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El ahorro en Panamá

Por Eduardo Sarmiento Palacio  

Las listas de los personajes poderosos que acuden a las sociedades de papel para evadir impuestos han generado sorpresa y rechazo. Se observa cómo en las sociedades capitalistas los agentes económicos se inclinan en favor de las alternativas que les rinden el máximo lucro.

or eso, desde tiempos remotos, los individuos han buscado evadir la tributación para obtener el máximo beneficio individual. También es cierto que las elevadas tributaciones inducen estados generalizados de incumplimiento que obligan a cambiarlas.

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Por Eduardo Sarmiento Palacio  

Las listas de los personajes poderosos que acuden a las sociedades de papel para evadir impuestos han generado sorpresa y rechazo. Se observa cómo en las sociedades capitalistas los agentes económicos se inclinan en favor de las alternativas que les rinden el máximo lucro.

or eso, desde tiempos remotos, los individuos han buscado evadir la tributación para obtener el máximo beneficio individual. También es cierto que las elevadas tributaciones inducen estados generalizados de incumplimiento que obligan a cambiarlas.

Las reformas financieras, cambiarias y sectoriales se adoptaron dentro de la convicción de que los individuos pudieran colocar los recursos donde obtuvieran el máximo rendimiento. Ante la salida masiva de los recursos al exterior y sus efectos demoledores sobre el ahorro y la balanza de pagos, los autores del experimento entendieron que la economía estaba entrando en un estado de inviabilidad y que había que hacer algo para evitarlo. En consecuencia, en la última reforma tributaria introdujeron una extraña normatividad para atraer recaudos fiscales. De un lado, se establece un gravamen del 200 % para los individuos que tienen activos no declarados en el exterior, y a renglón seguido, se ofrece una amnistía tributaria a aquellos que entreguen a la DIAN el 11 % del valor de los activos. Como reacción apareció un tercer grupo que se desplazó masivamente a esconder los fondos en las sociedades de papel.
 
Las autoridades claman que las horas de este grupo están contadas y advierten que los intercambios de información los dejarán al descubierto. Sin embargo, el propósito se ve dificultado por los conflictos de intereses que inducen a los países y las instituciones financieras a establecer procedimientos laxos para captar clientes y obtener ganancias. La tendencia generalizada es reducir los impuestos a la renta y al patrimonio para abaratar los movimientos de los bienes y capitales, y en este contexto no será fácil alcanzar un acuerdo que unifique las condiciones disímiles de los países.
 
En las circunstancias actuales se advierten dos opciones. La primera es mantener el sistema creado en la última reforma tributaria. Tal como se ha visto, el expediente genera algunos ingresos tributarios e induce las sociedades de papel. La segunda consistiría en sustituir la sanción confiscatoria del 200 % por otra más suave que atraiga a los inversionistas que están dispuestos a cubrir los impuestos omitidos en el pasado con las correspondientes multas. Esta fórmula generaría mayores ingresos tributarios y detendría el estímulo a esconder el capital.
 
El país enfrenta un serio dilema. Las salidas de capitales tienen un claro reflejo en el bajo ahorro y el desequilibrio de la balanza de pagos. La falencia se buscó subsanar en el pasado con inversión extranjera y crédito externo que, lejos de corregirla, la acentuaron. El gran desafío del futuro es recuperar el ahorro fugado, o por lo menos, evitar que la tendencia continúe. Lo cierto es que mientras persista el desangre de ahorro, no será posible alcanzar elevadas tasas de crecimiento y mejorar la distribución del ingreso. Mal podría esperarse que el resultado pudiera lograrse con simples medidas tributarias, que si bien contribuyen a ampliar los recaudos, no atraen el ahorro. Es necesario ir mucho más lejos con un nuevo marco institucional que actúe en múltiples frentes, como el sector financiero, el régimen comercial y cambiario, y el perfil sectorial. La tarea se hizo en el pasado con el Decreto 444 expedido en la administración de Carlos Lleras Restrepo en 1963 y suspendido en 1991.

El Espectador, Bogotá.

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