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Nacional

El trato

Por Alfredo Molano Bravo  

Un negocio es un intercambio: Yo te doy, tú me das. Pero para que sea respetable y respetado, debe versar sobre un cambio de equivalentes. De lo contrario, lo que existe es un engaño, una estafa, un despojo. Un mal trato es, como su nombre lo indica, un maltrato. En realidad, la oferta y la demanda, la ley del valor, establece esa equivalencia. Se pueden hacer intercambios por fuera de esta condición, pero entonces se trataría de un negocio impuesto por la fuerza, donde una parte sale ganando y la otra pierde.

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Por Alfredo Molano Bravo  

Un negocio es un intercambio: Yo te doy, tú me das. Pero para que sea respetable y respetado, debe versar sobre un cambio de equivalentes. De lo contrario, lo que existe es un engaño, una estafa, un despojo. Un mal trato es, como su nombre lo indica, un maltrato. En realidad, la oferta y la demanda, la ley del valor, establece esa equivalencia. Se pueden hacer intercambios por fuera de esta condición, pero entonces se trataría de un negocio impuesto por la fuerza, donde una parte sale ganando y la otra pierde.

El monopolio es una de esas fuerzas que rompen la ley del valor; también la dominación de un país sobre otro para explotar sus recursos o alzarse con el botín de una victoria militar. Y lo que sucede en el mundo económico rige también en el mundo político. La alianza victoriosa en la Primera Guerra Mundial le impuso a Alemania el Tratado de Versalles de forma tan soberbia, unilateral y ominosa, que terminó creando a Hitler. Nuestro Frente Nacional fue un tratado de paz bien hecho para liberales y conservadores, un verdadero cambio de equivalentes que se llamó Alternación: un turno para unos y otro para otros y en cada turno, milimetría. El error, que tan caro se ha pagado, fue haber dejado por fuera del trato un gran pedazo de país, lo que facilitó que muchos de los excluidos tomaran otros rumbos políticos, o, como diría Clawsevitz, las armas. Los acuerdos entre partidos han intentado que la oposición entre a su casa, pero han bloqueado la alternativa de una nueva construcción conjunta. Para decirlo de otra manera, el muñequeo en La Habana conduciría a una paz estable sólo si el trato se sellara sobre equivalentes. Un lugar común: el uno deja las armas, el otro abre las urnas. El establecimiento gana en perspectivas de desarrollo; la insurgencia, en espacio político. La oposición a este esquema de negociación de intercambio de equivalentes viene de la extrema derecha, de ese sector de minoritario —pero poderoso— de población que quiere la paz no como resultado de la ley del valor aplicada a la política y a la ética, sino como la imposición de la ley del embudo: “lo ancho para ellos, lo angosto para uno”.

El expresidente Gaviria propuso que la justicia transicional rigiera para ambas partes, es decir, que se juzgara a los dos sujetos históricos del conflicto armado, criterio que garantizaría un cambio de equivalentes políticos en el acuerdo. Se habló unos días de la propuesta, pero rápidamente se le echó tierra porque, bien entendida, la tesis conduce a llevar a los máximos responsables de ambos lados a los tribunales. Sin embargo, cuando las aguas volvieron a su nivel se acordó un desescalamiento progresivo. De la Calle abrió un postigo: cárcel sin barrotes ni piyamas a rayas, y Enrique Santiago, asesor jurídico de las Farc, otro: “Si la posición es todos vamos a la cárcel, las Farc no tendrán problema”. La extrema derecha no ha dejado de tirarle tatucos a ese punto de fuga. Lo que busca imponer con chantajes abiertos o tapados es el sometimiento por la fuerza de la insurgencia. O, más exactamente, la victoria, la derrota, la entrega. Un negocio barato: desarrollo económico desenfrenado sin costo político alguno. Uribe trató de hacerlo durante sus dos sangrientos y brutales cuatrienios. No pudo. Santos es consciente de que esa estrategia de Uribe fue derrotada y de que si fracasa la negociación en La Habana, estaremos condenados a otros 25 años de guerra, a otros 250.000 muertos. Ese sería el costo —“barato”— si el Gobierno cede al esquema que quiere imponer Uribe: cárcel para los mandos de la guerrilla; impunidad total para los militares, empresarios, políticos comprometidos en delitos de lesa humanidad. Sometimiento total a una justicia que él mismo califica de parcializada, e impunidad total para sus amigos y conmilitones. Si se trata de acabar la guerra de raíz, hay que ir a la raíz de la guerra: a la verdad sobre ella; si se trata de aplicar justicia, ella debe ser para todos, y si se trata de negociar, el trato debe ser entre iguales y sobre equivalentes. El resto es sometimiento, pólvora de otra guerra. O de la misma.

El Espectador, Bogotá.

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