Nacional
El descuadre pensional
Por Eduardo Sarmiento Palacio
El informe de la OCDE, sobre la seguridad social en Colombia, revela la catástrofe creada por la Ley 100.
El acceso a las pensiones corresponde al 2,2% de la población, el presupuesto destina más de $30 billones para mantenerlo, la cobertura del sistema, relación cotizantes-población activa asciende a 40%, muy por debajo del promedio de América Latina, y la pensión de jubilación en los sistemas privados corresponde al 20% del salario.
Por Eduardo Sarmiento Palacio
El informe de la OCDE, sobre la seguridad social en Colombia, revela la catástrofe creada por la Ley 100.
El acceso a las pensiones corresponde al 2,2% de la población, el presupuesto destina más de $30 billones para mantenerlo, la cobertura del sistema, relación cotizantes-población activa asciende a 40%, muy por debajo del promedio de América Latina, y la pensión de jubilación en los sistemas privados corresponde al 20% del salario.
El informe de la OCDE no explica las razones del deterioro del sistema. En parte no lo entienden porque en Europa las crisis se originan en el envejecimiento de la población por aumento creciente de los viejos. En Colombia la explicación es al revés. Los afiliados al sistema crecen mucho más rápidamente que los pensionados. La verdadera razón de la debacle fue el desmonte del sistema de prima media y la sustitución por el sistema privado.
Durante muchos años el sistema pensional funcionó dentro de la modalidad de prima media. Las pensiones se cubrían con las cotizaciones de los afiliados. Lo que entraba salía de inmediato. La Ley 100 de 1993 modifico el sistema al crear los fondos privados de pensiones (AFP) y permitirles pagar mesadas iguales a la acumulación de las cotizaciones más el rendimiento financiero y movilizar los excedentes para colocarlos en el sector financiero. Adicionalmente, se dio vía libre para que los afiliados a escoger entre el viejo sistema de prima media y el privado. Por error de cálculo y por la deformación de la propaganda, el público se movilizó masivamente a los fondos privados de pensiones y luego de un tiempo encontró que las pensiones eran muy inferiores que las del sistema público.
La reforma fue totalmente asimétrica. Las AFP se cargaron con los afiliados del viejo sistema y los nuevos, y le dejaron los jubilados al Gobierno. Así, las AFP operan con grandes excedentes de recursos que se desplazan al sector financiero y el gasto presupuestal en pensiones se dispara. Por su parte, los afiliados quedaron con pensiones provenientes de las cotizaciones incrementadas por los rendimientos del portafolio de las AFP.
En todos los sistemas pensionales en un principio los afiliados crecen muy por encima de los pensionados. De hecho, las instituciones perciben ingresos superiores a los rendimientos de las cotizaciones. La diferencia corresponde al aumento de los ingresos generados por la mayor entrada de afiliados. En los sistemas de prima media el excedente se traslada a los pensionados y al Gobierno, y en el sistema privado al sector financiero.
Las recomendaciones de la OCDE son peores que la enfermedad. Proponen trasladar toda la población al sistema privado, nivelar la edad de jubilación de los hombres y mujeres, bajar el porcentaje de las pensiones con relación al salario y permitir mesadas por debajo del salario mínimo.
La reforma pensional se copió de Chile en un momento de desarrollo incipiente del sistema pensional. Sin mayor conocimiento de causa, se dejó que la mayor parte del ahorro pensional se trasladara al sector financiero. Ahora, el fracaso causado por la privatización y las elevadas pensiones de los altos funcionarios del Estado, se pretende subsanar estableciendo estándares europeos. Las soluciones se orientan a mantener la modalidad privada y reprimir las pensiones a todos los niveles para alcanzar los porcentajes de cobertura de la OCDE.
Lo que se plantea, después de 20 años de fracasos, es volver al sistema de prima media para las pensiones inferiores a 1,5 salarios mínimos y dejar las restantes en los fondos privados. La tarea se podría materializar reduciendo las trasferencias al sector financiero y estableciendo un impuesto a las altas pensiones.
El Espectador, Bogotá.