Fallas fiscales

Por Eduardo Sarmiento Palacio  

En los últimos días han surgido rumores de diversa índole sobre las recomendaciones de la comisión tributaria y de su inclusión en una nueva reforma.

Las iniciativas giran en torno a la elevación del IVA, el aumento de las cotizaciones de la salud y la reducción de las pensiones. La tributación indirecta, la privatización de la salud y el traslado de las pensiones a los fondos privados constituyen las reformas neoliberales más radicales para fortalecer la estructura fiscal mediante estímulos al capital.

El Gobierno no ha podido con la política fiscal. En la reforma de 2012 los esfuerzos se orientaron a bajar los gravámenes al capital y contrarrestarlos con mayores cargas al trabajo. La fórmula no tuvo los propósitos buscados; significó una baja de los ingresos tributarios de $10 billones con respecto a la tendencia histórica. La reforma de 2013 se orientó a contrarrestar la caída de los recaudos con mayores gravámenes al capital y las empresas, y se vio más que contrarrestada por la caída de los precios del petróleo. En la actualidad los ingresos tributarios crecen menos que el producto nacional.

Nada de esto es nuevo. Sobre la base de que los impuestos a los bienes y factores inelásticos, como sucede con los artículos de primera necesidad y el trabajo, distorsionan menos los mercados y generan más recaudos; en los últimos treinta años se han adoptado las más variadas reformas para bajar los gravámenes al capital y al ingreso, y sustituirlos por tributos indirectos. Así, se configuró un sistema fiscal regresivo en el que las cargas tributarias son menos que proporcionales al ingreso de los contribuyentes.

El segundo caso es el de las pensiones. En el pasado se operó con un sistema de prima media, en el que las pensiones se cubrían con las cotizaciones de los afiliados. La Ley 100 mantuvo el sistema público y autorizó el sistema privado, en el cual las pensiones se cubren con las cotizaciones y los rendimientos financieros de los cotizantes. De esta manera, los ingresos de los fondos privados de pensiones (AFP) superan los egresos y los excedentes se desvían al sector financiero. En contraste, los pensionados obtienen mesadas cercanas al 20% del ingreso. Las pensiones excesivas se encuentran en el sistema público y recaen en los altos funcionarios de las cortes, el Congreso y el Gobierno.

El caso más aberrante es el de las EPS que fueron concebidas sobre la base de que la competencia las conduciría a convertir las cotizaciones en servicios efectivos. Por el contrario, adquirieron poderes monopólicos que emplean para obtener las cotizaciones y entregarles a los pacientes los servicios que les reportan la máxima ganancia. Los ingresos provenientes de las cotizaciones resultan persistentemente inferiores al valor de los servicios contemplados en el programa obligatorio de salud (POS). La brecha se cubre trasladando parte de los gastos al Fosyga y postergando los pagos a los hospitales.

El mal funcionamiento de las tres áreas descritas obedece al tratamiento privilegiado al capital. Mal podría corregirse trasladando las deficiencias al trabajo. La acción debe orientarse a frenar las ventajas del capital mediante la sanción a la elusión de los impuestos a la renta y al capital, el retorno de parte de los excedentes de las AFP al sector público y la reforma de la fracasada intermediación de las EPS.

El peor de los mundos sería aumentar los recaudos con mayor inequidad. Lo que se plantea es un nuevo modelo de política industrial que modifique la estructura productiva dominada por las commodities, y una organización macroeconómica que intervenga el mercado cambiario, amplíe la flexibilidad fiscal y monetaria, y actúe sobre la producción y la balanza de pagos.

El Espectador, Bogotá.