El caso Yarima

Por Alfredo Molano Bravo  

En el año 1960 hice un viaje en el entonces recién inaugurado Expreso del Sol, que al día siguiente en la tardecita “se mete a Santa Marta”. Después lo hice varias veces, pero siempre, invariablemente, se detenía horas —muchas horas— entre los ríos Carare y Opón. Nunca se supo la razón. A los lados de la carrilera había sólo selva. Selva tupida, entera, húmeda. Las grandes compañías madereras la abatieron; cientos de familias campesinas colonizaron la región y desde mediados de los 70 comenzaron a ser expulsadas por ganaderos.

En medio del conflicto se afianzaron el Eln y las Farc. En 1986 fue asesinada Silvia Duzán y desde entonces reinó el paramilitarismo. Ese año hubo 20 masacres con 78 víctimas; en 1987, 18 masacres con 93 víctimas, y en 1988, 62 masacres con 323 asesinados. Entre el 91 y el 93 hubo más de 4.000 campesinos desplazados del Magdalena Medio. Tierra arrasada de campesinos e invadida por ganaderos. Ahora entre Puerto Boyacá y Yarima hay pastizales infinitos, pocas vacas y 37 casas de pobladores.

El 15 de febrero pasado se cumplieron 50 años de la muerte de Camilo Torres en Patio Cemento. La USO, las comunidades eclesiásticas de base y el colectivo Alvear Restrepo organizaron una peregrinación al lugar, donde se celebraría una misa conmemorativa. En el Club Las Infantas, cerca de Barranca, el padre Javier Giraldo y un antiguo compañero de Camilo, el padre Gustavo Pérez, saludaron a las 800 personas que en 25 buses salían para Patio Cemento. Le pidieron al Eln que se sumara a los acuerdos de paz y a pleno sol partió la caravana. Se sabía que en Carmen de Chucurí unos días antes se habían reunido —con la presencia del batallón Luciano D’elhuyar, el mismo que en enero del año 1989 bombardeó veredas de Simacota y San Vicente— ganaderos, comerciantes y políticos, con el objetivo de impedir el homenaje a Camilo. Desde entonces se vieron gentes armadas patrullando en motos, según contaron campesinos en Yarima. La caravana tuvo que levantar siete corpulentos árboles recién cortados para poder continuar: “Era como un aviso de lo que nos podía pasar”, confesó uno de los miembros de la marcha.

Por la carretera había tropas del Ejército con caras pintadas y full fierros, haciendo con su mano el publicitario OK. Había también policías de tránsito, policías de verde biche, que saludaban en silencio acezando como iguanas por el calor del medio día. Unos kilómetros adelante, la primera pancarta: “Yarima rechaza homenajes a victimarios”. A mitad del trayecto, al lado de una pista de aterrizaje, estaba atravesado un grupo del Esmad sudando sus pesados equipos antidisturbios. A su lado, miembros del CTI estaban listos para hacer actas de levantamiento, por si acaso. No había ni una ambulancia. Los dirigentes se bajaron a pedir explicaciones puesto que la marcha había sido autorizada por el ministro del Interior. La cosa era simple: a cinco kilómetros se habían concentrado los manifestantes organizados días antes con la consigna de trancar a toda costa a los terroristas que querían romper “la paz lograda 16 años atrás”, como se leía en otra pancarta. Es decir, “lograda” en el año 2000, tiempo en que Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón, lugarteniente de Ramón Isaza, tomaba el mando de la zona. Caracol informó que el sitio donde se iba a colocar una placa conmemorativa en el lugar donde cayó Camilo había sido volado. Pese a las amenazas, la gran mayoría de la marcha de peregrinos continuó a pie unos kilómetros y, donde el encuentro con la contramarcha era inminente, se celebró una misa.

El episodio pasó más o menos inadvertido entre el ruido que hicieron los ladrillazos contra el Transmilenio en la estación del Tintal y los escándalos en la Policía Nacional, pero es un hecho muy grave. Se trata de uno de los indicios de reorganización de las Auc, no sólo en el Magdalena Medio, sino en Ataco, Tolima; Teteyé, Putumayo; Balboa, Cauca, y Aguazul, Casanare, con la consigna de impedir cualquier arreglo territorial entre las Farc y el Estado colombiano. Lo grave, lo más grave, es que el Gobierno parece ser indiferente ante esa peligrosísima reorganización, por ahora civil, del paramilitarismo.

El Espectador, Bogotá.