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Iván Cepeda participa en audiencia pública contra reapertura de ventanilla minera

El senador electo por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro participa este lunes 9 de junio en la audiencia pública que se lleva a cabo en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como parte del análisis de la acción popular presentada en octubre de 2013 para frenar la expedición de nuevos títulos mineros a través de la ventanilla única reactivada por el Gobierno.

Según cifras oficiales, la implantación de la locomotora minera dejó como resultado a 31 de octubre de 2013, 9.704 concesiones mineras en todo el país, las cuales alcanzan una superficie 5.347.985 hectáreas de tierra.

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El senador electo por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro participa este lunes 9 de junio en la audiencia pública que se lleva a cabo en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como parte del análisis de la acción popular presentada en octubre de 2013 para frenar la expedición de nuevos títulos mineros a través de la ventanilla única reactivada por el Gobierno.

Según cifras oficiales, la implantación de la locomotora minera dejó como resultado a 31 de octubre de 2013, 9.704 concesiones mineras en todo el país, las cuales alcanzan una superficie 5.347.985 hectáreas de tierra.

A esto se suman 20.5 millones que fueron destinadas en lo que se conoce como áreas estratégicas mineras, gran parte de ellas ubicadas en ecosistemas estratégicos, especialmente en el Chocó y en la Amazonia, lo que significaría un desastre ambiental para dos de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. En conclusión, para la explotación de minerales, se ha destinado el 26% del territorio continental del país, con el agravante que el 48% de los títulos mineros se cruzan total o parcialmente con áreas con vocación agrícola. El congresista aseguró que se está haciendo minería donde los campesinos deberían cultivar alimentos y que, al menos, 833 títulos mineros se cruzan parcialmente con áreas de protección legal (parques naturales, zonas de reserva forestal, páramos o humedales).

La acción popular aceptada por el Tribunal el pasado 2 de noviembre de 2013, pretende que se adelante la actividad minera a gran escala con apego a un ordenamiento ambiental que proteja de manera adecuada el patrimonio nacional, garantizando el derecho de consulta de las comunidades rurales, definiendo y protegiendo los territorios dedicados a la producción de alimentos.

La acción popular fue interpuesta por el congresista Cepeda junto a las organizaciones Tierra Digna, Censat, Pensamiento y Acción Social, Sembrar, Fedeagromisbol y el Comité Ambiental en Defensa de la Vida.

De manera paralela a la audiencia, se realizó un plantón en la entrada del Tribunal, por parte de las organizaciones sociales y campesinas.

 

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