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Nacional

El agua tibia

Por Alfredo Molano Bravo  

¡Cáspita! ¡Recórcholis! fue la reacción del Gobierno al conocer por las primeras cifras del Censo Agropecuario que en el país predomina el latifundio, que gran parte de la tierra está en manos de grandes ganaderos y que la gran mayoría, agrego yo, son ganaderos ociosos, rentistas.

No aparece, pero la opinión pública lo sabe: algunos colaboraron o colaboran con los paramilitares. Sin decirlo, fue lo que dio a entender Santos cuando señaló: “El conflicto armado es producto del campo, ahí nació y por eso, si queremos tener paz en el largo plazo, tenemos que prestarle mucha más atención al campo”.

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Por Alfredo Molano Bravo  

¡Cáspita! ¡Recórcholis! fue la reacción del Gobierno al conocer por las primeras cifras del Censo Agropecuario que en el país predomina el latifundio, que gran parte de la tierra está en manos de grandes ganaderos y que la gran mayoría, agrego yo, son ganaderos ociosos, rentistas.

No aparece, pero la opinión pública lo sabe: algunos colaboraron o colaboran con los paramilitares. Sin decirlo, fue lo que dio a entender Santos cuando señaló: “El conflicto armado es producto del campo, ahí nació y por eso, si queremos tener paz en el largo plazo, tenemos que prestarle mucha más atención al campo”.

Aunque desde hace 14 años no se tenía información sólida sobre el uso y la tenencia de la tierra, la tendencia era clara. Basta viajar por tierra de Cali a Buga, o de Ibagué a Girardot para saberlo. Pero bueno, ahora, por lo menos, se puede alegar con números. No obstante, de ahí a cambiar el cuadro hay mucho trecho. El 41 % de los 113 millones de hectáreas de uso agrícola está en manos del 0,4 % de propietarios; y a su vez, el 70 % de las fincas tienen menos de cinco hectáreas: son los campesinos los que producen el 70 % de la comida, pese a que estamos importando 10 millones de toneladas en alimentos gracias a los TLC. ¿Cómo ha acumulado semejante cantidad de territorio ese diminuto 0,4 % de los propietarios —verdadera república independiente—? Porque hay que decir de una vez que estos sí tienen papeles en regla, sellados y contrasellados. Dejando atrás los regalos del rey de España, las tierras adquiridas por bonos territoriales, hazañas militares, o graciosas concesiones de los gobernantes a sus amigos y parientes, esa concentración se explica porque a los campesinos y colonos los quiebran las deudas contraídas con los comerciantes o con los bancos, porque los fumigan con glifosato o con plomo, porque los educan para ser consumidores urbanos o porque los reclutan. Es una máquina —un sistema— que no se ha podido atenuar ni con la Ley 200 del 36 ni con la 136 del 61 ni controlar con la 160 del 94.

El ministro Iragorri habló a raíz de los datos publicados por el DANE de la que llamó Reforma Agraria Integral y puso un ejemplo que encuentro muy afortunado para entender qué se propone el Gobierno para desarmar la cuna del conflicto. Dijo así: en los Llanos orientales hay un ejemplo de eficiencia y equidad llamado Fazenda, una empresa del grupo Aliar dedicada a producir cerdos en cadena y a comercializar su carne.

Son cerca de 30.000 hectáreas adquiridas en una zona donde por ley no se pueden tener propiedades mayores a 920 hectáreas. Fazenda adquirió algunas tierras adjudicadas por el Estado a don Víctor Carranza y otras negociándoselas a indígenas, colonos, conuqueros. Construyó marraneras y silos para acumular concentrados que producen en la misma empresa con granos cultivados en el mismo latifundio. Uribe Vélez fue a inaugurar la macrofactoría y la carretera pavimentada de Puerto López a Puerto Gaitán en un Maseratti amarillo. Hoy Fazenda les arrienda tierras de resguardo a los indígenas sikuani. La reforma que Iragorri propone consiste en quitarles las mejoras que los ocupantes tienen en la región que circunda a Fazenda porque no tienen títulos registrados; repartir esas tierras, legalmente baldías, a campesinos y, bajo la figura de alianza productiva, una nueva fórmula de aparcería, ponerlos a cultivar los granos que Fazenda necesita. El proyecto que cursa en el Congreso, al que le falta un hervor legislativo, consiste en liquidar la figura de Unidad Agrícola Familiar y transformarla en Unidad Productiva Agropecuaria, para así desaparecer las Zonas de Reserva Campesina de la ley. Una verdadera artimaña grancaucana. No me explico cómo el Gobierno firma con una mano en La Habana la existencia de las Reservas Campesinas y luego con la otra mano su liquidación en el Congreso. En el fondo, para el Gobierno, el esquema para resolver el problema agrario consiste en aliar a los campesinos con los empresarios bajo el modelito Fazenda que, según la publicidad que pagan en los medios, fabrica jamones, costillas, salchichas y lomos de cerdo que producen amiguismo. Por lo menos es una empresa sincera.

El Espectador, Bogotá.

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