Iván Cepeda rechaza ponencia de proyecto de “expropiación” del Gobierno a favor de grandes empresarios

Para el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, la ponencia del proyecto de ley de baldíos presentado por el gobierno incluye la posibilidad de expropiar la tierra a los campesinos para entregársela a los empresarios.

Cuando se radicó el proyecto de ley 133/14 Cámara, el senador del Polo advirtió que se trataba de una iniciativa contraria a los propósitos de los acuerdos de La Habana que contemplan una reforma agraria rural integral, y a las demandas del movimiento campesino, que exigen democratizar la propiedad y modificar la actual concentración de la tierra.

Una vez conocido el texto de la ponencia para primer debate del mencionado proyecto radicada en Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, el congresista afirmó que la situación empeora y anunció que buscará bloquear la iniciativa en el Senado. Según el legislador, “el Gobierno, junto con la Unidad Nacional, busca impulsar una verdadera expropiación en contra de lo que queda del campesinado en la Altillanura y en otras zonas del país, e impulsar la contrarreforma agraria más agresiva que hayamos conocido, después del proceso de despojo a sangre y fuego que vivimos en las últimas décadas a favor de grandes empresarios”.

Cepeda denunció que el proyecto le quita al Incoder la función que tenía de redistribuir tierras, en cambio, lo encarga de conseguir las tierras que necesitarán las empresas gestoras de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres), para impulsar sus negocios, a través de la compra directa de bienes privados o mediante procesos de expropiación, a los cuales cuales se les da vía libre con el proyecto porque las Zidres se declaran de utilidad pública e interés social.

Así entonces, afirmó el senador, una vez se declare una zona del país bajo esta figura, los campesinos que tengan la propiedad de algún predio que debido al abandono estatal no hayan podido poner a producir, y no quieran asociarse con ningún gran empresario (bajo condiciones de subordinación) perderán su tierra, pues deberán aceptar la compra directa por el valor catastral del bien (muy por debajo del valor comercial) que le planteará el Incoder. De lo contrario serán expropiados.

“Todo indica que el Gobierno tiene una interpretación ambigua del derecho a la propiedad. Solo cuando se trata de grandes empresarios o terratenientes los reconoce y defiende, pero cuando se trata de respetar la propiedad campesina,  despliega todos los mecanismos necesarios para eliminarla, y someter a nuevas formas de esclavitud al campesinado. Nada más antitético al primer punto de los acuerdos de la Habana”, advirtió Cepeda.

El congresista añadió que la ponencia redefine el concepto de trabajador agrario establecido en el artículo 64 de la Constitución, para poderle entregar los baldíos a empresarios y no a los campesinos, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional (V.g. sentencia t-488-14).

Para Cepeda, el proyecto de ley 133/14 debe ser archivado, “de lo contrario, el Gobierno se convertirá en el nuevo despojador legal y pasará a la historia como el artífice de la peor contrarreforma agraria, aquella en la que se decidió expropiar a los pobres, para entregarle tierra y subsidios a manos llenas a los empresarios que hicieron compras ilegales en zonas como la Altillanura”, concluyó.