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“Es urgente retomar el rumbo institucional perdido en la Defensoría del Pueblo: senador Alberto Castilla

Frente a la renuncia del defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora y los bochornosos antecedentes que desembocaron en la misma, el senador del Polo Democrático Alternativo, Alberto Castilla emitió la siguiente declaración pública:

Los recientes hechos que propiciaron la renuncia de Jorge Armando Otálora a su cargo como Defensor del Pueblo nos recuerdan la época en la que dicha entidad gozaba del respeto de la ciudadanía. Esta entidad, inexistente antes de la Constitución de 1991, vino a llenar un vacío en la institucionalidad colombiana, convirtiéndose en una aliada de grupos sociales vulnerables, de víctimas de todo tipo de violaciones de derechos y de comunidades en resistencia.

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Frente a la renuncia del defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora y los bochornosos antecedentes que desembocaron en la misma, el senador del Polo Democrático Alternativo, Alberto Castilla emitió la siguiente declaración pública:

Los recientes hechos que propiciaron la renuncia de Jorge Armando Otálora a su cargo como Defensor del Pueblo nos recuerdan la época en la que dicha entidad gozaba del respeto de la ciudadanía. Esta entidad, inexistente antes de la Constitución de 1991, vino a llenar un vacío en la institucionalidad colombiana, convirtiéndose en una aliada de grupos sociales vulnerables, de víctimas de todo tipo de violaciones de derechos y de comunidades en resistencia.

Las denuncias de varios trabajadores y trabajadoras de la Defensoría del Pueblo, que señalan que el Defensor era el primero en vulnerar sus derechos, dan cuenta del rumbo perdido de esa entidad. La crisis que hoy se vive en este organismo se puso en evidencia con el acoso laboral y sexual al que han sido sometidos varios de sus trabajadores y trabajadoras, según las denuncias que desde hace varios meses vienen poniendo de presente distintas personas de la entidad y periodistas respaldados con juiciosas investigaciones.

Dicha crisis también es palpable en el día a día de comunidades, que en el encuentro con algunos funcionarios de la Defensoría, señalan que esta entidad ya no está del lado de sus derechos. También se evidencia que los funcionarios que buscan cumplir sus labores a cabalidad, en muchos casos se ven limitados por inadecuadas orientaciones de las directivas.

Otálora no fue un mal Defensor solamente por violar los derechos de sus trabajadores y trabajadoras, también lo fue porque nunca estuvo a la altura de la institución que representa. En materia de restitución de tierras, ambiente y territorio, derechos de las mujeres, derechos del campesinado, pueblos afrocolombianos, derechos laborales y sindicales, la defensoría ha brillado por su ausencia e inoperancia en los últimos años. Lastimosamente, las elecciones de los funcionarios del Ministerio Público han reflejado el doble interés de frenar la valiente labor que caracterizaba a la Defensoría y de pagar favores políticos, lo que ha traído como consecuencia la pérdida de carácter de la institución.

Es por ello urgente que la Defensoría del Pueblo retome el rumbo perdido. Para lograrlo será indispensable contar con el apoyo de otros tantos funcionarios de la Defensoría del Pueblo que, a pesar de los cambios que ha venido sufriendo esta institución en los últimos años, y a pesar de ser representados por personas ajenas a la defensa de los derechos humanos, han seguido comprometidos con su labor y han desarrollado su trabajo en difíciles condiciones internas y externas. La oficina Delegada para Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, cuyo delegado renunció el día de ayer, es un ejemplo de la valiosa labor de algunos funcionarios. Ocurre lo mismo con tantos otros trabajadores de la institución que a nivel regional y local acompañan a comunidades, presentan análisis sobre la situación de derechos humanos, alertan sobre sus violaciones y ejercen una digna defensa de derechos de quienes más lo necesitan.

Para retomar el rumbo perdido también será necesario adoptar cambios estructurales, que solo serán posibles si el cargo del Defensor es ocupado por personas idóneas, verdaderos defensores o defensoras de derechos humanos comprometidos con el pueblo que deben representar y no con partidos políticos ni con intereses privados. Una terna con protagonismo de mujeres defensoras de derechos humanos podría ser un buen comienzo. Si se trata de mujeres comprometidas con los intereses del pueblo y con la defensa de derechos, la lista abunda. Y si se trata de que la Defensoría vuelva a ser para el pueblo, ternar mujeres de dichas características para el cargo de Defensora podría enviar un doble mensaje: que la Defensoría de nuevo va a proteger derechos y no a violarlos, y que la discriminación histórica que han sufrido las mujeres por cuenta de la perpetuación de patrones sociales propios de la sociedad patriarcal en la que vivimos, empiezan a ser cuestionados y desmontados. La Defensoría debe entonces ser para el pueblo, y hay muchas mujeres dignas representantes de sus intereses que le devolverían la dignidad al cargo. 

ALBERTO CASTILLA
Senador Polo Democrático Alternativo

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