El mal ejemplo cunde

Por Octavio Quintero  

Ahora es el ministro de Minas, Amilkar Acosta, quien piensa sacar de la manga alguna disposición administrativa que le permita desconocer la decisión popular de prohibir la explotación petrolera cerca a los recursos hídricos en algunas veredas de Tauramena, Casanare.

Los habitantes de esta población, en consulta popular dirigida por la Registraduría Nacional el pasado 15 de diciembre, se manifestaron en desacuerdo con que se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos en las zonas acuíferas del municipio.

En el furor del escándalo por la destitución de Petro mediante un simple acto administrativo de la Procuraduría, sorprende ahora que el ministro de Minas salga a decir que “consultas populares como la de Tauramena, ponen en riesgo la inversión extranjera en el país”.

Este ministro de Minas parece que no escuchó a su colega de Justicia cuando reaccionó de inmediato frente al caso Petro diciendo que no se concebía que un cargo público pudiera ser revocado por un acto administrativo.

La declaración del ministro de Justicia queda en contradicción con la declaración del ministro de Minas cuando sale a decir que “el Gobierno se reserva el derecho de presentar los recursos legales que procedan ante los tribunales para impugnar esta consulta popular”.

Ministro, por favor, si la consulta popular fue técnica y legalmente avalada por la Registraduría Nacional, cualquier acción que se emprenda para echar atrás la decisión, también tendría que ser por la misma vía del elector primario. A no ser que también usted quiera sumarse al criterio del Savonarola colombiano y darnos a entender que la amenaza a la democracia en Colombia no proviene solo de una fuerte corriente religiosa sino que es un  propósito nacional en el que, como en la misma Unidad Nacional que nos gobierna, se suman toda clase de intereses políticos y económicos de los que se han extirpado los intereses sociales.

Fue muy tajante su declaración a los medios al decir que los municipios no tienen la competencia legal para disponer dónde se puede desarrollar la actividad minera o petrolera, ya que lo que hay en el subsuelo es propiedad del Estado, y ese subsuelo manda sobre lo que hay sobre el suelo: gente del montón, como usted, hasta antes de ser ministro.

Para usted ministro, junto a los grandes intereses de las empresas multinacionales es más importante un chorro de petróleo que un chorro de agua… Vamos a ver.
 

17 de diciembre de 2013.