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El Club de Madrid, disfraz del totalitarismo de ultraderecha que reúne a exmandatarios con prontuario criminal para conspirar contra gobiernos progresistas de Latinoamérica

El expediente de los expresidentes que se creen la conciencia moral del continente. A continuación la composición de renombrado Club de Madrid.

1) Lo primero a señalar es que en la web existe poca información crítica sobre esta institución.

2) Denominación oficial: Club de Madrid para la Transición y Consolidación Democráticas.

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El expediente de los expresidentes que se creen la conciencia moral del continente. A continuación la composición de renombrado Club de Madrid.

1) Lo primero a señalar es que en la web existe poca información crítica sobre esta institución.

2) Denominación oficial: Club de Madrid para la Transición y Consolidación Democráticas.

3) Fines: El objetivo de la Asociación es la cooperación y fomento de todo tipo de iniciativas destinadas al refuerzo y consolidación de la democracia en el mundo y, de modo especial, a hacer posible la transición de los países no democráticos a la democracia.

4) En el apartado ANTECEDENTES de la web de la institución se señala:

a. Formalmente constituido el 13 de mayo de 2002, el Club de Madrid surge de la Conferencia sobre Transición y Consolidación Democráticas (CTCD), celebrada en Madrid en octubre de 2001, en la que 35 Jefes y ex Jefes de Estado y de Gobierno de Europa, América, Asia y África tuvieron la ocasión de discutir las conclusiones y recomendaciones prácticas para fortalecer la democracia formuladas por más de 100  expertos mundiales en temas de democratización.

5) Podría destacarse como un hecho de cinismo que esta ONG nació apenas un mes después del golpe de Estado en Venezuela, que recibió el respaldo de 3 gobiernos, el chileno, el colombiano y el español, presididos entonces por Lagos, Pastrana y Aznar, quienes son 3 de los expresidentes que están apoyando acciones de terror generadas por sectores de la oposición venezolana.

6) Como se lee tanto en la Denominación, en los Fines como en los Antecedentes, el Club de Madrid nace para “cooperar” y “hacer posible” la transición a la democracia.

7) Con ese sustento y la supuesta legitimidad que les da la membresía de más de 100 expresidentes provenientes de más de 70 países, el día 29 de abril publicaron una Carta abierta: del Club de Madrid a la República Bolivariana de Venezuela, en la que expresan:

a. “profunda preocupación por la difícil situación social, económica y política por la que atraviesa Venezuela”

b. Y aunque dicen que “se ofrecen a ayudar a la creación de espacios de diálogo entre el Gobierno, las distintas fuerzas políticas y las organizaciones de la sociedad civil, dentro del más escrupuloso respeto a la legislación del país”, luego son capaces de “reclamar la puesta en libertad de todas las personas encarceladas por (IMPORTANTE LA CALIFICACIÓN) supuestos delitos de opinión y de aquellos líderes políticos de la oposición que, por el hecho de serlo, siguen viéndose privados de dicha libertad”.

c. No todos los expresidentes y miembros del Club de Madrid firmaron esta carta. En cuanto a los latinoamericanos y españoles los firmantes fueron 14: Oscar Arias (1986-1990; 2006-2010), Eduardo Frei (1994-2000), Osvaldo Hurtado (1981-1984), Luis Alberto Lacalle (1990-1995), Sebastián Piñera (2010-2014), Julio María Sanguinetti (1985-1990; 1995-2000), Felipe Calderón (2006-2012), Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), Vicente Fox (2000-2006), Felipe González (1982-1996), Ricardo Lagos (2000-2006), Andrés Pastrana (1998-2002), Alejandro Toledo (2001-2006), Jorge Quiroga (2001-2002)

8) Por otro lado, debe destacarse que el origen del Club de Madrid fue la “Conferencia sobre Transición y Consolidación Democrática”, realizada en Madrid en octubre de 2001, que establecía como criterio de invitación a los países, entre otros: “Haber puesto en marcha un proceso de transición a la democracia en los últimos 30 años”.

Miembros de América Latina:

  • Arias, Óscar – Presidente de Costa Rica (1986-1990; 2006-2010)
  • Arzú, Alvaro (dejando la membresía) – Presidente de Guatemala (1996-2000)
  • Aylwin, Patricio – Presidente de Chile (1990-1994)
  • Bachelet, Michelle (dejando la membresía) –  Presidenta de Chile (2006-2010)
  • Betancur, Belisario – Presidente de Colombia (1982-1986)
  • Calderón, Felipe – Presidente de México (2006-2012)
  • Cardoso, Fernando Henrique – Presidente de Brasil (1995-2003)
  • Fernández, Leonel – Presidente de la República Dominicana (1996-2000; 2004-2012)
  • Figueres, José María – Presidente de Costa Rica (1994-1998)
  • Fox, Vicente – Presidente de México (2000-2006)
  • Frei Ruiz-Tagle, Eduardo – Presidente de Chile (1994-2000)
  • Gaviria, César – Presidente de Colombia (1990-1994)
  • Hurtado, Osvaldo – Presidente de Ecuador (1981-1984)
  • Lacalle Herrera, Luis Alberto – Presidente de Uruguay (1990-1995)
  • Lagos, Ricardo – Presidente de Chile (2000-2006)
  • Pastrana, Andrés – Presidente de Colombia (1998-2002)
  • Patterson, Percival Noel James – Primer Ministro de Jamaica (1992-2006)
  • Pérez de Cuéllar, Javier – Presidente del Consejo de Ministros de Perú (2000-2001)
  • Quiroga, Jorge – Presidente de Bolivia (2001-2002) Vice-Presidente del Club de Madrid
  • Sánchez de Lozada, Gonzalo – Presidente de Bolivia (1993-1997; 2002-2003)
  • Sanguinetti, Julio María – Presidente de Uruguay (1985-1990; 1995-2000)
  • Toledo, Alejandro – Presidente de Perú (2001-2006)
  • Torrijos, Martín – Presidente de Panamá (2004-2009)
  • Zedillo, Ernesto – Presidente de México (1994-2000)

SOSPECHOSOS HABITUALES

Un total de 31 expresidentes iberoamericanos firmaron en abril pasado la llamada “Declaración de Panamá”, una pieza de propaganda en contra del gobierno de Venezuela. La Declaración es además un manifiesto neoliberal que recomienda a Venezuela “un amplio y complejo plan de ajuste” que “puede generar efectos inmediatos que golpearían a toda la población, pero en especial al segmento de más bajos ingresos”. Es curioso que los expresidentes propongan a estas alturas de la historia, paquetes de ajustes que causaron estragos en sus respectivos países y desestabilizaron en más de una ocasión a sus propios gobiernos.

Aparte de su historial de fracasos neoliberales, estos expresidentes acumulan también señalamientos que hacen aparecer a los “abajo firmantes” de la Declaración de Panamá como los sospechosos habituales de un listado policial.

La gran mayoría se agrupa en el Club de Madrid para la Transición y Consolidación Democráticas, una asociación de expresidentes regida por la legislación española, que les permite presentarse ante el mundo como estadistas. Sin embargo, vinculaciones con el narcotráfico y con oprobiosas dictaduras, sonados casos de corrupción, condenas políticas y judiciales, prácticas cuestionables para asegurar su reelección, parapolítica, terrorismo de Estado y masacres, son algunas de las cosas que pueden encontrarse en la hoja de vida de estos expresidentes, haciendo una rápida búsqueda en Internet. Hay quienes ni siquiera pudieron terminar sus mandatos y quienes ocuparon la Presidencia por razones fortuitas. En el caso de algunos, los escándalos siguen reventando días tras día y enfrentan aún hoy procesos judiciales. Veamos.

1. Fernando de la Rúa (Argentina, 1999-2001). Aunque debía gobernar hasta el año 2003, el 20 de diciembre de 2001 salió huyendo del palacio de gobierno argentino en un helicóptero, luego de que la gigantesca protesta social generada por los destrozos del neoliberalismo lo obligara a renunciar. La represión policial desatada durante el estallido social dejó decenas de muertos, incluidos nueve menores de edad.

A De La Rúa se le acusa generalmente de haber tenido un “liderazgo débil”. De su gobierno, que hizo muy pronto aguas en medio de la terrible debacle financiera, una de las medidas más recordadas es la implementación del “corralito”, que consistía en la restricción para sacar dinero de los bancos. Felipe González,

En 2003, se reveló una trama de corrupción en la cual estaría implicado, cuando el secretario del Senado en el año 2000,  Mario Pontaquarto, declaró que cinco millones de dólares procedentes de los servicios de inteligencia argentinos sirvieron para sobornar a senadores peronistas y radicales para que votaran a favor de la reforma laboral del ex presidente de la Rúa en abril de 2000. El caso había sido archivado entonces por falta de pruebas, pero revivió cuando Pontaquarto aseguró que él mismo había hecho los pagos. De La Rúa fue absuelto por estos cargos de soborno, pero se convirtió en el segundo presidente argentino en ser enjuiciado.

El día de su renuncia, se había reunido con Felipe González, expresidente español, quien viajó para intentar ayudarlo. Una década más tarde, en 2011, De La Rúa recriminó a su aliado haber escrito un artículo “irónico” sobre su caída. “No mostró comprensión, pero los hechos de hoy (en España) seguramente lo harán entender más qué pasó entonces con mi gobierno y con la Argentina”, insistió el expresidente argentino. “Lo he buscado después a Felipe para preguntarle qué le pasó al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ahora, y no lo he encontrado”, dijo haciendo referencia a la crisis económica en España y a la derrota del PSOE en las elecciones de ese año.

2. Eduardo Duhalde (Argentina, 2002-2003). Acusado por De La Rúa de haber organizado un complot en su contra para hacerse de la Presidencia, Duhalde se convirtió en Presidente interino de Argentina en enero del año 2002, para completar el mandato de De la Rúa hasta 2003. De hecho, según cuenta este último, meses antes de la renuncia de De La Rúa, Duhalde fue a pedirle ayuda al español José María Aznar anunciándole que él se iba a hacer cargo del gobierno, a lo que Aznar habría preguntado: “Pero ¿cómo? Si el Presidente es amigo mío y está en funciones todavía”. Duhalde respondió: “Sí, bueno, pero yo me voy hacer cargo”.

En junio de 2002, un organismo dependiente de la Presidencia (el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales), admitía que en Argentina había 18.219.000 pobres, un poco más de la mitad —el 51,4%— de la población. De ese total, 7.777.000 eran indigentes. En las calles, continuaba una intensa conflictividad social. El 26 de junio de 2002, la tensión en las calles llegó a un punto trágico con la Masacre de Avellaneda, cuando durante la represión de una manifestación de desocupados fueron asesinados por fuerzas policiales los jóvenes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en una jornada que dejó también 33 heridos con balas de plomo y más de 160 detenidos. Los movimientos sociales han exigido que sean juzgados los responsables políticos de los asesinatos, entre quienes señalan a Duhalde. El expresidente se ha desligado de la masacre y ha señalado que fue “una locura del personal policial”. “Los mataron, señor, delante de todos, de sus colegas, de la televisión y de la radio. Fue así. No una cosa que se hizo de noche“, agrega.

Con los reclamos permanentes por la mejora de las condiciones de vida y unas difíciles negociaciones con el FMI, no es de extrañar que en julio de ese año Duhalde decidiera adelantar las elecciones para marzo de 2003, lo cual fue interpretado como una muestra de que Duhalde era un presidente debilitado, cuyo único objetivo era firmar el anhelado acuerdo con el FMI. La reseña del diario El País indicaba que “sin crédito ni credibilidad internacional y con escasa legitimidad al no haber sido elegido, el apoyo político se fue esfumando con lo que las posibilidades de terminar el mandato de De la Rúa, hasta diciembre de 2003, eran prácticamente nulas”.

Otra lectura del adelanto de las elecciones, era que Duhalde pretendía cerrarle el paso a las pretensiones electorales de su antiguo jefe, Carlos Menem. Duhalde había sido vicepresidente del desastroso gobierno de Menem, quien terminó siendo condenado a prisión por tráfico de armas.

De su vinculación con Menem se han escrito muchas cosas. En el artículo Un peronista a la antigua, publicado por El Mundo de España, se lee que durante sus años como el “poderoso” gobernador de Buenos Aires, Duhalde “se hizo sospechoso de conducir negocios turbios e incluso de estar vinculado al narcotráfico”. En la época del escándalo del Narcogate, “Zulema Yoma, la ex esposa de Carlos Menen dijo a la prensa ‘si quieren saber del narcotráfico en Argentina, pregunten a Duhalde y a Menem”.

En las elecciones de 2011, Duhalde se presentó como candidato presidencial y obtuvo solo el 5,86% de los votos.

3. Jorge Quiroga (Bolivia, 2001-2002). En 1997, se convirtió en el vicepresidente de Hugo Banzer, quien llegaba a la presidencia tras haber controlado el poder como dictador en los años 70. Pero Banzer, su mentor político, fue diagnosticado con cáncer y a Quiroga le tocó asumir la Presidencia en agosto de 2001 hasta agosto de 2002.

Cuando se le pregunta sobre la dictadura de Banzer y su vinculación con el funesto Plan Cóndor, responde simplemente: “eso pasó, déjalo en la historia” (Jorge “Tuto” Quiroga, el candidato que no quiere hablar de Hugo Banzer).

Tras ese breve paso por la Presidencia de Bolivia, el “Tuto” fue cuestionado por el manejo de los “gastos reservados”, recursos públicos usados con total discrecionalidad. Fue acusado también de firmar contratos con trasnacionales petroleras sin autorización del Parlamento y en detrimento de la economía boliviana.

En 2005, se presentó como candidato a las elecciones presidenciales y acumuló el 28% de la votación. En 2014 hizo un nuevo intento, pero obtuvo solo 9% de los votos. Sin embargo, su paso accidental por la Presidencia de su país, le ha valido para formar parte de clubes de expresidentes como el Club de Madrid.

4. Fernando Henrique Cardoso (Brasil, 1995-2002). Ganó las elecciones del 98 para su segundo mandato, luego de una enmienda constitucional que permitió la reelección. El “oficialismo” fue acusado entonces de haber comprado votos en el Congreso para asegurar la enmienda y permitirle a Cardoso continuar en la Presidencia.

Su gestión también se vio salpicada por señalamientos de chanchullos en la privatización de empresas estatales y estuvo signada por los altos niveles de desempleo.

Considerado fiel militante del Consenso de Washington, en su segundo mandato lanzó un dramático programa de ajuste fiscal neoliberal, caracterizado por reducción del gasto público, despidos de decenas de miles de funcionarios públicos, altas tasas de desempleo y el incremento de las cotizaciones de la seguridad social, para satisfacer las condiciones del FMI, además de escándalos de corrupción y crisis energética (conocida como “la crisis del apagón”), como consecuencia de la falta de inversiones en las infraestructuras de generación y distribución, que llevó a una ola de apagones y un severo racionamiento eléctrico. Bajo su mandato, Brasil vivió la crisis financiera de 1999, llamada el “efecto samba”, con escenarios de fuga de capitales, devaluación y quema de las reservas.

Recientemente, la presidenta Dilma Rousseff, refiriéndose al caso Petrobras, recordó que no fue en su gobierno, ni en el de Lula, donde comenzó la corrupción, sino que hay ahora un proceso de investigación que nunca hubo antes: “

5. Ricardo Lagos (Chile, 2000-2006). El gobierno de Lagos se vio empañado por sonados casos de corrupción y las constantes denuncias de violaciones de los derechos humanos del pueblo mapuche.

En los años 90, siendo Lagos ministro de Educación, se vio involucrado en un caso de irregularidades en la compra de aulas tecnológicas. Una comisión ad hoc llegó a la conclusión de que en este caso se habría cometido fraude al Fisco, ya que el Ministerio habría pagado un monto superior a los 4 millones de dólares de sobreprecio para adquirir dichas aulas en un convenio con España, sin un proceso transparente de licitación.

El caso de corrupción más escandaloso durante su gobierno fue el MOP-Gate, que implicaba defraudación en el Ministerio de Obras Públicas y el pago de “sobresueldos” a ministros, subsecretarios y otros representantes de confianza del presidente, por trabajos que no habían realizado. A pocos meses del MOP-Gate, en marzo de 2003, estalló el escándalo CORFO-Inverlink. El vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) y yerno de Lagos, Gonzalo Rivas Gómez, reconoció que el organismo estatal había sido objeto de una estafa de 79.000 millones de pesos, a través de la sustracción de papeles de depósito a plazo fijo y entregado para su comercialización al holding bursátil Inverlink, a su vez involucrado en el robo de información confidencial al Banco Central. Los señalamientos de corrupción hicieron temer incluso que Lagos no concluyera su periodo presidencial, pero hasta hoy se asume que un conjunto de acuerdos conseguidos con el presidente del principal partido de oposición (el derechista Unión Demócrata Independiente, UDI) hicieron que bajaran las denuncias y salvaron al mandatario, en lo que hoy sigue siendo cuestionada como una polémica “operación de salvataje”.
Una investigación publicada el año 2007 por CLACSO, determinó que  la aplicación de la Ley Antiterrorista en el gobierno de Lagos implicó el inicio de una verdadera “guerra sucia” contra los mapuche. El Relator Especial para los pueblos Indígenas de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, en carta abierta a Lagos, expresó su profunda preocupación por la cuestionable legalidad de los procesos contra los mapuches y la aplicación de la Ley Antiterrorista contra los defensores del pueblo mapuche. En el llamado “Caso Lonkos”, donde fueron condenados los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norín, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Chile por el fenómeno de criminalización de la protesta social y del pueblo mapuche. En noviembre 2002, en medio de un acto de recuperación de tierras, el joven comunero mapuche Alex Lemún (17 años) fue asesinado por un carabinero, que siguió activo y absuelto por tribunales militares.

Durante el golpe de Estado de 2002 en Venezuela, Lagos se “alineó” con Estados Unidos y España. “El gobierno de Chile lamenta que la conducción del gobierno venezolano haya llevado a la alteración de la institucionalidad democrática, con un alto costo de vidas humanas y heridos, violentando la Carta Democrática Interamericana a través de esta crisis de gobernabilidad”, señaló un comunicado del gobierno chileno, leído por el entonces embajador en Caracas, Marcos Álvarez. Testigos han asegurado que luego de hacerse público el comunicado, se le comentó al Presidente chileno que esa misma declaración podría haber validado el golpe a Salvador Allende. Cuando Chávez fue rescatado por el pueblo, Lagos se apresuró a culpar a su embajador, quien aseguró siempre que recibió órdenes directas de Lagos y su canciller.

6. Sebastián Piñera (Chile, 2010-2014).  Quizás lo más recordado de su gobierno sea la represión contra los estudiantes, que incluyó el asesinato del joven de 14 años, Manuel Gutiérrez, por parte de Carabineros. Incluso, durante las guarimbas de 2014 en Venezuela, se transmitieron por las redes sociales fotos de la brutal represión en Chile, como si esos sucesos estuvieran ocurriendo en suelo venezolano. Esta represión se dio en el marco de la lucha estudiantil por reivindicar una educación pública, gratuita y de calidad, y la negativa de Piñera a atender el reclamo, ya que considera la educación un “bien de consumo” en lugar de un derecho social.

En 2011, el presidente de Amnistía Internacional Chile, Hernán Vergara, aseguró que en ese país “se registra un creciente problema de criminalización y penalización de la protesta social por parte de los servicios policiales”. De hecho, el gobierno de Piñera impulsó la llamada “Ley Hinzpeter”, que permitía aplicar la misma pena de cárcel a quienes participaran en una marcha pacífica o bloquearan el tránsito con violencia. Según esa propuesta de ley, si alguien promovía, a través de las redes sociales, la participación en una marcha estaría cometiendo un delito. La ley recibió el rechazo de Amnistía Internacional y finalmente fue descartada en la Cámara de Diputados, por considerar que criminalizaba la protesta social.

En su gobierno, continuó además la represión contra el pueblo mapuche. En el año 2013, la ONU pidió a Chile poner fin a la aplicación de la ley antiterrorista en el conflicto mapuche. “La legislación ‘ha sido usada de un modo que discrimina contra los mapuche. Se ha aplicado de modo confuso, lo que ha resultado en verdadera injusticia, ha menoscabado el derecho a un juicio justo y se ha percibido como estigmatizante”, dijo en una declaración el relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo de Naciones Unidas, Ben Emmerson. Piñera hizo caso omiso.

Ha habido distintas acusaciones de corrupción contra Piñera, ante el aumento inusitado de su fortuna, una de las mayores de Chile. En la campaña del año 2009, durante un debate electoral, fue emplazado por Eduardo Frei, ya que Piñera

7. Belisario Betancur (Colombia, 1982-1986). En el “noviembre negro” de 1985, Betancur era el presidente de Colombia. En ese solo mes, pasaron dos grandes sucesos que aún hoy lo persiguen. El 6 de noviembre se produjo la toma del Palacio de Justicia de Bogotá por parte de guerrilleros del M-19. Fuerzas policiales y militares ejecutaron una retoma que terminó en masacre. Veintinueve años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en el marco de esta operación, entre ellas la del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas, quien salió vivo del edificio, pero luego fue encontrado entre los muertos. Recientemente, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá pidió a la Corte Penal Internacional que considere investigar a Betancur por los desaparecidos del Palacio de Justicia, para que “impida la consolidación de la impunidad que brinda el fuero que protege al expresidente de la República en el ámbito interno colombiano”.

Pocos días después, el 13 de noviembre, ocurría la tragedia de Armero. En septiembre de 1985, el representante a la Cámara Humberto Arango Monedero citó a cuatro ministros del gobierno de Betancur y les advirtió sobre la erupción inminente del volcán Nevado del Ruiz. Ninguno de ellos prestó atención y no se plantearon planes de evacuación desde el Gobierno central. La tragedia pudo haberse evitado. Aún hoy, hay sectores que denuncian que a pesar de las múltiples advertencias y la inacción del gobierno, el Estado no ha sido condenado por las 23 mil muertes de los habitantes del segundo municipio más grande del Tolima. Al recibir la primera llamada avisando de la tragedia, Belisario solo dijo: “Estás exagerando” y colgó.
En la actualidad, Betancur es presidente para Iberoamérica de la española Fundación Santillana y se le considera uno de los expresidentes latinoamericanos más vinculados con España.

8. Andrés Pastrana (Colombia, 1998-2002). Es el padre del “Plan Colombia”, alianza militar con Estados Unidos que implicó la subordinación de la estrategia de seguridad interna a los intereses de política exterior de Washington y el cabildeo de contratistas privados de servicios de seguridad estadounidenses, como Dynamics Corporation, beneficiaria de los contratos de la polémica fumigación aérea de cultivos ilícitos.

En un artículo titulado “Pastrana deja un país sumido en la pobreza”, de la agencia IPS que hace un balance de su gestión, se subraya que la brecha entre ricos y pobres aumentó de modo drástico en Colombia durante los cuatro años de gobierno de Pastrana. Así, a su salida en 2002, por lo menos 63 por ciento de los 42 millones de colombianos vivían en la pobreza y 23 por ciento de ellos (unos seis millones) se debatían entre la extrema pobreza y la indigencia.

Durante el golpe de Estado de 2002, llamó por teléfono a Carmona y ha sido señalado por el ex canciller mexicano de ese momento de haber maniobrado internacionalmente para impedir el retorno del Presidente Chávez al Palacio de Miraflores.

Al dejar el gobierno, sus puntos estaban tan bajos, que por primera vez en la historia su partido ni siquiera tenía representante en la elección presidencial. En su despedida, se quejó de la prensa por “enfatizar lo negativo” y se marchó a vivir en España. A su sucesor, Álvaro Uribe, le criticó en la revista colombiana Semana: “la falta de transparencia y la resistencia a la consulta y al consenso en sus pactos con el paramilitarismo y el narcotráfico. Los pactos de Ralito les siguen dando una sorpresa diaria a los colombianos. Además, la mano blanda con la para-política la está comenzando a cobrar la comunidad internacional”.

9. Álvaro Uribe (Colombia, 2002-2010). Uribe ha vivido y gobernado envuelto en escándalos. Es muy difícil resumir. Antes de cumplir los 30 años, fue nombrado Director de la Aeronáutica Civil y se ha denunciado que en esa época otorgó a narcotraficantes licencias para aterrizar en el aeropuerto de Medellín. Virginia Vallejo, autora del libro “Amando a Pablo, odiando a Escobar”,  dice que el jefe del Cartel de Medellín idolatraba a Uribe. Asegura que “Pablo solía decir: ‘si no fuera por este muchacho bendito tendríamos que estar nadando hasta Miami para llevar la droga a los gringos”. Un informe de 1991 del Departamento estadounidense de Defensa, desclasificado en 2004, vincula a Uribe con el cartel del narcotráfico de Medellín. El documento describía a Uribe como “político colombiano y senador dedicado a colaborar con el cartel de Medellín a los más altos niveles gubernamentales”.

Como gobernador de Antioquia, defendió y promovió la implantación local de las empresas de vigilancia y seguridad privada Convivir, señaladas de haber sido una fachada para promover la expansión del paramilitarismo en el departamento que gobernó entre 1995 y 1997.

Durante 2005, se desató el escándalo de la “parapolítica” en Colombia, una serie de investigaciones que comprometían a aliados políticos y funcionarios del gobierno de Uribe con grupos paramilitares ilegales colombianos. Según las investigaciones, políticos y funcionarios desde sus cargos habrían desviado dinero para la financiación de grupos armados ilegales y habrían filtrado información para beneficiar las acciones de estos grupos dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos forzados.

En 2008, estalló el escándalo de los “falsos positivos”, cuando se descubrió que miembros del Ejército Nacional asesinaron civiles inocentes, para hacerlos pasar luego como guerrilleros dados de baja y mostrar resultados en la lucha contra los grupos insurgentes.

En julio de 2014, la Corte Suprema de Colombia declaró culpable al ex ministro Andrés Felipe Arias por irregularidades en la entrega de subsidios agrícolas cuando estuvo a cargo de la cartera de Agricultura durante el gobierno de Uribe.

Recientemente en 2015, en uno de los pronunciamientos judiciales más duros en contra de Uribe, la Corte Suprema de Justicia lo señala de haber participado directamente en el ofrecimiento de burocracia a Yidis Medina para que apoyara el proyecto de reforma constitucional que en el 2004 revivió la reelección presidencial en Colombia. La Sala Penal de la Corte condenó por ese escándalo, conocido como la “yidispolítica”, a los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, y al exsecretario de Casa de Nariño Alberto Velásquez a penas de 80 y 60 meses de prisión. La sentencia señala que esos altos funcionarios del gobierno de la época “corrompieron” a dos parlamentarios de provincia –Yidis Medina y Teodolindo Avendaño– para lograr la aprobación del proyecto que habilitó a Álvaro Uribe para aspirar en el 2006 a su segundo mandato.

Este mismo año ha habido también acciones judiciales por el escándalo de las “chuzadas”, interceptaciones ilegales realizadas durante el gobierno de Uribe a políticos de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos, que ha involucrado a altos funcionarios de la administración uribista. Y en estos días nomás (el martes 5 de mayo), Uribe compareció ante la Corte Suprema colombiana para esclarecer su presunto vínculo con el hacker Andrés Sepúlveda,

Entre una y otra cosa, Uribe dijo que durante su gobierno le faltó tiempo para atacar militarmente a Venezuela.

10. Luis Alberto Monge (Costa Rica, 1982-1986). En el libro titulado “El rey de la cocaína”, Ayda Levy, viuda del narcotraficante boliviano Roberto Suárez Gómez, afirma que el 6 de enero de 1982, Suárez y el colombiano Pablo Escobar, entregaron al candidato presidencial Monge 2 millones de dólares en efectivo para el tramo final de su campaña, tras una gestión del general panameño Manuel Antonio Noriega. “De esa manera ellos seguirían teniendo libre acceso a la provincia de Puerto Limón, desde donde recogían los cargamentos de droga boliviana que llegaban de Colombia con destino a la Florida”, se lee en el libro. Monge lo negó, pero desde esos días persiste la sospecha.

Una vez terminada su gestión presidencial, Monge fue juzgado por delito de peculado en el caso del desfalco al Fondo Nacional de Emergencias. Fue absuelto en 1990. Su asistente en la Presidencia, Geannina Tanzi, continuó en juicio hasta el año 2001, por la presunta utilización de dineros del Fondo de Emergencias para hacer adecuaciones en la residencia personal de Monge.

El 23 de abril de 1984, un artículo del New York Times titulado “Costa Rican aides said to get bribes”, revelaba que altos funcionarios del gobierno costarricense recibían sobornos de la contra nicaragüense, con dinero proveniente de la CIA, a fin de comprar protección para las fuerzas de la contra que continuaron operando desde bases en la frontera de Costa Rica.

11. Oscar Arias (Costa Rica, 1986-1990 y 2006-2010). Proveniente de una acaudalada familia cafetalera y considerado el introductor del neoliberalismo en Costa Rica, Arias es la figura principal del “arismo”, el ala derecha del Partido de Liberación Nacional (al que pertenecen también Monge y Chinchilla). Acusado de autoritarismo y criticado por su doctrina política que defiende la “dictadura en democracia”, Arias (Premio Nóbel de la Paz, igual que Barack Obama), tiene también un largo historial.

En el debate político costarricense, es común que le recuerden que para la campaña de su primer mandato presidencial recibió financiamiento de Manuel Noriega, ex mandatario de Panamá que purga condena en Estados Unidos por narcotráfico. En su libro de memorias, Noriega afirma haber financiado a Arias durante la campaña y posteriormente cuando ya era Presidente. Arias ha reconocido lo primero, pero niega lo segundo. “Arias llamaba a mi secretaria Marcela Tason cuando él necesitaba plata, e insistía en que Marcela se la llevara personalmente a su casa”, escribió Noriega. En su defensa, Arias aseguró que “el general Noriega de 1985 era el jefe militar de un Panamá democrático, amigo de Estados Unidos, aliado del presidente Reagan“.

Uno de los peores escándalos de narcopolítica en la historia costarricense es el caso de Ricardo Alem León, quien en 1997 fue condenado en Estados Unidos por tráfico internacional de drogas. Alem fue uno de los aliados de Arias en su primera campaña electoral y cuando éste llegó a la Presidencia lo nombró en 1987 delegado ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

En un artículo publicado por el diario colombiano El Tiempo, el 2 de febrero de 1992, bajo el título “Recibí dinero de narcos, admite Oscar Arias”, se reseña que ante una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa, Arias reconoció haber recibido una donación de 20.000 dólares de la empresa estadounidense Ocean Hunter Inc., acusada de tener relaciones con el narcotráfico.

A pesar de que el artículo 132 de la Constitución de Costa Rica prohíbe expresamente la reelección presidencial, Arias fue reelecto presidente para el periodo 2006-2010. Desde finales de los años 90, se registraron intentos de Arias para abrir una puerta que le permitiera volver a la Presidencia. No fue posible la reforma por la vía de la Asamblea y también se vio frustrado un primer intento en los tribunales. En abril de 2003, logró una polémica resolución de la Sala Constitucional que permitió su reelección y que, según se denunció, fue obtenido con tráfico de influencias. El expresidente Luis Alberto Monge afirmó que si Arias ganaba las elecciones sería un “presidente de facto”, pues al no haberse modificado el artículo 132 de la Constitución se estaría en presencia de un golpe de Estado. “A pesar del bombardeo propagandístico millonario, poco a poco ha crecido la toma de conciencia del pueblo sobre este sigiloso y corrupto golpe de Estado”, señaló.  Denunció además que esa “ambición desenfrenada pero no solamente personal (de Arias), responde a grandes intereses económicos en Costa Rica que están desesperados por juntar totalmente poder político y económico”. El mismo Arias, antes de llevar el tema de la reelección a la Sala Constitucional, había manifestado en una entrevista publicada por el diario La Nación, el 2 de diciembre de 1999, que sacar el tema de la reelección presidencial de la Asamblea Legislativa para llevarlo al Poder Judicial sería una burla: “La Sala Constitucional no tiene nada que ver con esto. Sería burlar a 57 diputados si uno esquiva el debate en el Parlamento. Sería una actitud antidemocrática tocar las puertas del Poder Judicial“.

La aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos fue otro punto de polémica durante su segunda administración. En 2007, se develó un documento llamado el “memorándum del miedo”, redactado por el ex vicepresidente Kevin Casas Zamora y por el primo hermano de Oscar Arias, Fernando Sánchez. En este memorándum, dirigido a Oscar Arias, se detallaban acciones específicas para amenazar y amedrentar a los costarricenses para que votaran por el Sí al TLC en el referendo. Se trataba de acciones ilegales y antiéticas, como por ejemplo presionar a los alcaldes para que influyeran en sus municipios, bajo amenaza de castigarlos con el presupuesto. 

En 2008, su ministro de Vivienda, Fernando Zumbado, renunció al recibir acusaciones de malversación de 1,5 millones de dólares que habían sido donados por el otrora “gran amigo de Costa Rica”, Taiwán. Este dinero, que debía utilizarse para proyectos en barrios pobres, fue gastado en “consultorías”, una de ellas contratada con el Centro Internacional para el Desarrollo Humano Sostenible (CIDH), fundado por Zumbado.

En 2014, Arias estuvo siendo investigado por una supuesta donación de Industrias Infinito a la Fundación Arias para la Paz, por el caso de un fallido proyecto minero. Recientemente, en marzo de 2015, el actual presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, conversaba con ambientalistas sobre un proyecto de un terminal de contenedores que intenta avanzar una empresa holandesa. Los ambientalistas se quejaban de que se sentían como en la época de Arias. El presidente respondió: “¿Usted cree que si Óscar Arias estuviera en el poder, ustedes estarían aquí hoy conversando?”, “yo no estoy en los negocios, él sí estaba en los negocios”. Ante el revuelo, el Presidente ofreció disculpas públicas.

Sobre su gestión, un artículo surgido del derechista Cato Institute, titulado “Cómo Óscar Arias casi quiebra a Costa Rica”, se quejaba de que Costa Rica cerró el 2010 con el déficit fiscal más alto de América Latina, mientras había aumentado la pobreza.

Visto este resumen, es fácil recordar lo que le decía el ex presidente Monge en un artículo en el cual lo acusa de autoritarismo y ambición de poder, “no se puede tirar piedras si se tiene el techo de vidrio”.

12. Rafael Ángel Calderón (Costa Rica, 1990-1994). Calderón intentó ser nuevamente candidato presidencial para las elecciones del año 2010, pero tuvo que renunciar al ser condenado a cinco años de prisión por el delito de peculado de uso en octubre de 2009. Admitió no tener “autoridad moral”. Se convirtió así en el primer ex presidente costarricense en ser condenado a prisión. La sentencia fue por dos delitos de peculado (desvío de fondos públicos), relacionados con un reparto de 8 millones de dólares en comisiones de un préstamo estatal. Los magistrados afirmaron que Calderón y otros imputados conocían que las comisiones eran fondos públicos, por lo que incurrieron en peculado en perjuicio del Estado y de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Calderón también tuvo que reconocer que su partido aceptó una contribución de 100.000 dólares del estadounidense Lloyd S. Rubin, quien habría estado involucrado en negocios fraudulentos en Estados Unidos y Panamá.

En mayo de 1997, Calderón, junto a otros tres correligionarios del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), entre ellos el entonces candidato presidencial Miguel Ángel Rodríguez, viajaron a México para reunirse con el empresario mexicano Hank González en su hacienda de Toluca, donde se hospedaron durante dos días. El asunto terminó en escándalo, dado que un informe de Estados Unidos involucró a Hank con tráfico de drogas y lavado de dinero, al punto que se señaló que “representa una significativa amenaza criminal para Estados Unidos“. El Partido Liberación Nacional (PLN) denunció que Hank habría financiado con un millón de dólares la campaña política del presidente Miguel Ángel Rodríguez.

13. Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica, 1998-2002). En el año 2004, Rodríguez fue brevemente secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero tuvo que renunciar al cargo para enfrentar acusaciones de corrupción en su país. De regreso en San José, fue arrestado y esposado apenas su avión tocó tierra. En 2011, fue condenado a cinco años de prisión (en 2012 fue absuelto en el Tribunal de Apelaciones, pero en 2014 la Corte Suprema anuló la absolución). Se dictaminó que durante su mandato, Rodríguez cobró comisiones de la firma francesa de telecomunicaciones Alcatel, que recurrió al soborno para obtener una licitación de telefonía celular en 2001.

Luego, la Fiscalía de Costa Rica presentó una nueva acusación contra Rodríguez y contra otros dos funcionarios por el delito de peculado, ya que durante su Presidencia habría cobrado comisiones como parte de un negocio con compañías reaseguradoras transnacionales. Mientras tanto, en una Corte de Londres, el británico Julian Messent, exejecutivo de la reaseguradora inglesa PWS Holding, se declaró culpable de repartir $2 millones en sobornos a tres funcionarios públicos de Costa Rica para mantener un contrato de póliza con el Instituto Nacional de Seguros (INS).

Otro escándalo: admitió haber recibido durante su mandato 400 mil dólares del gobierno de Taiwán, pero desmintió que se tratara de sobornos; según su abogado, recibió el dinero en calidad de “préstamos personales” para sus empresas. Además hubo dos depósitos de 500.000 dólares en 1999, enviados por la empresa Friendship Company, que se sospecha podría estar vinculado con el gobierno taiwanés.

En marzo de 2000, el país se paralizó por las protestas sociales, cuando Rodríguez intentó privatizar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en lo que fue llamado “Combo ICE”. La protesta le obligó a retroceder en sus pretensiones.

14. Laura Chinchilla (Costa Rica, 2010-2014). En los años 90, Chinchilla estuvo empeada como consultora para organizaciones como la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID). Años más tarde, se convertiría en la primera mujer en gobernar Costa Rica, con una gestión calificada de “tortuosa”, marcada por la crítica. En 2013, según los sondeos estadísticos de la consultora Mitofsky, Chinchilla fue la presidenta peor evaluada de América Latina, al obtener el menor índice de popularidad durante tres años consecutivos ante los costarricenses (12% de aprobación). También durante ese año fue cuestionada por sus viajes internacionales en un avión privado, propiedad de un empresario investigado por presuntos nexos con el narcotráfico, particularmente con el narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido como “Chupeta”.

De acuerdo con una encuesta CID/Gallup, de finales de 20013, 95% de los costarricenses consideraron que quienes formaban parte de la administración de Chinchilla eran “corruptos”.  Su antecesor en la presidencia, Oscar Arias, llegó a decir que Chinchilla condujo “el peor gobierno desde la llegada del conquistador Juan de Cavallón”. Chinchilla fue vicepresidenta de Arias, quien impulsó la candidatura de su “heredera política”. Sin embargo, de acuerdo con actores políticos costarricenses, el desencuentro entre ambos vino cuando Chinchilla no resultó ser tan manejable para su mentor.

Hacia finales de su gestión, Chinchilla demandó por el delito de difamación a un hotelero que en su Facebook escribió que la Presidenta terminaba su mandato convertida en empresaria. Decía que ella y su familia se habían enriquecido muy rápido y era “una presidente millonaria”. El querellado resultó absuelto y Chinchilla, quien defiende que las redes sociales deben tener un límite, criticó la sentencia pero afirmó que el juicio demostró que eran falsas las acusaciones en su contra.

15. Osvaldo Hurtado (Ecuador, 1981-1984). Hurtado asumió la presidencia luego de la muerte en funciones de Jaime Roldós, de quien era vicepresidente. De inmediato, introdujo en Ecuador las políticas de “ajuste” del neoliberalismo, que sumieron a Ecuador en décadas de crisis, inestabilidad y empobrecimiento.

Según el historiador ecuatoriano Juan Paz y Miño con el gobierno de Hurtado, en 1982, “comienzan nuestras desgracias… se inicia la crisis de la deuda externa en toda América Latina y también en Ecuador”. En ese año, Hurtado lanza el “paquetazo” tras la firma con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que entre otras cosas eliminó el subsidio a la gasolina y el trigo. Las medidas desataron violentos disturbios y la declaratoria de la emergencia nacional, incluido el toque de queda.
Lo más preponderante de su gestión fue el episodio conocido como la “sucretización” de la deuda privada, mediante el cual el 23 de septiembre de 1983, el Estado ecuatoriano asumió la deuda contratada por empresas privadas fuera del país, “para salvarlas de la quiebra”. La decisión, tomada en el marco de los condicionamientos del FMI, generó elevados perjuicios al Estado ecuatoriano, por un monto acumulado de 4.462 millones de dólares.

En 2002, participó en las elecciones presidenciales, obteniendo el 1% del total de los votos.

16. Sixto Durán Ballén (Ecuador, 1992-1996). Este presidente de derecha hizo todo el mandado neoliberal. Durante su mandato, promulgó la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, impulsada por el FMI, que disminuyó el control de la Superintendencia de Bancos sobre las entidades financieras. Este se considera el origen de la crisis financiera de 1999, la peor de la historia de su país.

Su programa económico supuso la devaluación de la moneda en un 30%, la congelación de los salarios de los trabajadores públicos, la subida de las tarifas de los combustibles y la electricidad y la privatización general de las empresas del Estado. En 1992, decidió la salida de Ecuador de la OPEP.

Tampoco faltaron los escándalos de corrupción. Su vicepresidente, Alberto Dahik, fue acusado de presunta corrupción en el manejo de “gastos reservados” del Estado. La Corte Suprema de Justicia inició un juicio penal contra Dahik, que renunció a la Vicepresidencia y huyó del país.

Otro escándalo involucró a su nieta, Enma Paredes Durán-Ballén. En 1994, el Congreso pidió investigar al Presidente por su presunta influencia en la entrega de un crédito en dólares de la Corporación Financiera Nacional (CFN) a la empresa chocolatera Flores y Miel (que no tenía papeles en regla) de los suegros de Enma, dueños de la financiera Irandina, que se había declarado en quiebra dejando sin sus ahorros a un buen número de clientes. Para ese entonces, ni Enma ni sus suegros estaban ya en Ecuador. Su esposo, Fabián Anda, involucrado también en esta presunta trama de enriquecimiento ilícito, fraudes y tráfico de influencia, escurrió acciones judiciales marchándose a Miami en el avión que llevaba al Presidente a la I Cumbre de Las Américas.

En 1996, la Presidencia de Ecuador invocó razones de seguridad nacional para justificar la ampliación del aeropuerto “Los Perales” de Manabí; sin embargo, según medios de comunicación, Durán Ballén se habría beneficiado con las obras del aeropuerto ya que tenía intereses en un proyecto turístico cercano a ese lugar junto con otros 14 socios, entre los que se contaba el ministro de Obras Públicas, Pedro López.

17. Lucio Gutiérrez (Ecuador, 2003-2005). El coronel Gutiérrez apareció en el año 2000 en el panorama político ecuatoriano, al participar en el derrocamiento del presidente Jamil Mahuad. Apresado y amnistiado, Gutiérrez se presentó como candidato presidencial, en medio del hartazgo con la clase política y una profunda crisis en el país. Aliado con sectores de izquierda (¡y al mismo tiempo con la derecha!) y armado con un discurso de ruptura con el modelo neoliberal, ganó la Presidencia, pero en pocos días comenzó a hacer todo lo contrario de lo que había prometido. Al perder el apoyo de la izquierda, hizo alianza con el partido del expresidente Abdalá Bucaram, quien vivía prófugo en Panamá. A cambio del apoyo parlamentario, Bucaram pedía regresar tranquilamente al país. A finales de 2004, Gutiérrez destituyó a los máximos cargos del poder judicial y los sustituyó por personas afines al Gobierno. El 31 de marzo de 2005, esta nueva Corte Suprema anuló todos los juicios contra Bucaram, quien regresó a Ecuador tres días después.

En abril de ese mismo año comenzaron las protestas masivas contra el desastroso gobierno de Gutiérrez. A quienes manifestaban contra él, el presidente les llamó forajidos y de allí surgió el nombre de la “Rebelión de los Forajidos”, que el 20 de abril le obligó a subirse al techo del Palacio de Carondelet para escapar en un helicóptero. Cuando intentó dejar Quito en un avión, los manifestantes ocuparon las pistas del aeropuerto para impedírselo. De nuevo en helicóptero, pidió asilo en la embajada de Brasil, de donde salió a los pocos días disfrazado de agente policial y con pasamontañas, para evadir la ira popular. En 2013, se presentó a las elecciones presidenciales obteniendo 6,7% de los votos.

18. Alfredo Cristiani (El Salvador, 1989-1994). Nacido en una familia terrateniente e introductor del neoliberalismo en El Salvador, Cristiani se unió a la política con el derechista Arena, siendo considerado el delfín del fundador del partido Roberto d’Aubuisson, a quien la Comisión de la Verdad para El Savador señala como autor intelectual del asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero y organizador de los escuadrones de la muerte. Fue considerado “un hombre de paja de su partido y de los elementos más reaccionarios de la élite político-empresarial que dominaba los principales resortes del país”.

Bajo su gobierno ocurrió la terrible masacre de la UCA (Universidad Centroamericana José Simón Cañas). El 16 de noviembre de 1989, soldados del ejército de El Salvador ingresaron en la UCA y asesinaron a ocho personas, entre ellas el jesuita Ignacio Ellacuría, ideólogo de la Teoría de la Liberación. Cuando en 1993, la Comisión de la Verdad, con el aval de la ONU, publicó el informe en el que incriminaba a la cúpula castrense en las principales matanzas, Cristiani rechazó las conclusiones y sancionó la Ley de Amnistía General que protege a los involucrados en delitos durante el conflicto armado del país.

En noviembre de 2008, organizaciones de derechos humanos presentaron en la Audiencia Nacional española una querella contra el entonces presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, por delitos de crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, asesinato y tortura. El 5 de julio de 2010, el diario español El Mundo publicó un artículo titulado “El ex presidente Cristiani sabía que iban a atentar contra el padre Ellacuría”, según el cual dos relevantes testigos señalan directamente a Cristiani y afirman que éste se dedicó a encubrir a los jefes y oficiales del Estado Mayor de El Salvador que dieron la orden de eliminar al padre Ellacuría y a los otros jesuitas.

19. Armando Calderón (El Salvador, 1994-1999). Secretario particular de d’Aubuisson, fue uno de los fundadores del partido Arena. En 1996, impulsó el restablecimiento de la pena de muerte en el país, para frenar la criminalidad. Durante su gobierno, desmanteló el sistema público de pensiones, a través de un proceso de privatización del cual se lee hoy día: “Dos de las promesas con que se promovió hace 16 años la privatización del sistema de pensiones en El Salvador, se han convertido en un fracaso. No hubo mejora en la cobertura ni en la calidad de sus prestaciones y ahora crece la presión por su reforma”.  Privatizó también el sistema de distribución eléctrica, los ingenios azucareros y la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), procesos que han recibido numerosos cuestionamientos sobre su transparencia y que generaron despidos masivos y aumentos de tarifas.

Su gobierno ha sido acusado de entregar a exparamilitares fondos de ayuda internacional destinados a los afectados por el huracán Mitch, para que votaran al candidato de su partido para las siguientes elecciones, Francisco Flores. Según las denuncias, Calderón Sol entregó 10 millones de colones de esos fondos (cerca de 1,1 millones de dólares) a la Asociación de Productores Agropecuarios (Aproas), que agrupa a exparamilitares, para que sus integrantes votaran a Flores. Dirigentes de APROAS sostienen que recibieron el dinero como un anticipo de una indemnización y para comprometerlos para votar por ARENA, en lo que se puede tipificar como “compra de votos”, un delito contemplado en los códigos Electoral y Penal de El Salvador.

20. Felipe González (España, 1982-1996). Conocido en Venezuela como el gran amigo de Carlos Andrés Pérez. Según el diario español ABC, “a ambos les unió como mínimo una gran amistad personal. Hay quienes aseguran que algo más”. El diario se hace eco de los rumores que corrieron en 1990, cuando Madrid concedió 3.000 millones de dólares a Caracas como “impulso al desarrollo”, pero que sería el pago por acoger a etarras en suelo venezolano, lo que califica como uno de los “grandes escándalos” del “felipismo”.

Según libros como “La CIA en España”, de Alfredo Grimaldos, González, durante los años de la dictadura de Franco, la CIA “tocó” a varios dirigentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), entre ellos Felipe González, para controlar la “transición” hacia la democracia y ahogar al Partido Comunista Español. De esa época, se dice que en círculos franquistas se le conocía como “Isidoro”.

González gobernó España durante casi 14 años y pretendía seguir haciéndolo, pero fue derrotado en 1996 por el Partido Popular (PP) de José María Aznar. Los casos de corrupción durante su gobierno constituyen una larga lista. Pero quizás el escándalo más importante en el que estuvo envuelto fue el caso GAL, que dejó al descubierto la práctica de terrorismo de Estado. Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) eran organizaciones paramilitares que ejecutaron la guerra sucia contra ETA y su entorno, siendo responsables de asesinatos, atentados y secuestros en Francia y España, que eran financiadas con fondos públicos. José Barrionuevo, primer ministro del Interior de Felipe González, y Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, fueron condenados por su vinculación con los GAL. En el último juicio sobre los GAL, celebrado en 2011, los acusados señalaron ante el tribunal que González creó los GAL. “Estaba detrás de todo” y era el famoso “señor X” que controlaba a los grupos. En 2013, el exsubcomisario José Amedo, condenado por el caso GAL, exigió a Gónzalez y a Aznar a olvidar “sus ególatras batallas” y contar a los españoles “la verdad” sobre “aquellos oscuros sucesos“.

En 1983, González condecoró al jefe de la Armada de los últimos años de la dictadura argentina, que fue condenado a 25 años de cárcel por su participación en el secuestro y apropiación de hijos de desaparecidos. Ese mismo año, el presidente español recibió también una medalla de la dictadura argentina.

Entre los casos de corrupción que según González, le causaron mucho “sufrimiento”, figura el de Luis Roldán, exdirector de la Guardia Civil cuyo enriquecimiento ilícito se descubrió justo cuando estaba a punto de ser nombrado ministro de Interior por González. En 1991, estalló el caso Filesa, en el que tres sociedades controladas por personas próximas al PSOE -los grupos empresariales Filesa, Malesa y Time Export- habían recibido importantes sumas de dinero de grandes bancos y empresas por tareas de asesoramiento que nunca se llegaron a realizar. Años más tarde, el Tribunal Supremo sentenció que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se financió irregularmente y fueron condenados ocho de los once acusados en la causa. González fue llamado a declarar y dijo no saber nada.

Ya en 1993, con las elecciones cerca, González reconoció temer el efecto de los grandes casos de corrupción y de “la sensación de crisis” que existía en España. La “sensación” respondía, según reseña el diario ABC, a la recesión económica producida sobre todo entre 1993 y 1995 que afectó considerablemente a la estabilidad del país. “Hasta un año antes de que González adelantara las elecciones, se producirá en España un hundimiento importante en las cifras del paro, en las que, en tan solo tres años, se destruyen más de un millón de puestos de trabajo, convirtiéndose en una de las peores crisis de la historia reciente”, se lee. Al final de su gobierno, 20% de la población activa estaba sin trabajo y la Seguridad Social en quiebra.

Es enemigo de Aznar, a quien acusó en 1998 de conspirar junto a un comando mediático, al que denominó “el sindicato del crimen”, para urdir un “juego sucio” en su contra cuando era presidente del gobierno y derrotarlo en las urnas. En ese momento dijo que la “filosofía” de Aznar era que el voto sólo tenía sentido “para evitar males mayores” y “cuando les beneficia a ellos”. “La conspiración quería eliminar el derecho de la gente a elegir a quien le venga en gana”, añadió González.

21. José María Aznar (España, 1996-2004). Desde muy joven, estuvo vinculado al pensamiento más reaccionario. A los 16 años, ya escribía cartas de furiosa defensa al falangismo. Ese pensamiento se sigue manifestando hoy día, cuando Aznar hace cosas como declarar “enemigos de la libertad” a quienes han manifestado su preocupación por el cambio climático.

Como presidente de gobierno, tendrá su lugar en la historia junto a George Bush y Tony Blair, que como parte del nefasto “trío de los Azores” dio el pistoletazo para la invasión de Irak, manejando la falsa premisa de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Posteriormente, Aznar tuvo que reconocer que en Irak no había tales armas: “Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva, y no había. Eso lo sabe todo el mundo, y yo también lo sé… ahora“.

Un año después, a tres días de realizarse las elecciones de 2004 en España, ocurrieron los atentados del  11 de marzo en Madrid. El gobierno de Aznar acusó a ETA, a pesar de que las pruebas terminaron desmintiéndolo. El 14 de marzo, el Partido Popular (PP) de Aznar, perdió estruendosamente las elecciones, que habrían sido influidas por la creencia en la opinión pública de que el gobierno había mentido deliberadamente.

Su gobierno ha estado rodeado de numerosos escándalos de corrupción. Hoy, once de los 14 ministros que formaron parte del antepenúltimo Gobierno de José María Aznar (julio de 2002) están implicados en temas judiciales. Todos ellos –incluyendo al presidente actual, Mariano Rajoy- pudieron haber cobrado sobresueldos procedentes de la caja B manejada por el extesorero del partido Luis Bárcenas, según la documentación de la red de corrupción que se conoce como caso Gürtel. Uno de ellos, Rodrigo Rato, quien fue su vicepresidente y también presidente del FMI, fue detenido acusado de fraude fiscal, blanqueo y alzamiento de bienes; y Jaume Matas, en prisión desde 2014, fue condenado por tráfico de influencias. En el caso Gürtel ha surgido documentación de que la red corrupta incluyó en su contabilidad el gasto de 32.425 euros por la fiesta de matrimonio de la hija de Aznar. El expresidente se ha defendido de este tema señalando que “El grupo PRISA me distingue con su odio. Ya intentó impedir que ganáramos las elecciones, luego intentó impedir que se gobernara. Publica mentiras sobre mí”.

Y en estos días han salido a la luz, papeles que lo siguen involucrando en casos de corrupción. Tras salir de la cárcel, en abril de 1990, el tesorero del PP Rosendo Naseiro entregó un sobre cerrado en una notaría de Alicante con orden a su abogado de darle publicidad si Aznar lo convertía en “chivo expiatorio”. El sobre, junto a documentos comprometedores, contenía una declaración del tesorero en la que afirmaba que siempre había actuado “bajo la supervisión, directrices y criterios de Aznar”. Ni hablar del escándalo de Caja Madrid, cuyo expresidente, Miguel Blesa, era apadrinado de Aznar,  con quien intercambió correos comprometedores. Blesa fue a prisión por la compra del City National Bank of Florida, cuya adquisición acarreó pérdidas de 500 millones de euros y se vincula con el lobby antricastrista de Miami.

Tras su salida del gobierno español, Aznar no ha parado de hacer negocios con diferentes empresas extranjeras, aprovechando su influencia como ex jefe de gobierno. En un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), llamado

Pero las críticas más fuertes han venido por su puesto como miembro del Consejo de Administración de News Corporation, el imperio del ultraconservador Rupert Murdoch (que controla medios como The Times, Wall Street Journal o Fox), salpicado por los escándalos de escuchas ilegales en Gran Bretaña. En toda Europa se criticó a Aznar por callar ante este escándalo. También ha recibido críticas por su negocio familiar, Famaztella, empresa que en el año 2010, según El País, logró “beneficios récord en el peor año de la crisis”.
En el año 2003, bloqueó la solicitud de extradición a España de 40 represores argentinos, por su vinculación con asesinatos de ciudadanos españoles durante la dictadura argentina, en lo que se consideró un intento de mantener la impunidad. En 2005, el Tribunal Supremo español revocó la decisión del gobierno de Aznar por considerar que “no fue conforme a Derecho”.

22. Vicente Fox (México, 2000-2006). Autor del ignominioso “comes y te vas”, fue llamado por Chávez “cachorro del imperio”. Llegó con el milenio a la Presidencia de México, con su aura de gerente exitoso de la Coca Cola y muy pronto se vio envuelto en un escándalo tras otro. Las cosas se pusieron turbias desde temprano, ya que una agrupación nombrada “Amigos de Fox” y liderada por Lino Korrodi inició una polémica recolección de fondos para la campaña electoral, que condujo a denuncias de fondos no reportados y enviados desde el extranjero. Años después, Korrodi declaró que deberían investigar a Fox por exhibir una riqueza “cínica” y “descarada” producto del enriquecimiento en el gobierno. Agregó que antes de ser Presidente, Fox se encontraba casi en quiebra, como pésimo empresario, y los “Amigos de Fox” tenían que pagarle hasta la “servidumbre”. Fox le respondió diciéndole que era de lo “peorcito”.

Una investigación de la Cámara de Diputados concluyó que Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, hijos de la esposa de Fox, gestionaron contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) por 5 mil 929 millones de pesos para favorecer a la empresa Oceanografía SA de CV, entre 2002 y 2006. Fox ordenó al entonces director de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos, avalar los acuerdos con la empresa Oceanografía que de estar quebrada, pasó a ser la principal proveedora de Pemex. En 2014, Oceanografía, que habría hecho donaciones a fundaciones de Fox, fue intervenida por fraude al Banco Nacional de México.

El 19 de febrero de 2006, una explosión en la mina de carbón de Pasta de Conchos mató a 65 mineros. Años después, los familiares seguían exigiendo el rescate de los cuerpos y denunciando que Fox nunca se reunió con ellos ni les envió condolencias. El gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, aseguró que Fox le pidió inculpar a un líder minero para desviar la atención.

Tras dejar la Presidencia, Fox se convirtió en un adalid por la legalización de las drogas. En 2010, abogó por legalizar la producción de todas las drogas y “pasarla  a empresas”. Durante la campaña electoral de 2012, declaró que en el gobierno de su sucesor, Felipe Calderón, hubo  “un sinnúmero de violaciones de los derechos humanos”.

23. Felipe Calderón (México, 2006-2012). En su Informe Mundial Anual 2013, Amnistía Internacional denunció que el gobierno de Calderón hizo caso omiso de los indicios de violaciones generalizadas de derechos humanos. Indicó que se ignoraron las detenciones arbitrarias, las denuncias de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales “cometidas por fuerzas policiales y de seguridad”. En general, los analistas coinciden en que la actual situación que vive México se desencadenó o se agravó profundamente a partir del inicio de la “Operación Conjunta Michoacán” o la llamada “guerra contra el narcotráfico”, anunciada en diciembre de 2006, por Calderón. Se considera responsable directo de esta grave situación a Calderón, por insistir en esta estrategia a pesar de que diversos órganos de la ONU (como el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, en marzo de 2011) le pidieron suspender la utilización de los militares en tareas policiacas.

Por los resultados de esa “guerra”, en noviembre de 2011 se introdujo una demanda contra Calderón ante la Corte Penal Internacional de La Haya por delitos de lesa humanidad. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, dijo que la característica del gobierno de Felipe Calderón fue el incremento en la violación de las garantías individuales, ya que los casos de tortura crecieron 500 por ciento.

La gestión de Calderón también resultó desastrosa en cuanto a indicadores sociales. Principalmente en lo que corresponde al aumento de la pobreza en México en proporciones verdaderamente indignantes. Se volvieron comunes titulares como: “El sexenio de Calderón sumó a 15.9 millones a la miseria”, “Deja 61 millones de pobres sexenio de Felipe Calderón”, señalando que uno de cada cuatro mexicanos engrosó la lista de la pobreza por ingresos durante la administración de Calderón. Con Calderón el desempleo juvenil se disparó 44.7%, reveló la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el sexenio del presidente Felipe Calderón, la deuda total externa del país se ha incrementado 92 por ciento al ubicarse casi en 226 mil millones de dólares.

24. Nicolás Ardito Barletta (Panamá, 1984-1985). Gobernó a Panamá por menos de un año, tras ganar unas elecciones que fueron consideradas fraudulentas.

Considerado un “tecnócrata moderado” y “un hombre de Washington”, pasó de su cargo como vicepresidente del Banco Mundial a la candidatura presidencial en Panamá. Las irregularidades en el proceso electoral llevaron a la Junta de Escrutinios a declararse impedida para continuar con el conteo de votos, pero 11 días después el Tribunal Electoral proclamó ganador a Ardito Barletta por 1.713 votos. El presidente del Tribunal Electoral, César Quintero, declaró que hubo “un pequeño fraude”. Su contendor, el octogenario Arnulfo Arias (esposo de Mireya Moscoso), ya había hecho el siguiente llamado: “si no se reconoce mi victoria, el pueblo se vaya a la calle y se desate el caos“.

Menos de un año después, Ardito dimitió a su cargo, alegando presiones de las Fuerzas de Defensa, comandadas por el general Manuel Antonio Noriega. El diario español El País, que lo define como un hombre sin carisma poco dado a escuchar consejos, reseñó la reacción de Washington: “La Administración estadounidense ha lamentado, sin duda, y así lo ha hecho saber, la pérdida de un antiguo funcionario del Banco Mundial que creía en la política del Fondo Monetario Mundial (FMI) e intentó aplicarla en Panamá de la forma más ortodoxa”.

25. Mireya Moscoso (Panamá, 1999-2004). Desde los 18 años se vinculó con el expresidente panameño de 63 años, Arnulfo Arias Madrid. Cuatro años después, su compañero ganó las elecciones, fue derrocado y se instaló junto con ella en Miami.  En 1984, ya casados y de regreso a Panamá, el “último caudillo vivo de América” perdió unas nuevas elecciones frente a Nicolás Ardito. Al morir Arias en Miami en 1988, Moscoso se hizo cargo de sus empresas agropecuarias y de su herencia política, llegando a convertirse en la presidenta del Partido Arnulfista.

Su gestión estuvo marcada por las continuas denuncias de corrupción. Al dejar la Presidencia, se le investigó por las donaciones efectuadas por las autoridades de Taiwán a su gobierno, calculadas en 45 millones de dólares. El dinero no llegó al Estado, sino a fundaciones privadas administradas por los íntimos de la presidenta. También se acusó al presidente de Taiwán, Chen Shui-bian, de haber entregado a Mocoso un millón de dólares como “regalo de cumpleaños”.

Moscoso fue investigada además por el uso de las “partidas secretas” de la Presidencia, que alcanzaban los 23 millones de dólares, y cuyas facturas no aparecieron. Moscoso justificó las lujosas compras personales hechas con la partida secreta, al señalar que las joyas eran para “regalos oficiales” y que la ropa era para no andar “andrajosa”. “Si yo hubiese andado mal vestida o andrajosa, entonces me criticarían por estar mal vestida cuando representaba a Panamá”.

En 2003, se abrió una subasta para vender la mansión presidencial de veraneo en Punta Mala, y Moscoso, como presidenta, negó que licitaría para quedarse con la casa, que finalmente fue comprada por su hermano Franklin Moscoso a “un precio muy bajo”. En 2011, la casa pasó a propiedad de una fundación presidida por Moscoso
Seis días antes de finalizar su mandato, indultó a los terroristas Luis Posada Carriles y otros tres terroristas, capturados en Panamá al intentar asesinar a Fidel Castro durante su visita a ese país para la Cumbre Iberoamericana.

26. Ricardo Martinelli (Panamá, 2009-2014). Llegó a la presidencia de Panamá como empresario exitoso, dueño de los supermercados Súper 99, principal accionista del canal NexTv y del diario Panamá América, entre otros. El 28 de enero pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá decidió abrir una investigación a Martinelli  por supuesta corrupción. Ese mismo día, el ex presidente salió del país. Hoy, vive “feliz” en Miami, según han dicho sus abogados.

Al expresidente se le señala de presunta corrupción por la compra con sobrecostos en un contrato de 45 millones de dólares para la compra de comida deshidratada para escuelas ubicadas en zonas pobres, del gubernamental Programa Nacional de Ayuda (PAN). Martinelli se defiende diciendo que es víctima de “persecución política” por parte de su sucesor en la Presidencia, Juan Carlos Varela, y amenazando con denunciar a Panamá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por “violación del debido proceso”. El ex canciller Samuel Lewis Navarro ha advertido que Martinelli podría convertirse pronto en prófugo. “Por esto los países que puedan albergar al expresidente, tienen que entender la responsabilidad que tienen con Panamá, yo estoy seguro que EE.UU. cuando sepa que Martinelli tiene una investigación, ellos mirarán con mucho cuidado la idea que él esté en el país norteamericano”. Por este caso ya han sido apresados dos ministros de Martinelli: Frank De Lima, exministro de Economía y Finanzas, y Guillermo Ferrufino, extitular de Desarrollo Social.

En 2012, se denunció su relación con el exdirector del diario Avanti, Valter Lavitola, acusado de participar en un supuesto chantaje a Silvio Berlusconi en relación con sus fiestas con jóvenes. Según declaró a la Fiscalía italiana el ex ministro de Exteriores italiano Franco Frattini, Lavitola era “gran amigo de Martinelli”. Según la prensa italiana, los documentos judiciales y los informes de los fiscales del caso apuntan a que el empresario recompensó con comisiones millonarias a Martinelli a cambio de una concesión para la construcción de un sistema de cárceles móviles. El pago se hizo mediante el envío de la maleta a su ministra de Gobierno y Justicia, Roxana Méndez.

En 2013, estuvo involucrado en el escándalo financiero del fraude de la casa de valores Financial Pacific, cuando la principal acusada en el proceso  declaró que Martinelli tenía una “cuenta secreta” en la empresa y acceso a información privilegiada para incidir en el manejo de acciones de la compañía canadiense Petaquilla Minerals.

En 2014, estalló el escándalo de espionaje a opositores, ministros y embajadas, con equipos israelíes de alta tecnología adquiridos por el gobierno. Según testimonios recientes, los “equipos pinchadores”, desaparecidos tras las últimas elecciones presidenciales, fueron a parar a uno de los supermercados 99 de Martinelli.

También en 2014, un ex ministro panameño lo acusó de darle refugio y proteger al ex presidente de El Salvador, Francisco Flores (¡qué raro que no está entre los firmantes!), prófugo de la justicia de su país por corrupción (presunta apropiación de 15 millones de dólares donados por Taiwán a su gobierno). Según las denuncias, Flores estaba “enconchado” en la casa de Mireya Moscoso en Punta Mala.

27. Juan Carlos Wasmosy (Paraguay, 1993-1998). Antes de ser presidente, Wasmosy era conocido ya como uno de los “barones de Itaipú”. En Paraguay se conoce con ese apelativo a los empresarios que fueron beneficiados con contratos millonarios para la construcción de la hidroeléctrica binacional de Itaipú y que de estar incluso en situación de quiebra pasaron a tener una situación económica más que favorable. Se le señaló siempre testaferro del dictador Alfredo Stroessner en los contratos de Itaipú y ser socio comercial de su hijo, Gustavo Stroessner.

Fue el primer presidente electo tras la brutal dictadura de Stroessner, derrocado por sus propios compañeros, pero representaba la continuidad del Partido Colorado (el mismo del dictador) y contaba con el apoyo del establishment militar y del “empresariado de Estado”.

Para la gestión económica, contrató los servicios de Hernán Büchi, exministro de Pinochet, pero cuando dejó la presidencia, entregó “una nación sumida en la recesión económica, con un alto desempleo y con su incipiente industria en crisis”.

Desde mediados de 1995, se desató en su país una crisis financiera durante la cual 39 bancos, entidades financieras, casas de cambio y compañías de ahorro cerraron por orden judicial o alegando insolvencia. Alrededor de 235.000 depositantes, ahorristas e inversionistas fueron afectados. Justo por un episodio de esta crisis fue condenado en 2002 a cuatro años de cárcel por corrupción en la transferencia de un multimillonario fondo a un banco quebrado, ya que en 1997 Wasmosy ordenó al estatal Instituto de Previsión Social (IPS), encargado del seguro social obrero, desviar 6 millones de dólares de sus reservas para capitalizar al Banco de Desarrollo, comercial y privado, al cual estuvo vinculado a través de terceros. Pese al auxilio financiero, el banco quebró dejando sin ahorros a más de tres mil personas. Fue absuelto en 2007. Un año después, una encuesta de Transparencia Internacional lo ubicó como el segundo gobierno más corrupto de las últimas décadas en Paraguay.

28. Alejandro Toledo (Perú, 2001-2006). El mandato de Toledo se desarrolló de crisis en crisis, entre protestas, huelgas y sonados casos de corrupción, que incluyeron a sus hermanos y a su esposa. Esta cadena hizo que su popularidad llegara al suelo, ubicándose en 2004 en un pico mínimo de 7% de aprobación. Y nos lo dibujan como un hombre poco dado a la temperancia.

Entre las protestas, destacan la rebelión popular de junio de 2002 en Arequipa y en todo el sur del Perú, que le obligó a echar para atrás la privatización de empresas eléctricas que había jurado no privatizar durante su campaña electoral. Dos muertos, cerca de 200 heridos y un estado de emergencia se cuentan en el saldo de aquella experiencia.

En 2004, Toledo fue tocado por el escándalo de los casos de corrupción en los que estaba involucrado César Almeyda, su abogado, amigo personal y exjefe del servicio de inteligencia. Toledo se deslindó de Almeyda y dijo que se trataba de un “caso aislado”. Sin embargo, las complicaciones llegan hasta hoy. El año pasado, una Comisión de Fiscalización del Congreso encontró al expresidente responsable de los delitos de lavado de activos y de asociación ilícita en el caso Ecoteva, una empresa creada en 2012 en Costa Rica, por su suegra Eva Fernenbug y con la cual adquirió una casa y un edificio con un costo aproximado de 5 millones de dólares y se pagaron las hipotecas de las casas de Camacho y Punta Sal del ex jefe de Estado, a un costo de medio millón de dólares. Según la defensa de Toledo, esos millones provenían de su amigo, el empresario israelí Josef Maiman. En marzo pasado, mientras se investigaban supuestas cuentas de Almeyda en Europa, donde se habrían recibido pagos de coimas, se descubrió que una de ellas, abierta en 2001 en el Citibank de Londres, estaba a nombre de Maiman, con lo cual el caso se sigue complicando para Toledo, a quien la Fiscalía le sigue una investigación. Toledo ha proclamado su inocencia, pero según un reciente sondeo de Ipsos-Perú, el 90% de encuestados que conocen el caso Ecoteva cree que el exmandatario mintió sobre el tema.

Amén de los casos de corrupción, Toledo se ha visto envuelto en todo tipo de polémicas: Durante la campaña presidencial de 2000, Lucrecia Orozco declaró que el padre de su hija Zaraí, era el entonces candidato Alejandro Toledo. Pese a que  negó la paternidad, e incluso se vio señalado por tráfico de influencias para evitar hacerse las pruebas de ADN, finalmente tuvo que reconocer que sí era su hija.

En 2005, una comisión investigadora del Congreso peruano le halló culpable de fraude electoral, señalando que Toledo fue coautor de los delitos de asociación ilícita para delinquir y contra la fe pública, al participar en la presunta falsificación de más del 80% de las 520.000 firmas utilizadas para inscribir en 1997 a su grupo político, el movimiento Perú Posible, con el que participó en los comicios de 2000.

En una nota titulada “Toledo: un gobierno de etiqueta negra”, el diario Perú21 detalla que el consumo de bebidas alchólicas durante el gobierno de Toledo siempre fue objeto de comentarios y chistes, pero que el tema podía ser examinado desde cifras concretas, de acuerdo a órdenes de compras y facturas a las que había tenido acceso: el “Palacio de Gobierno adquirió para el Despacho Presidencial 1,753 botellas de whisky Johnnie Walker etiqueta negra en los 1,826 días que duró el gobierno (…). A simple cálculo, estas compras fueron a razón de 350 por año, 29 por mes y casi una botella por día”.

Se recuerda también el caso Melody: Toledo aseguró que fue secuestrado en octubre de 1998 con la intención de tomarle fotografías en “situaciones comprometedoras”. Sin embargo, según informes periodísticos, recibos de compra y algunos testimonios, habría pasado largas jornadas de exceso en hostales llamados Melody y Queen’s.
Participó en las elecciones presidenciales de 2011, quedando en cuarto lugar, y ya ha asomado que quiere volver a medirse en 2016.

29. Hipólito Mejía (República Dominicana, 2000-2004). El día de su toma de posesión, a Hipólito Mejía se le perdió una hoja del discurso que estaba leyendo. Su imagen en busca de la hoja perdida, sería usada luego como metáfora de una presidencia que fue perdiendo el rumbo.

Su gobierno estuvo signado por la descomunal crisis financiera que vivió República Dominicana en 2003. A la mitad de su mandato y aprovechando la mayoría en el Congreso, sus seguidores promovieron reformular la Constitución para reintroducir la reelección presidencial consecutiva eliminada en 1994, y así permitir la reelección por un periodo y nunca jamás. La propuesta generó descalabros en su propio partido, aunque Mejía repitió insistentemente que él no se beneficiaría de la reforma y no se lanzaría como candidato. Sin embargo, en 2003, Mejía lanzó su candidatura en medio de una profunda crisis económica y social, fracturando a su partido y desdiciéndose a sí mismo. Perdió, por supuesto. De acuerdo con una reseña del diario español El País, “la crisis económica de República Dominicana causada por choques externos y las torpezas del Gobierno del atípico socialdemócrata Hipólito Mejía (…) disparó la pobreza entre un 16% y un 20%, según un informe preliminar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)”.

Lo peor de la crisis llegó con la escandalosa quiebra del Banco Intercontinental (Baninter), cuando la opinión pública descubrió tardíamente que el gobierno llevaba meses aportando fondos públicos al banco para impedir su colapso. El déficit del banco era descomunal, tras 14 años de operaciones fraudulentas. El director del Baninter, Ramón Báez Figueroa, considerado amigo íntimo de Mejía y padrino de una red de financiación a cambio de favores corporativos en la que estaban metidos todos los partidos (“amén de mandos militares y policiales, jerarcas de la Iglesia y figuras de la prensa, todos los cuales habrían dado alas durante años a este entramado delictivo o, como mínimo, dudosamente legal, por medio de la colaboración, la complicidad o el silencio”), fue encarcelado. A Mejía se le acusó de haber recibido dinero de este banco en 2002 para promover su reelección. Cuando su organización política, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), finalmente lo expulsa en 2012, hace un listado de sus “acciones antidemocráticas”, en el que incluye “un mal manejo de la crisis bancaria”.

Un cable de Wikileaks indica que Mejía “parece estar posicionándose para llenar la Suprema Corte con miembros del PRD”, ya que si perdía las elecciones de 2004 “los amigos y partidarios del PRD dentro de la Corte podrían evitar que se enjuicien exitosamente a los funcionarios de la administración de Mejía por abusos reales o supuestos mientras estuvieron en el Gobierno”.

Males de su gobierno fueron los altos costos de la electricidad y de los combustibles, sumados al recorte del gasto público y la eliminación de subvenciones, la inflación y la devaluación. Todo esto generó que el 11 de noviembre de 2003, el país se paralizara por una huelga general de 24 horas contra la política económica del Gobierno y contra las negociaciones con el FMI. Los violentos choques con la Policía, dejaron como saldo siete personas muertas, más de 40 resultaron heridas y medio millar fueron detenidas. Ante la “gravísima crisis económica y el desorden político”, fue convocada otra huelga de 48 horas los días 28 y 29 de enero. El Gobierno replicó que no tenía nada que negociar y en enero aumentó la cuenta de víctimas: otras ocho personas fueron muertas, hubo un centenar de heridos y más de 600 detenidos. A causa de la grave crisis, en el periodo 2003-2004 fueron detenidos 5 mil dominicanos viajando en yolas (balsas) hacia Puerto Rico.

En 2003, a petición de George W.Bush, Mejía envió tropas dominicanas a Irak, lo que provocó la renuncia de su canciller, Hugo Tolentino Dipp, quien cuestionó la decisión unilateral “totalmente contraria a los principios del derecho internacional”.

Tras perder las elecciones en 2004, ya no podía volver a presentarse como candidato, pero una nueva reforma constitucional hecha en 2009, le permitió lanzarse en las elecciones de 2010, bajo el eslogan “Llegó Papá”. Perdió nuevamente. A principios de este año, manifestó que será candidato en 2016 con el eslogan “Volvió Papá”.

30. Julio María Sanguinetti (Uruguay, 1985-1990 / 1995-2000). Fue el primer presidente electo tras la dictadura uruguaya, instaurada en 1973. A Sanguinetti se le reprochó sus compromisos con los represores y ser partidario de la impunidad de los crímenes de la dictadura, al promover durante su primera presidencia la polémica Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado o “Ley de punto final”, que dejó impunes a los individuos relacionados con las gravísimas violaciones de los derechos humanos.

A partir de 1999, comienzan a lloverle a Sanguinetti reclamos internacionales por el paradero de la nieta del poeta argentino Juan Gelman. La nieta o nieto (en ese momento se desconocía su identidad) habría nacido en Uruguay, luego que su madre fuera trasladada a ese país como parte de las operaciones del sangriento Plan Cóndor. El 10 de octubre, Gelman escribió una carta abierta a Sanguinetti en la que le pide respuesta sobre el paradero de su nuera y su nieto/a. Sanguinetti afirmó que la nuera de Gelman no fue llevada a Uruguay y se opuso a investigar. En el año 2000, Sanguinetti contestó una carta firmada por 20 mil intelectuales alemanes, entre ellos el Nobel Gunter Grass, desmintiendo que Uruguay haya sido uno de los socios del Plan Cóndor e insistió en que sería necesario un “milagro” para esclarecer el paradero del bebé apropiado. Acusó a los intelectuales de ser parte de una “campaña política y periodística de desprestigio dentro de Uruguay”. En abril de 2000, a un mes de su llegada a la Presidencia, su sucesor Jorge Batlle, confirmó que la nieta de Gelman estaba viva en Montevideo. La nieta de Gelman había sido entregada a un alto jefe policial, el comisario Angel Tauriño, quien inscribió a la niña como hija propia. Se ventiló que el comisario Tauriño era un hombre de íntima relación con Sanguinetti y con la plana mayor de su sector político dentro del Partido Colorado.

En 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Uruguay por el “caso Gelman” y ordenó dejar sin efecto la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

Continuador de las políticas neoliberales que ya habían sido introducidas en la dictadura, durante su gestión se tomaron medidas que gestaron una crisis social y productiva que desembocaría en la crisis bancaria, cambiaria y de deuda del año 2002, “una de las más profundas de la historia del Uruguay”. En el libro “Lacalle con alma y vida, de Atilio Garrido, se dice que al final de su primer gobierno, Sanguinetti dejó a su sucesor, Luis Alberto Lacalle, un país “al borde de la hiperinflación y la cesación de pagos”.

También se ha visto salpicado por las acusaciones de corrupción contra su hijo en el “caso Cangrejo Rojo”, por una grabación en la que se le escucha pedir una coima de un millón de dólares a inversionistas estadounidenses para intervenir con el Presidente de la República en la adjudicación de la terminal portuaria y otorgarles permisos de pesca.

Muy ligado a España, es promotor desde los años 90 del “Círculo de Montevideo”, una agrupación que reúne a Cardoso, Lagos, Felipe González, Betancur.

31. Luis Alberto Lacalle Herrera (Uruguay, 1990-1995). Conocido como el “Cuqui”. Al igual que su abuelo y ahora su hijo, pertenece al sector herrerista del Partido Nacional y es considerado un verdadero “caudillo”.

Apenas llegar al gobierno, lanzó una política de shock neoliberal, con ley de ajuste fiscal incluida. El desempleo, la desindustrialización, sus políticas de “flexibilización” laboral, la destrucción de 90 mil puestos de trabajo, terminaron generando una gran conflictividad social, que incluyó huelgas y protestas de numerosos sectores laborales, desde la policía (un paro de varios días que creó situaciones muy complicadas) hasta los trabajadores de la salud y la educación. En diciembre de 1992, los uruguayos anularon en referendo los artículos fundamentales de la ley de privatizaciones, en lo que se leyó como una paliza electoral a un gobierno ya francamente impopular. Y se inició la preocupación ante un gobierno solo y aislado, al cual todavía le faltaban dos años de mandato.

A su salida del gobierno, comenzó a ser asediado por las acusaciones de corrupción y las investigaciones. En 1996, se investigó la venta fraudulenta del banco estatal Pan de Azúcar, y según versiones de prensa, los compradores

En 1999, Lacalle volvió a ser candidato presidencial, pero perdió ante Jorge Batlle. En 2004, sus nuevas pretensiones fueron derrotadas esta vez en las elecciones internas de su partido. En 2009, volvió a perder los comicios presidenciales que dejaron como triunfador a José “Pepe” Mujica. En 2014, el candidato fue su hijo Luis Alberto Lacalle Pou, perdedor ante Tabaré Vásquez.
Al igual que Sanguinetti, Lacalle Herrera es miembro del Club de Madrid.

 

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