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El magisterio sabe quién es Santos. ¡Ni un voto para su reelección!

Por María Antonieta Cano

El 2014 empezó con la reelección andando y la mermelada jugando. Vale la pena entonces que los maestros recordemos algunos apartes de la historia reciente del modelo educativo, pues no falta el santista, solapado o manifiesto, que pretenda engatusar a la gente para hacerle

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Por María Antonieta Cano

El 2014 empezó con la reelección andando y la mermelada jugando. Vale la pena entonces que los maestros recordemos algunos apartes de la historia reciente del modelo educativo, pues no falta el santista, solapado o manifiesto, que pretenda engatusar a la gente para hacerle el juego al continuismo.

Si algún gremio de trabajadores conoce a ciencia cierta lo que representan las políticas de Juan Manuel Santos es el del magisterio. Maestros nuevos y antiguos sufrimos en carne propia las hazañas de Santos, no solo ahora como presidente sino también como ministro de todos los gobiernos neoliberales.
 

Recorte a las transferencias territoriales de 2001 y de 2007

Este es el origen del desastre actual y fue Santos, como ministro de Hacienda de Pastrana, el artífice del lesivo proyecto de Acto Legislativo 01 contra el que el magisterio salió a las calles. Todavía está en la memoria colectiva la afrenta de Santos, cuando se asomó ante la multitud agolpada en la Plaza de Bolívar y alzó la mano con la V de la victoria. El segundo recorte propinado a los entes territoriales en 2007, cuando Santos era ministro de Uribe, profundizó la ruina.
 

La Ley 715

Fue la consecuencia inmediata, ¡claro! Un recorte de 35 billones (millones de millones) de pesos en menos de diez años necesitaba una legislación que permitiera menos inversión. El propósito fue reducir el presupuesto para educación y lo lograron, con los gravísimos resultados que hoy se manifiestan en las pruebas PISA.

Esta ley, con los Decretos 1850 y 3020, aumentó la jornada laboral y la asignación académica de los profesores. Resultado, la supresión de más de 35 mil plazas en la nómina nacional por la sobrecarga laboral impuesta. El decreto 230 impuso la promoción automática, tan nociva para los estudiantes pero tan práctica para el gobierno, pues ya no tiene que invertir en repitentes. Se impuso la fusión de establecimientos educativos, el recorte de personal administrativo, la eliminación del currículo de varias áreas del aprendizaje como las artes y la educación física y se disminuyó el número de profesores por estudiantes con el subsecuente hacinamiento en las aulas.
 

Y, para rematar, a los nuevos maestros nos tenían reservado un régimen laboral distinto. Era obvio. Un recorte presupuestal, una ley neoliberal, debe tener un régimen laboral neoliberal, como lo fue el leonino Decreto 1278 de 2002. A los maestros no se nos puede olvidar que el 1278, el que nos quita la estabilidad laboral y con evaluaciones como la de competencias nos congela en la práctica el escalafón, fue producto del recorte a las transferencias engendrado por Santos.
 

Y si como ministro de Gaviria, de Pastrana y de los dos períodos de Uribe, Santos actuó en contravía de los intereses nacionales, como presidente de la República, ni se diga. Su política educativa es la fase superior de la contrarreforma. Remató el preescolar de tres grados, afianzó el currículo único que estandariza los contenidos y plantelizó los recursos de gratuidad y calidad, para privatizar todos los recursos que el gobierno central gira a las entidades territoriales a través del Sistema General de Participaciones. Aumentó en forma arbitraria la jornada laboral en los centros educativos y entregó facultades a los rectores para ejercer control policivo y asfixiante sobre las actividades del magisterio. Dio continuación al sistema de colegios por concesión, a los bancos de oferentes, a los convenios y becas estatales en colegios privados y a otras formas de privatización, es manifiesta su intención de acabar con nuestro régimen especial de salud y pensiones estrangulando financieramente el Fondo Prestacional del Magisterio. Y  su ministra de educación María Fernanda Campo no pierde oportunidad para decir que el estatuto 1278 es patrimonio jurídico de la nación. ¡Habrase visto!
 

Que ahora el presidente no salga a decir que la actual crisis no tiene nada que ver con él. Está claro que ha sido forjador, continuador y ejecutor de todas y cada una de las medidas que atentan contra la educación colombiana. Desde Tribuna Magisterial estamos convencidos de que a los maestros no nos engatusan, porque sabemos el peligro que se cierne. Lo que necesitamos es librar las batallas para que no desaparezcan la educación pública y el gremio docente.

27 de enero de 2014.

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