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Nacional

La entrega de Isagén

Por Eduardo Sarmiento Palacio  

El Gobierno se precipitó a abrir la licitación para adjudicar Isagén. La empresa constituye uno de los activos más valiosos que le quedan a la nación. La enajenación se inspiró en las bajas utilidades durante la construcción de Hidrosogamoso, que sirvieron para que el Ministerio de Hacienda la presentara como una compañía de rentabilidad de 2,5%, no muy diferente a un CDT. Sobre esta base se abrió camino la creencia de que los recursos de Isagén son más rentables en las carreteras 4G.

La historia de la empresa y los balances financieros revelan una versión muy distinta. Durante una década la empresa creció al 10% anual y realizó inversiones que permitirán mantener la tendencia.

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Por Eduardo Sarmiento Palacio  

El Gobierno se precipitó a abrir la licitación para adjudicar Isagén. La empresa constituye uno de los activos más valiosos que le quedan a la nación. La enajenación se inspiró en las bajas utilidades durante la construcción de Hidrosogamoso, que sirvieron para que el Ministerio de Hacienda la presentara como una compañía de rentabilidad de 2,5%, no muy diferente a un CDT. Sobre esta base se abrió camino la creencia de que los recursos de Isagén son más rentables en las carreteras 4G.

La historia de la empresa y los balances financieros revelan una versión muy distinta. Durante una década la empresa creció al 10% anual y realizó inversiones que permitirán mantener la tendencia.

Luego de la entrada de Hidrosogamoso, las utilidades se duplicaron con respecto a los años anteriores y se puede esperar que en el futuro evolucionen paralelamente a los ingresos. En contraste, la inversión en carreteras se caracteriza por elevados costos fijos y los ingresos están limitada por el tráfico que crece por debajo del producto nacional. En la práctica, está condicionada a subsidios, sobrecostos, garantías de tráfico y créditos con plazos muertos. Tal como se mostró en la columna “La Rentabilidad de Isagén” (mayo 23/15), basta sumar y restar para advertir que la rentabilidad de Isagén es muy superior a la de las carreteras. En términos más concretos, la entrega de un activo como Isagén, a cambio de otro representado en la Financiera de Desarrollo Nacional en subsidios y créditos a plazos muertos a los concesionarios viales, constituye un deterioro patrimonial de la nación.

El Consejo de Estado levantó la suspensión de la privatización con base a una valoración realizada por el Banco de Inversión (Inverlink) por $5,2 billones de la participación de 57,6% en las acciones. Lo grave es que la información está totalmente desactualizada. No contempla adecuadamente la entrada de Hidrosogamoso y fue elaborada con un precio del dolar de $2.300. La incorporación de los dos elementos aumentó en 22% la valoración de la empresa en pesos y dio lugar al nuevo estimativo de $6,4 billones. Si se tiene en cuenta que la devaluación ha sido más de 40%, se encuentra que el valor en dólares disminuye 18%. No se cumplen con las condiciones de la valoración que sirvieron para justificar la operación. El mayor valor en pesos confirma que la valoración inicial de la empresa se subestimó y que la venta de entrada le habría significado al comprador una ganancia extraordinaria de $1,1 billones. Ahora, el menor valor en dólares obedece a la monumental desvalorización causada por la devaluación y les causará a los compradores un ahorro de más de US$ 500 millones. Así, al deterioro patrimonial causado por la menor rentabilidad de las carreteras, se agrega otro por los desatinos del manejo económico.

Es claro que el estimativo que sirvió de base al Consejo de Estado para levantar la suspensión del proceso de enajenación no corresponde a las cifras más recientes presentadas por el Ministerio de Hacienda, que servirán de referencia para las subastas y adjudicaciones. Las diferencias se salen de los márgenes de error aceptados para este tipo de operaciones.

Las faltas en materia de reformas tributarias, anticipación del déficit en cuenta corriente y devaluación del dólar han ocasionado una pérdida de la riqueza nacional que se intenta trasladar a la población por los caminos de menor resistencia. Se ajusta el salario mínimo por debajo de la productividad, se anuncia la elevación del IVA y el recorte de la progresividad tributaria, y se entregan las empresas públicas a los consorcios internacionales. El expediente incrementará la participación del capital en el producto nacional y ampliará la inequitativa distribución del ingreso.

El Espectador, Bogotá.

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