El Plan de Desarrollo

Por Eduardo Sarmiento Palacio  

El Plan de Desarrollo, que en el pasado constituía el documento central de los gobiernos, no ha trascendido. La opinión pública no participa en la formulación y no exige su cumplimiento.

El Plan de la primera administración Santos giró alrededor del objetivo de crecimiento económico dentro de prioridades sectoriales. De las cinco locomotoras, sólo operaron la minería, que venía de diez años atrás, y la infraestructura, que se puso en marcha al final del cuatrienio.

El resto de los sectores quedaron en el papel. El balance es a todas luces insatisfactorio. La minería se vino abajo por su propio agotamiento y por la caída de los precios internacionales del petróleo. Al final, la economía se sumió en la enfermedad holandesa de quintuplicación de las importaciones, desmantelamiento de la industria y la agricultura, y cuantioso déficit en cuenta corriente de 6% del PIB, que desborda la devaluación y contrae la producción y el salario real.

El nuevo documento parece elaborado por otra administración. No se hace la más mínima referencia de las locomotoras. Las prioridades son abstractas y se sintetizan en la paz, la equidad y la educación. Sin embargo, no profundiza sobre los medios para lograrlas. El enunciado de la paz no se refiere a los acuerdos de La Habana, donde supuestamente se encuentra la instrumentación para realizar el objetivo. No se dice cómo la reforma agraria acordada incidirá en los diferentes aspectos del Plan y cómo se complementará con otras acciones. En particular, no es clara su relación con la elevada prioridad que se asigna al desarrollo de grandes proyectos en las áreas de baldíos. A menos que exista un ente estatal que lidere los proyectos y proteja a los campesinos, se configurarían dos agriculturas con productividades distintas en que el pez grande se come al chico.

La equidad en el Plan gira alrededor de la reducción de la pobreza. Lamentablemente, no incluye un diagnóstico sobre las causas por las cuales el país se encuentra entre las naciones más desiguales del planeta. Luego de múltiples disculpas para eludir el tema, se vuelve a las políticas tradicionales de la tributación y la educación. En materia tributaria se plantea seguir la receta de la OCDE de impuestos proporcionales al ingreso, que resulta de la prevalencia de los gravámenes indirectos sobre los directos. En educación se da por hecho que el acceso discriminado eleva las oportunidades y reduce las diferencias de ingreso. No se aprendió de la experiencia de los exámenes Pisa. La distribución del ingreso impide que los beneficios lleguen a los grupos de bajos ingresos y contribuye a que se concentren en la clase media.

Nada de esto es nuevo. La historia de los últimos 30 años muestra que la elevación de los índices de escolaridad y la aplicación de la tributación coincidieron con el aumento de la participación del capital en el producto y el deterioro de la distribución del ingreso. Simplemente, los buenos oficios de la educación y la política fiscal no logran contrarrestar el deterioro causado por la brecha entre la rentabilidad del capital y el crecimiento económico.

Los planes de desarrollo que se concibieron como estrategias audaces orientadas a emplear los poderes del Estado para alcanzar objetivos centrales, se han convertido en simples descripciones de los programas gubernamentales. No se ha avanzado en la articulación de los objetivos y los medios; en unos casos los instrumentos resultan redundantes y en otros insuficientes. Así, el objetivo central de la equidad se fundamenta en las mismas instituciones y políticas que la deterioraron, y el discurso de arrepentimiento no concluye con una prescripción concreta que reduzca el coeficiente de Gini de manera considerable y en un plazo corto.

El Espectador, Bogotá.