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La presunción de corrupción y el abuso de autoridad

Por Juan Manuel López Caballero  

La idea de que el funcionamiento de un país depende de quienes representan la autoridad es un pensamiento contrario al pensamiento liberal de un gobierno de instituciones.

Colombia en un proceso de distanciamiento de los ideales democráticos liberales ha buscado apoyarse más en las personalidades que en las instituciones, y por eso la costumbre de las corrientes políticas que toman el nombre y giran alrededor de caudillos y no desarrollan propuestas ideológicas o programáticas.

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Por Juan Manuel López Caballero  

La idea de que el funcionamiento de un país depende de quienes representan la autoridad es un pensamiento contrario al pensamiento liberal de un gobierno de instituciones.

Colombia en un proceso de distanciamiento de los ideales democráticos liberales ha buscado apoyarse más en las personalidades que en las instituciones, y por eso la costumbre de las corrientes políticas que toman el nombre y giran alrededor de caudillos y no desarrollan propuestas ideológicas o programáticas.

Pero, además de ser contrario a ese ideal, esto conlleva como consecuencia el riesgo aumentado de la presencia de la corrupción: el ideal político democrático es que se elige a alguien para someterse a las obligaciones que acompañan el cargo, y que existe el control para que esto se cumpla en beneficio de todos y de cualquiera; en la medida que se acepta que es del carácter del individuo que depende el control sobre sus acciones —o sea, que la norma puede existir pero que su cumplimiento está condicionado a la personalidad de quien supone estar sometido a ella— lo lógico es que éste considere que lo que suponen ser obligaciones se convierten en una facultad discrecional, y lo que deberían ser los controles son remplazados por la compensación por ejercer el poder en beneficio de alguien.

Una premisa mayor acaba siendo que en un gobierno de personas y no de instituciones la corrupción prospera fácilmente.

En nuestro caso la aceptación de que la actividad política consiste en buscar el poder y los cargos —y no en defender o impulsar unas propuestas de ideología y de programas— ha maximizado el principio del gobierno de personas, y eso a todo nivel.

Consecuencia de ello es no solo la multiplicación de la corrupción, sino el que se acompañe de la presunción de que quien aspira a un cargo lo va a ejercer corruptamente, o, por lo menos, de que si quisiera lo podría hacer.

¡Y a fe que en esas estamos en Colombia!

La corrupción es por falta de una institucionalidad adecuada más que porque la naturaleza del colombiano es así; pero igual que se presume que aspirar a un cargo equivale a buscar un beneficio personal, se acepta que el poder de quienes ejercen cargos públicos puede —o incluso debe— ser arbitrario, dependiendo de la voluntad del funcionario. Es decir, se toma el abuso del poder no como una aberración sino como parte de  la institucionalidad. Casos evidentes hemos visto recientemente a nivel de cabezas de gobierno.

Eso se refleja en que con el nombre de ‘legislación de ventanilla’ o con principios como el de que para poder hacer un reclamo primero toca asumir que lo que se cuestiona es válido, el colombiano se enfrenta a un Estado (o a quien lo representa) que actúa en forma despótica.

La fuente de la corrupción y del abuso de autoridad está en la institucionalidad que nos rige (tal vez más claramente en la fragilidad o falta de ella); en otras palabras la corrupción que pareciera solo ser cuestionada en sus aspectos económicos nace y se fundamenta en la corrupción en el modelo político y en la forma en que se desarrolla.

Segunda premisa: mientras la actividad política consista en la persecución del poder sin que tenga como condición previa el debate de ‘¿el poder para qué? ‘, Colombia será un país donde reine la corrupción y el abuso del poder.

Mencionar el espectáculo que estamos viviendo con la confrontación alrededor del poder político de los órganos de control (bien sea en el caso Petro, entre el presidente y el expresidente Gaviria, o entre el fiscal y la contralora), o con el abuso en los partidos políticos (con el manejo del poder por parte de la familia Gaviria) parecería redundante; pero son ejemplos de hasta dónde un mal modelo de institucionalidad y de funcionamiento de nuestras instituciones políticas puede llegar: el uso del poder de la Fiscalía o de la Contraloría al servicio de conflictos que se volvieron personales; la sucesión en la continuidad  ilegal de una Dirección de hijo a padre; o el nombramiento de alguien sin absolutamente ningún antecedente de idoneidad para el cargo como Simón Gaviria en la Dirección de Planeación Nacional.

¿Qué son esos sino muestras de la corrupción de la política? Y si se convive y acepta esto, ¿cómo esperar que se creen o funcionen órganos de control que impidan la corrupción del dinero?.

 

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