“Existen estructuras armadas que están acechando el proceso de paz”

Por María Isabel Rueda / El Tiempo  

El congresista del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, advierte que la realidad del país muestra que el paramilitarismo sigue existiendo.

¿Cómo le pareció la terna para fiscal?

De los tres nombres propuestos, el más cuestionado es el de Néstor Humberto Martínez por sus vínculos con poderosos sectores privados.

Pero, más allá de cualquier consideración personal de quiénes son los candidatos y la candidata, aquí lo fundamental es que el nuevo fiscal tenga un claro sentido de responsabilidad frente a este momento histórico en el país, que va a pasar por la puesta en obra de un nuevo sistema de justicia, que es la jurisdicción especial para la paz.
Tendrá la tarea de entregarle a esta jurisdicción información precisa y lo más elaborada posible para que pueda realizar un buen trabajo en cuanto a la tarea inmensa que implica satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Espero que la elección que haga la Corte Suprema de Justicia sea la mejor en ese sentido.

¿Por qué cree que las Farc y algunos sectores de izquierda se niegan a llamar al pan, pan, y al vino, vino, y a las bandas criminales se empeñan en llamarlas paramilitares?

El asunto, a mi modo de ver, no es simplemente terminológico. Aquí hay una realidad a la que se requiere prestar muchísima atención. En primer lugar, es cierto que en Colombia existe el crimen organizado, es decir, grupos que se dedican al narcotráfico y que hacen parte de las redes del narcotráfico, pero también el paramilitarismo sigue ahí, existiendo.

¿Cómo distinguir entre uno y otro?

Básicamente me referiría a varios aspectos que considero fundamentales: el primero es que sigue habiendo nexos de miembros de las Fuerzas Militares y de policía, o de agentes del Estado con esta clase de organizaciones. Actualmente, la Procuraduría está llevando 519 procesos de investigación disciplinaria a funcionarios que presuntamente tienen ese tipo de relaciones.

En segundo lugar, estas estructuras siguen atacando a defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, personas que pertenecen a organizaciones de izquierda, como la Marcha Patriótica: se han denunciado 116 personas asesinadas en estos pocos años de existencia de ese movimiento social y político. Se cometen atentados y asesinatos contra quienes están en los procesos de restitución de tierras, despojadas por el paramilitarismo, como se sabe, en una alta proporción.
Y también existe una oposición evidente al proceso de paz. Eso nos lleva a sostener que el paramilitarismo sigue ahí.

Como lo vemos otros colombianos, se trata de unas estructuras delictivas donde hay ‘exparas’, exguerrilleros y delincuentes comunes explotando el narcotráfico. Asesinan a quien se les atraviese, desde defensores de tierras hasta policías. ¿Qué les hace pensar que estas organizaciones delictivas, que tienen los mismos métodos de los paramilitares, pero distintos fines, son la misma cosa?

No, los fines que persiguen estos crímenes, a mi modo de ver, no son tan distintos. Y repito, se puede reconocer que hay organizaciones del narcotráfico, pero también estructuras que están acechando contra el proceso de paz, y eso es importante saberlo. En el pasado se cometió el error de no reconocer este peligro. Me acuerdo de la discusión que hubo durante años de si se trataba de ‘fuerzas oscuras’ que estaban agazapadas contra el proceso de paz de ese entonces. No haber reconocido ese peligro degeneró en que un buen día nos levantamos con la noticia de que había 5.000 asesinados de la Unión Patriótica. Así que más allá de las preocupaciones que yo considero, de manera legítima, pueden tener las Farc, que van a dejar las armas, este no es un problema solamente de las guerrillas, es un problema del país y es un problema de la paz del país.

Le voy a mencionar una frase textual del expresidente Gaviria, que tiene el tema muy claro: ‘Las Farc deben aprender que las bandas de narcotráfico no son paramilitares… Con decir que son paramilitares o ‘bacrim’ no nos ganamos nada. Eso es un acto de escapismo estúpido que nos está haciendo mucho daño’…

Digamos que este no es un asunto de una discusión teórica ni retórica. Es un asunto de la realidad política que vive el país. Hay enemigos del proceso de paz, desarmados, y hay enemigos del proceso de paz, armados.
Y podemos entrar en discusiones, pero el hecho es que debe haber una política del Estado claramente establecida para proteger el proceso de paz y para que esos enemigos del proceso que están armados sean efectivamente neutralizados y sometidos, bien sea por la vía de la acción legitima del uso de la fuerza y de la coerción por parte del Estado, o también a través del ofrecimiento, como ha ocurrido en muchos otros momentos, de mecanismos y de procedimientos de sometimiento a la justicia.

Dice también Gaviria: ‘Estamos dedicados a legitimar las bandas de narcotráfico (…). Todos nos pusimos de acuerdo para no llamar a esos señores por lo que son: bandas de narcos’. ¿Usted no cree que con esa insistencia, las Farc están haciéndonos un daño en el sentido de darles ínfulas a esas bandas a que se sientan con la categoría para poder exigirle una negociación al Gobierno?

No creo que se esté pensando en esa posibilidad. La estrategia es de sometimiento a la justicia, o también de aplicación de la fuerza y de la coerción. Vamos a entrar en un proceso de desarme de las guerrillas a través de la dejación de armas. Será un momento en el cual muchas personas que han estado abogando por la paz, especialmente en los territorios y en las regiones, van a afrontar una situación de riesgo. Y eso, repito, no se puede convertir en una discusión sofística. Aquí hay que tomar medidas concretas para que no ocurra lo que ha pasado en otros procesos de paz. Es decir, no estamos hablando de situaciones que se presenten de manera totalmente inusitada o no vista en Colombia. Nuestra experiencia es que otros procesos de paz han fracasado por la amenaza paramilitar, y ese es el problema.

Sí, pero no reconocer que estamos en una etapa distinta de la que vivimos hace 10 años, o hace 20, o hace 30, cuando Belisario Betancur, también es tapar el sol con las manos. La situación es que el narcotráfico ha desatado el hampa, la criminalidad, las bandas organizadas, que están haciendo y deshaciendo por el territorio colombiano, y han adquirido un poder inmenso. ¿Debe el Ejército abstenerse, por ejemplo, de atacarlas con bombardeos, de hacer ataques aéreos?

Efectivamente, el país ha cambiado en los últimos 20 o 30 años, pero siguen asesinando defensores de derechos humanos y campesinos que reclaman tierras.

Siguen asesinando a la gente, sí, cuando se atraviesa en sus intereses económicos…

Hablamos ahora específicamente de defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras.

¿Pero por qué un defensor de derechos humanos va a ser distinto a otra persona que tiene otra profesión, como un policía, un maestro, un periodista?

Porque estamos hablando de los fines de la violencia paramilitar.

Los paramilitares también asesinan a todo tipo de personas. Y las bandas criminales también asesinan defensores de derechos humanos que se les interponen…

Bueno, entonces ahí tendríamos que pensar si realmente esos asesinatos tienen por fin proteger el narcotráfico o, por ejemplo, proteger las tierras despojadas.

A mí me llama mucho la atención la confluencia de todo este discurso contra el proceso de restitución de tierras con el hecho de que se asesine a los reclamantes de las tierras despojadas. Y que entonces en eventos públicos aparezca un funcionario como el procurador Ordóñez y también como el dirigente de Fedegán, en compañía de exjefes paramilitares que han contribuido al despojo de tierras, más de 6 millones de hectáreas, según las cifras oficiales, y que al lado de eso aparezcan asesinados más de 200 reclamantes de tierras desde el momento en que se puso en vigor esta Ley 1448/11, ley de víctimas.

O sea que aquí no es un problema simplemente del negocio del narcotráfico, de las redes del narcotráfico, sino del control y de la protección del despojo de tierras que se ha realizado.

Pero robarse la tierra o impedir que se la quiten al que se la robó es un propósito que puede tener un paramilitar, un narcotraficante, un criminal normal, las propias Farc…

Ese fin lo tienen quienes despojaron las tierras. Y las tierras fueron despojadas antes del surgimiento de lo que se llaman las bandas criminales. El fenómeno del despojo de tierras es un fenómeno histórico en Colombia y obedece a que se han utilizado la fuerza y la violencia para quitarles a campesinos, a propietarios medios, las tierras. Ese no es un secreto.

Ahora, cuando se avecina la posibilidad de hacer una reforma agraria, surgen estas expresiones de violencia, que no son de ninguna manera espontáneas ni obedecen a un fenómeno simplemente de crimen organizado y de narcotráfico. No, aquí hay un trasfondo. Y ese trasfondo es un trasfondo económico y que tiene unos fines económicos.

Hablando de trasfondo económico, ¿qué piensa del comentario de ‘The Economist’, publicación según la cual una fuente oficial les dijo que la fortuna de las Farc se calcula en 10.500 millones de dólares?

Bueno, lo que me llama la atención de esta afirmación de la revista, que es prestigiosa, es que las autoridades colombianas, que son las responsables en este caso de llevar adelante el proceso de negociaciones en La Habana, dicen desconocer que exista un informe de esa naturaleza.

Así que estamos ante una contradicción que obviamente hay que dilucidar, pero en este caso está de por medio la palabra y están de por medio las afirmaciones de quien es responsable de la negociación con las Farc, que es el Gobierno Nacional.

Se acaba de caer el director de la Uiaf, quien aceptó haber dado esa información en una entrevista. Y también está de por medio la palabra del señor Iván Márquez, que dice que ellos no tienen un peso. Usted, senador Cepeda, ¿cree en esa afirmación de Iván Márquez?

La revista ‘The Economist’ no hace relación principalmente a esta afirmación.

Sí, alude a que las Farc han dicho que están quebradas…

Bueno, a mi modo de ver, aquí lo esencial, más allá de esa discusión, es qué va a pasar en el futuro de la reintegración de las Farc a la vida legal y a la vida civil. Y ese proceso pasa, como lo dice el acuerdo de víctimas, porque las Farc también reparen de manera material a sus víctimas. Eso está consagrado en ese acuerdo, y creo que es lo relevante en este caso.

¿De manera que platica sí va a haber? ¿Será que sí la sacarán en un momento dado para reparar a sus víctimas?

Lo que dice el acuerdo, de manera textual, es que ‘las Farc harán actos de reparación material a las víctimas’, y creo que eso es importante tenerlo en cuenta.

Una última pregunta: ¿qué opina de la ida de su colega, el senador Roy Barreras, para La Habana? ¿Será que eso sí desestanca el proceso?

Creo que las conversaciones de paz han llegado a un punto muy importante; se está ya discutiendo, y esta designación que hace el Gobierno así lo muestra, ya no solo sobre los temas del punto tres, que es el punto de terminación del conflicto, sino que se está comenzando a avanzar en los puntos que tienen que ver con la refrendación, la llamada implementación, y la verificación de los acuerdos. Así que es una buena noticia para el país que se esté avanzando muy seriamente ya a un punto que señala el final de la agenda de las conversaciones.

Ahora, Roy Barreras es un congresista, conoce bien los procedimientos legislativos en el interior del Congreso, y yo espero que su participación en estas reuniones y en estos ciclos de conversaciones contribuya a que este fin se pueda lograr de una manera consensuada y de una manera productiva y constructiva para el país. Pero quiero insistirle en un último punto.

Adelante…

Yo creo que es fundamental que frente a lo que está ocurriendo haya un deslinde muy claro de quiénes están en la crítica del proceso de paz y quiénes han manifestado su oposición al proceso de paz, de estas expresiones armadas e ilegales contra el mismo.

Me preocupa que en la preparación de la manifestación del 2 de abril, en distintos departamentos, como Antioquia, Córdoba y Sucre, se hayan presentado llamados coactivos a la población para participar en esas demostraciones. Me preocupa, como lo dije anteriormente, que haya actos públicos en los cuales se ataca el proceso de restitución de tierras, y que las personas que hacen su crítica, que es válida en el plano de la democracia y del debate público, no se deslinden claramente de esas expresiones armadas de boicoteo al proceso de paz y a lo que él implica.

El Tiempo, Bogotá.