En la protesta social, el diálogo debe ser siempre la primera opción

Bogotá, D.C., Agosto 6 de 2024.- Los Representantes a la cámara, Eduard Sarmiento,
Gabriel Párrado del Polo Democrático Alternativo y Andrés Felipe Jiménez Vargas del
partido Conservador, radicaron un proyecto de ley estatutaria por medio del cual se
establecen garantías al derecho fundamental a la protesta social y a la manifestación
pública.
El proyecto de ley, pretende entre otros puntos, establecer obligaciones a nivel nacional y
territorial por parte de las autoridades para respetar y proteger el derecho a la movilización
pacífica y se establece un sistema de rendición de cuentas que incluye la obligación de
iniciar investigaciones penales y disciplinarias en caso de violaciones a los DDHH en el
marco de la movilización social.
Para el Representante Eduard Sarmiento, lo más importante es que, este proyecto es fruto
de un esfuerzo interpartidista que reúne perspectivas de diversas fuerzas políticas y cuenta
con el apoyo técnico de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en Colombia”
Igualmente, para el Representante Gabriel Párrado, lo más importante de este proyecto de
ley es que se construyó de abajo hacia arriba y con la participación de la comunidad y de
organizaciones sociales.
“Este proyecto nos muestra cómo en una mesa técnica se pueden sentar diferentes
tendencias y diferentes pensamientos, para que se reglamente, se garantice y se proteja, el
derecho a algo tan natural como lo es el derecho a la reunión, a la manifestación y a la
protesta social.” Indicó Parrado.
Este proyecto de ley fue consensuado y discutido con organizaciones sociales, defensoras
de DDHH, quienes siempre han exigido el respeto a la movilización y el no uso de armas.
En ese sentido, para la abogada Jomary Ortegón, vocera de la plataforma de derechos
humanos, democracia y desarrollo, se hace indispensable que, “la protesta siendo un
ejercicio de participación, la respuesta de las autoridades deba ser principalmente dialógica,
es decir que el diálogo debe ser siempre la primera opción y la fuerza debe estar proscrita”
Finalmente, la abogada Ortegón, indicó que “La importancia del proyecto es tejer puentes
entre diferentes construcciones ideológicas, entre distintos partidos políticos para dotar de
garantías a la protesta social, a la movilización que es un derecho fundamental, un mandato
constitucional y un compromiso del acuerdo de paz”