Titulares
Gobierno de Ivan Duque debe construir una política pública de protección integral a líderes sociales y sus organizaciones de carácter participativo: Alberto Castilla
En medio de una oleada de asesinatos y hostigamiento contra líderes sociales en el país, parlamentarios de la bancada alternativa y más de 700 personas asistentes, realizaron en la plenaria de la cámara de representantes el debate de control político donde escucharon a las diversas autoridades competentes y le solicitaron diligencia para buscar soluciones a la problemática. Compartimos la intervención realizada por el Senador Alberto Castilla en el debate:

En medio de una oleada de asesinatos y hostigamiento contra líderes sociales en el país, parlamentarios de la bancada alternativa y más de 700 personas asistentes, realizaron en la plenaria de la cámara de representantes el debate de control político donde escucharon a las diversas autoridades competentes y le solicitaron diligencia para buscar soluciones a la problemática. Compartimos la intervención realizada por el Senador Alberto Castilla en el debate:
En medio de una oleada de asesinatos y hostigamiento contra líderes sociales en el país, parlamentarios de la bancada alternativa y más de 700 personas asistentes, realizaron en la plenaria de la cámara de representantes el debate de control político donde escucharon a las diversas autoridades competentes y le solicitaron diligencia para buscar soluciones a la problemática. Compartimos la intervención realizada por el Senador Alberto Castilla en el debate:
Véa el debate completo:
Debate de Control Político
“Los crímenes contra líderes de movimientos sociales y políticos y defensores de derechos humanos en el país”
Plenaria de Cámara de Representantes – Septiembre 5 de 2018
Introducción – Contexto general
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “un Defensor o Defensora es aquella persona que se dedica a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional, tanto de forma individual como colectiva. La CIDH ha precisado: “Las defensoras y defensores de derechos humanos son personas que promueven o procuran de cualquier forma la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional e internacional. El criterio identificador de quien debe ser considerado defensora o defensor de derechos humanos es la actividad desarrollada por la persona y no otros factores como el recibir remuneración por su labor, o el pertenecer a una organización civil o no. El concepto también es aplicable a los operadores de justicia como defensores del acceso a la justicia de miles de víctimas de violaciones a sus derechos”
Si bien los liderazgos sociales en Colombia abarcan distintos ámbitos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el programa Somos Defensores, han adoptado los siguientes tipos (Defensoría del Pueblo – Colombia, 2018):
Líder comunal
Líder comunitario
Líder de restitución de tierras
Líder campesino
Líder de mujeres
Líder afrodescendiente
Líder indígena
Líder sindical
Líder ambiental
Líder social
Líder de víctimas o desplazados
Líder juvenil y de la infancia
Líder cultural
Líder de población con orientación sexual e identidad de género diversa
Líder en salud
Líder minero artesanal
Comunicador defensor de derechos humanos
Abogado defensor de derechos humanos
Defensor o líder asociado a ONG
En Colombia, la firma del Acuerdo Final ha generado un fenómeno paradójico, pues mientras el país tuvo en 2017 la tasa de homicidios más baja en los últimos 75 años (22 homicidios por cada 100.000 habitantes) y las muertes por razón del conflicto armado se redujeron en un 80% (Medicina Legal, 2016); desde la firma del acuerdo se han venido incrementado de forma alarmante los asesinatos y agresiones contra líderes y lideresas sociales.
El subregistro y la informalidad en el manejo de las cifras sobre asesinatos y agresiones contra líderes sociales es uno de los problemas graves para adoptar una política integral de prevención y protección. Son distintas las cifras que maneja el Ministerio del Interior con Base en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, a las que maneja la Defensoría del Pueblo y las organizaciones defensoras de Derechos Humanos.