La corrupción por las esquinas

Por Aurelio Suárez Montoya  

Tres entrevistas coinciden en que la corrupción sigue en Bogotá. La de Carlos Vicente de Roux, quien dijo: “Crecieron las quejas de corrupción frente a las que Petro no reaccionó con fuerza” (El Espectador, julio 31); la de Julio Gómez, testigo de la Fiscalía, quien dijo: “en el gobierno de Petro se repiten prácticas del ’carrusel’ ” (El Tiempo, agosto 5); y la del mismo alcalde, que admite: “Puede que roben, pero por las esquinas” (El Espectador, agosto 15).

¿Existe base para inferir que las frases corresponden a la realidad? Por ahora, no hay claridad sobre reconocidos desaguisados, cuya investigación parece dormir en las gavetas de los órganos de control. Entre los relevantes están el desequilibrado contrato de arrendamiento de 60 camiones de basura traídos de EE.UU., la compra de 48 nuevos, que se vararon en pocos meses; la prórroga, sin licitación, de las fases I y II de Transmilenio; la ampliación sin licitación del contrato del SIM; la cesión del contrato de grúas y patios; el de los paraderos del SITP, y el último, llamado por funcionarios como contrato “kamikaze”, el de la máquina “tapahuecos”.

Dos documentos son importantes: uno de la Veeduría (agosto, 2014), que recopila “la caracterización de los controles de advertencia” en la contratación en Bogotá —acumulados por distintas razones—. Otro es el de la Contraloría Distrital, sobre “el comportamiento de la contratación en 2013”, que discrimina los montos y tipos de los contratos y que demuestra que, de entre las varias modalidades, “el dedo” primó sobre las demás.

La Veeduría señala que, de 86 entidades vigiladas, 36 tienen dichos controles. Anota que el 34% son por líos de contratación, el 24%, de gestión, y el 19%, de planeación. Resalta 58 obras inconclusas, por casi un billón de pesos, y que otros incorporan $1,4 billones. Se denota que desde 2012 se advirtió a Transmilenio el vencimiento de la vida útil de los buses de las primeras fases, lo que refuta la justificación a la prórroga de marras por falta de tiempo para estructurar un concurso abierto. Precisamente, la Secretaría de Movilidad, junto con Gobierno y Salud, acumulan más de la mitad de los controles.

En el informe de la Contraloría se cuentan 123.359 contratos en 2013 por $5,7 billones. De ellos, 110.724 (89,7%), por $3,6 billones, fueron a dedo, tanto con personas como con entidades de “economía solidaria” o por convenios. De estos, $1,7 billones se adjudicaron entre noviembre y diciembre. También se expone que cuatro secretarías, encabezadas por la de Educación, concentran el 77% del valor de los contratos ($4,4 billones). Y denuncia que al menos 25.500 fueron bajo la figura de “apoyo a la gestión”, donde caben los que se hacen por dos o tres meses. Sobresalen además 33.144 contratos por servicios de salud, que violan la ley —para variar— al contratar a trabajadores misionales del sector salud. Esta modalidad ha sido constante en administraciones anteriores y no han sido superados.

El texto sobre “Corrupción, cohesión social y desarrollo” —de Alonso y Mulas-Granados—, al hablar de los ilícitos, tanto cuando son de modo centralizado o descentralizado (“por las esquinas”), caracteriza este último como “anárquico e imprevisible”, lo cual no lo hace menos dañino que el primero. Que sea por las esquinas no es de vanagloriarse. Es de preocuparse. ¡Y mucho!