes hemos sido objeto de asesinatos, desapariciones,  amenazas, desplazamiento forzado y judicializaciones. En los últimos tiempos hemos visto un preocupante aumento de la persecución a integrantes de movimientos sociales y populares a través de la judicialización de su protesta. Esta tendencia se profundiza con la aprobación de la ley de seguridad ciudadana y el nuevo código de policía, cuyo principal objetivo es evitar la protesta legítima.

En ese orden, ya son varios los movimientos sociales y lideres populares que han planteado un reclamo que comparto: No tiene sentido que mientras se logran acuerdos que benefician con reducción de penas o con penas alternativas a responsables de violaciones a los derechos humanos, al mismo tiempo se encarcele a integrantes del Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, la Unión Patriótica o el movimiento indígena. El caso de Feliciano Valencia es aleccionador al respecto, pues fue condenado a 18 años de cárcel por protestar, mientras la pena más alta en el acuerdo de justicia transicional será de 8 años. Sería absurdo tener una jurisdicción que busque sentar las bases para la paz, mientras la jurisdicción ordinaria sirve para reprimir la protesta legítima de sectores sociales.

La firma de la paz, cuando ella se produzca, no significará el fin de la movilización social que persigue las transformaciones profundas que Colombia necesita, máxime cuando se profundiza el modelo neoliberal y extractivista que destruye los territorios y desmejora la calidad de vida de las mayorías. El movimiento social seguirá exigiendo transformaciones profundas y seguirá expresándose para construir una paz con genuina justicia social. Sin duda, un sistema de justicia que permita develar las responsabilidades en la guerra aportará en ese camino, siempre y cuando cese la persecución al movimiento social y se den plenas garantías para el ejercicio de la oposición.