El etnocidio que se está cometiendo en Buenaventura

Por Santiago Arboleda Quiñonez / Razón Pública  

La ciudad vive la peor persecución del hemisferio contra la comunidad negra. Y sin  embargo la ciudadanía permanece indiferente y el gobierno solo piensa en sus proyectos de comercio exterior. Retrato de un drama insospechado.

En Buenaventura se define el futuro

En Latinoamérica y el Caribe, después de Brasil, Colombia ocupa el segundo lugar en volumen de población afrodescendiente, con 4.311.757, lo que representa el 10,6 por ciento del total de 40.607.408 habitantes

del territorio nacional, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

Pero al mismo tiempo que el país exhibe el más copioso y elogiado desarrollo legislativo en materia de reconocimiento de derechos colectivos étnicos en la región, despliega la mayor arremetida de exterminio contra las poblaciones y las culturas afrodescendientes, indígenas y campesinas de que se tenga noticia en estas latitudes en la actualidad.

En Buenaventura se está definiendo el presente y el futuro económico de Colombia. Esta aseveración, que hace parte de los cálculos inconfesos de las élites políticas y económicas del país, es una expresión común en el cercenado liderazgo de los consejos comunitarios en el área rural, las organizaciones étnico-territoriales urbanas y la sociedad civil en general. Y de las de las casi 500.000 personas que habitan este Distrito, el 90 por ciento son afrocolombianos,

Buenaventura es el principal puerto marítimo del país, enclavado en el Pacífico, por donde se mueve la mayoría de las exportaciones e importaciones desde los años 50 del siglo anterior. Se llega a ella a través de una anguila delineada por la autopista Simón Bolívar que viene desde Cali, cuya cabeza desemboca abruptamente en la isla de Cascajal, en un puerto que poco o nada quiere saber de su entorno.

Esta “serpiente” está engrosada a sus lados por un laberinto de miseria; ranchos, casuchas sobre pilotes de madera, entre los que sobresalen medianos edificios de concreto que revelan los aislados momentos de emergencia económica de sus pobladores, las escasas inversiones del Estado y el monopolio de empresas nacionales y extranjeras que definen el paisaje en la zona comercial.

Drama social de larga data

La población de Buenaventura, lacerada por el desprecio y la corrupción de los gobiernos locales, departamentales y nacionales de turno, en su perpetua expoliación extractivista, propia de una economía fronteriza de enclave, al igual que toda la región del Pacífico, sufre la continuidad del drama de los esclavizados de la diáspora africana, y de manera subrepticia ha ensayado estrategias para superar la exclusión, buscando dignificación allende el mar.

Primero, desde los años 70, entregó a los varones jóvenes: polizones en los barcos de carga, rumbo a los Estados Unidos. Muchos fracasaron en la travesía y nunca se supo de ellos. Lo que sí sabemos es que la orden a la tripulación era lanzarlos en alta mar; no obstante, todos soñaron vivir en el “norte”.

Enrolados en las redes de narcotráfico internacional, surgió un personaje, el “norteño”, y su proyecto, el “norteñismo” (la marginalidad produjo su propio “ismo”). Signo de éxito y emulación, pero a la postre profunda pesadilla que inundó sus calles de vendettas entre mafias, destrucción familiar y condenas en cárceles norteamericanas que para muchos aún no terminan.

Posteriormente, Buenaventura ofrendó a sus doncellas negras, inaugurando un capítulo con dos trayectorias: las “italianas” hacia Europa y las “gaviotas negras”, como se les denominó en Chile. En su mayoría, alimento del mercado de la prostitución internacional, mientras en escenas públicas camufladas, hoy niñas y adolescentes satisfacen la voracidad de los apetitos locales.

Varias generaciones nacidas a orillas de mar y ríos, crecidas de la mano de Dios, al filo de la legalidad, entre las procesiones anuales de San Buenaventura, su santo patrono, sin garantía estatal alguna, discriminadas por el racismo. Sin derecho a tener derechos.

Sin servicio de agua potable permanente, pero con cobros mensuales cada vez más altos, sin adecuadas vías de tránsito, sin alcantarillado completo, sin saneamiento básico, con el mayor saqueo económico a la educación registrado en el país, con un desempleo que evitan incluir en las estadísticas para no desbordar la media nacional, sin salud pública de nivel 2 (pues se liquidó el hospital departamental), lo público resulta un sarcasmo y el ciudadano, si existe, es un indigente.

Un verdadero etnocidio

En Buenaventura, la guerra abierta entre los Urabeños y los Rastrojos, estos últimos a través de su filial, la Empresa, por el control territorial para el tráfico de armas, estupefacientes, insumos para el procesamiento de coca y toda suerte de mercancías ilegales que entran y salen por el puerto, tiene además la finalidad de expulsar a los pobladores de las zonas urbanas y rurales, requeridas por los megaproyectos legales. Así lo afirman la Pastoral Afrocolombiana y muchos líderes de la localidad.

Los Chocoanos, la Oficina y los Gaitanistas son otros nombres que, en sus mutaciones y para confundir a la comunidad, adoptan estos grupos en los comunicados que cultivan el horror cotidiano, ante los ojos de las autoridades encargadas de la seguridad.

Imponiendo su ley en el espacio público, ahora delimitado por fronteras invisibles al interior de los barrios, que confinan a la población civil, restringiendo su libre movilidad a determinados horarios e impidiendo el ingreso a personas externas.

Todo coordinado desde las “casas de pique”, viviendas arrebatadas a sus pobladores en las orillas del mar, donde se descuartiza y se asesina a cualquier hora, previa marcha de las víctimas (si ofrecen alguna resistencia) a empellones, patadas, palazos y culatazos por las calles entre las miradas contrariadas y la indefensión de los vecinos, que posteriormente escuchan los gritos de auxilio, cortados por los sonidos de las motosierras.

Esa es la cotidianidad que hoy viven niños, niñas y que escasamente pueden expresar en sus actividades escolares, según lo han relatado varias profesoras.

De acuerdo con el informe de la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría (2012), Buenaventura es el municipio con mayor número de desplazados en el país, si se tiene en cuenta que desde 1997, cuando hicieron ingreso los paramilitares, hasta 2011, se registraron 72.797 personas. Lo que representa la mayor crisis humanitaria del país.

El Servicio Jesuita a Refugiados (Colombia), en su informe para el mismo año, señala que se produjeron 9 desplazamientos masivos, 5.242 personas despojadas de sus hogares, pero además reclutamiento de menores, abuso sexual a las mujeres y feminicidios, perpetuados por estos grupos, como parte central de su amedrentamiento.

Pero en los 17 años sin tregua que lleva este etnocidio, las consecuencias son mayores. Según la Red Nacional de Información (RNI), entre enero y el 31 de agosto de 2013, se han desplazado 4.670 personas.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en su informe, afirma que entre el 9 y el 11 de noviembre de 2013 fueron expulsadas de sus hogares 2.845 personas, 853 familias, de 8 barrios, todos pertenecientes a los territorios ganados al mar, de las comunas 3 y 4, sin atención humanitaria al momento del informe.

Mediante el Auto 005 de 2009 de la Corte constitucional, con base en información de la organización Proceso de Comunidades Negras (PCN), se registra que entre 2000 y 2006 se asesinaron 559, 534, 455, 467, 428, 443 y 592 personas respectivamente, de acuerdo con las cifras oficiales de las autoridades en Buenaventura.

En 2006 este puerto fue la ciudad más violenta del país, con una tasa de 138 homicidios por cada cien mil habitantes, a lo cual se sumaron 38 atentados terroristas con bombas, petardos y granadas. Entre 2007 y 2008 se habrían asesinado a 797 personas.

Aunque ilustrativas, las cifras no revelan la profundidad del magnicidio en desarrollo, y encubren por lo demás el número de desaparecidos, sobre los cuales no se ofrecen datos en este documento. Las cifras anteriores nos hablan del mayor etnocidio perpetuado en la actualidad contra los afrodescendientes en las Américas.

Las locomotoras del silenciamiento

Frente a las aspiraciones del proyecto solidario, de vida colectiva, en paz y fortalecimiento de la cultura afrocolombiana, expresado por la Ley 70 de 1993, los consejos comunitarios y las organizaciones étnico territoriales, se impone hoy un neoextractivismo y una recolonización que busca dar respuesta a los TLC firmados por el país y a los ambiciosos planes de la Alianza Pacífico, sobre la sangre de la gente negra.

Como han insistido diversas organizaciones de derechos humanos y lo ha reconocido el Ministerio Público ante la Corte Constitucional, no hay respuesta oportuna y adecuada del Estado. Es más, lo autos de esta misma Corte confirman el incumplimiento sucesivo y la falta de voluntad para garantizar los derechos humanos básicos a esta población.

Se trata de un Estado “etnofágico”, para el que la consulta previa y el consentimiento informado son un embeleco, que también se deben mutilar de una vez por todas; un estorbo al modelo de desarrollo con que están arrasando a estos grupos étnicos.

Así lo ha hecho saber en sus declaraciones el presidente Santos en el III Congreso anual del sector de la minería a gran escala, eufemísticamente denominado minería responsable, en Cartagena:

“Yo creo en la democracia, creo en la participación de las comunidades en las decisiones que las afectan, pero hay que reconocer también, y aquí lo digo sin tapujo, que estamos viendo muchos avivatos, muchos intereses políticos, y muchas veces la consultas previas se prestan a todo tipo de abusos que paralizan la buena inversión, la inversión responsable. (…) Y tenemos que trabajar por eso juiciosamente. También en eso podemos hacer algo en el Congreso de la República, para reglamentar mejor todos esos procedimientos, para que se fijen cada vez reglas de juego más claras para que los empresarios y las comunidades también sepan a qué atenerse”.

Consecuente, la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luz Elena Sarmiento, afirmó el 21 de febrero: “Algunas consultas previas son extorsivas”, “algo hay que hacer con los modelos de participación”. Así, las victimas resultan culpables y, en un acto de malabarismo discursivo premeditado, devienen en victimarios, señalados como delincuentes. Estas expresiones y la mentalidad que las moviliza son verdaderos baluartes de la violencia y del racismo de Estado.

Con estas actitudes se confirma a cabalidad el significado de la seguridad, la prosperidad y la democracia que para sus pobladores han brindado los ocho años del “corazón grande y la mano dura”, del expresidente Uribe, así como las infernales “locomotoras” del presidente Santos, que quieren cegar la voz, la participación y la esperanza afrocolombianas.

Razón Pública.