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Los colegios en concesión, el negocio que debe desaparecer

Por María Antonieta Cano  

En Bogotá aumenta el pulso por los colegios en concesión. Este año se vence el plazo para definir su suerte. Prórroga o no: he ahí la cuestión.

El tema es tan relevante que María Fernanda Campo, ministra de Santos, no esperó ni a que el alcalde encargado, Rafael Pardo, entrara al palacio

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Por María Antonieta Cano  

En Bogotá aumenta el pulso por los colegios en concesión. Este año se vence el plazo para definir su suerte. Prórroga o no: he ahí la cuestión.

El tema es tan relevante que María Fernanda Campo, ministra de Santos, no esperó ni a que el alcalde encargado, Rafael Pardo, entrara al palacio

Liévano para marcarle la hoja de ruta en materia educativa. La orden fue categórica: hay que firmar cuanto antes la prórroga de los contratos para los colegios en concesión.

Se entiende entonces por qué el pliego de peticiones de la ADE, el sindicato de maestros de Bogotá y el mayor del país, tiene como primer punto de su lucha la defensa del patrimonio público y por supuesto la exigencia contundente al Distrito para que acabe con la modalidad de las concesiones educativas.

¿Por qué tanta controversia? Las concesiones educativas surgen hacia 1999 bajo el auspicio del BID, en el marco de la política neoliberal. Se dan en Bogotá y consisten en entregarles a empresarios privados la administración de los colegios nuevos y mejor dotados.
Como no había reglamentación, se plantea como un “experimento válido” con miras a “mejorar la educación del país”. Para justificar esta modalidad privatizadora, los documentos oficiales y los portavoces del gobierno en los medios de comunicación no escatimaron calumnias ni agresiones contra los docentes y directivos docentes del sector público. Así fue como durante la alcaldía de Peñalosa, con Cecilia María Vélez como secretaria de Educación, se entregaron a entidades privadas veinticinco establecimientos construidos y dotados con los recursos públicos de Bogotá y de la nación.

Como era de esperarse, el “experimento” dejó cebados a los neoliberales. ¡Claro! ¿Cómo no va a ser rentable administrar unos colegios construidos y dotados con presupuesto del erario y, de ñapa, con la garantía del giro anual per cápita que el Estado les da?
¡Es un negocio redondo! El área promedio que se les entrega en bandeja de plata es de diez mil metros cuadrados, con capacidad para acoger desde 800 a 1.200 alumnos, (todos sobrepasan esta cifra), veinticuatro aulas de clase, ludoteca, laboratorios, aulas especializadas para artes, tecnología, biblioteca y cancha múltiple. Según los datos oficiales, cada colegio cuesta aproximadamente 15.000 millones de pesos. Además, el operador privado no debe sujetarse a respetar ningún régimen laboral existente y goza de la flexibilidad que contempla el ya bastante laxo Código Sustantivo del Trabajo. En esos colegios “tan bien administrados”, los maestros trabajan jornadas que exceden las permitidas por ley y los salarios son muy inferiores a los ya pírricos del magisterio oficial.

Y lo que fuera antes un ensayo, hoy se volvió norma. Es con el Decreto 2355 de 2009 como se legaliza la estratagema. El decreto les da facultades a las entidades territoriales certificadas para celebrar contratos de servicio educativo cuando se demuestre la insuficiencia de establecimientos estatales. Así se dio un paso adelante en la estrategia de debilitar la educación pública. Como suele suceder con las alianzas público-privadas, el Estado es el que le garantiza al concesionario el retorno de la tasa de ganancia y la rentabilidad, girándole subsidios por estudiante que superan incluso el presupuesto en la educación pública estatal.

Ya hay en el país noventa colegios y megacolegios, contando los veinticinco de Bogotá, entregados en Concesión a Uniones Temporales, constituidas a su vez por distintas ONG y confesiones religiosas y que, con contratos hasta por quince años prorrogables, administran contratando la nómina docente y administrativa sin estabilidad laboral alguna, con base en los artículos 101 y 102 del Código Sustantivo del Trabajo.

¿Y la calidad? Transcurridos 15 años los resultados dejan mucho de qué hablar. En Bogotá de 25 colegios, apenas seis, estuvieron en nivel superior en las pruebas saber, y tres en el nivel bajo entonces, ¿cuál es la diferencia con las instituciones educativas distritales? El caballito de batalla de los neoliberales con el cuento de que los concesionarios ofrecen mejores resultados, no pasa de ser más mito que realidad. Pero lo que sí es cierto es que ha beneficiado a unos cuantos inversionistas que en el país de Santos “viven felices.”

Los contratos de los veinticinco colegios de Bogotá se vencen este año y por supuesto un gobierno neoliberal como el de Juan Manuel Santos no va a ahorrar esfuerzos para seguir favoreciendo la privatización.

En buena hora el sindicato de maestros de Bogotá ha puesto en primer plano la defensa de la educación pública. Por el contrario, concesionarios hacen su agosto con la premisa neoliberal por excelencia, la educación financiada por el Estado pero administrada por el sector privado con criterio de lucro.

Es urgente la movilización decidida de toda la comunidad educativa con miras a salvar lo que debería ser patrimonio de la nación.

Bogotá, abril 8 de 2014

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