Isagén: una oportuna suspensión

Por Mauricio Cabrera Galvis  

Prudente y acertada la decisión del Consejo de Estado que suspendió la venta de Isagén. Se puede estar a favor o en contra de esta privatización, pero el hecho indiscutible es que era un enorme riesgo hacer la subasta antes de que se resolvieran los numerosos procesos jurídicos en contra de la venta.

El alto tribunal argumentó que si se vendiera Isagén la semana entrante y unos meses después se llegara a un fallo que prohibiera esa venta, el frustrado comprador demandaría y le ganaría un pleito multimillonario al Estado con un grave detrimento del patrimonio público.

El argumento es irrefutable pues, como decían las abuelas, de la carrera no queda sino el cansancio. Los colombianos nos merecemos una explicación clara de la prisa del gobierno por acelerar la subasta a sabiendas de que está corriendo ese grave riesgo; pero en lugar de explicar su imprudencia, la reacción oficial ha sido alarmar al país sobre las supuestas consecuencias desastrosas de no entregar la joya de la corona a inversionistas extranjeros.

Que se va a afectar la generación de empleo y el bienestar colectivo, dice el Ministro de Hacienda; que vamos a perder un buen negocio, dice el Presidente, porque los recursos capturados en Isagén solo producen el 3,5% anual, y rendirían más capitalizando la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN); que se pone en riesgo la financiación de las carreteras de 4G, dicen unos gremios preocupados.

Son falsas alarmas. Esas consecuencias negativas solo serían ciertas si el gobierno no tuviera alternativas para reemplazar los $5 billones que espera obtener privatizando Isagén. La verdad es que sí hay otras opciones para capitalizar la FDN y financiar los proyectos de infraestructura.

Por ejemplo se ha planteado acudir al crédito interno y externo, en particular de entidades multilaterales que tienen gran disponibilidad de recursos; también se ha propuesto utilizar las disponibilidades de caja del Gobierno Nacional ($22,6 billones en depósitos en el Banco de la República), o el 5% de las reservas internacionales.

Estas propuestas han sido rechazadas por razones muy válidas, pero hay otra que fue planteada en el debate en el Congreso por la senadora liberal Vivian Morales, y que supera las críticas y objeciones hechas a las anteriores. Se trata de disponer de otro activo patrimonial del Estado para capitalizar la FDN, pero con dos ventajas frente a la venta de las acciones de Isagén: primera, que no hay que venderlo y segunda, que hoy es un activo improductivo que no genera los dividendos de Isagén ni tiene posibilidades de valorización.

¿Cuál es el activo patrimonial del Estado que reúne esas características? Son las utilidades del Banco de la República, de las cuales es propietario el Estado. Por supuesto se trata de las utilidades reales del Banco (que son $31,9 billones) y no de las contables, porque como mostré en una columna anterior la contabilidad del Banco es contraria a las normas internacionales y no registra los ingresos por diferencia en cambios como utilidad sino que los lleva directamente a un superávit de patrimonio.

Con esas utilidades se debería constituir una reserva de unos $21 billones para proteger el patrimonio del Banco de una eventual revaluación del peso, y el resto destinarlo no a gasto corriente, sino a capitalizar otras entidades públicas como la FDN. Así, en lugar de tener un monto significativo de recursos públicos ‘congelados’ en el Banco central, se tendría una inversión patrimonial que produce dividendos y permite apalancar la financiación de proyectos esenciales para el país como las carreteras de 4G.