Los TLC también golpean a los consumidores

Por Eudoro Álvarez Cohecha  

Desde finales del año pasado, 2014, el precio del arroz blanco, varió de 26.200 pesos a 30.500 la arroba; en cuestión de unos pocos días el precio subió en más de 16%, casi cuatro veces por encima del ínfimo aumento del salario mínimo decretado por el gobierno en medio del jolgorio navideño y de fin de año.

Muchas razones se han tratado de encontrar para explicar lo acontecido con uno de los cereales que junto con el maíz y el trigo, son básicos en la alimentación de los colombianos.

Rápido, dijeron los comerciantes de Llano abastos, que se trataba de una maniobra especulativa por el proceso en marcha de concentración de la oferta de arroz empaquetado por parte del monopsonio comprador, que es el mismo monopolio vendedor; razón válida, pero que no explica el fenómeno en su totalidad.

Imperdonable olvidar en este análisis, que durante 25 años, luego de lanzada la política de apertura económica, el arroz, debido a la defensa cerrada que los productores han hecho de su actividad, ha sido de los más protegidos dentro de esa escalada librecambista que ha caracterizado esa época, signada por el esfuerzo del Estado colombiano, desde Gaviria hasta Santos, por debilitar la producción agrícola nacional.

Firmado el TLC con los Estados Unidos, se impuso la compra de una cantidad creciente año tras año, con arancel cero y que luego de tres períodos, comienza a dar sus frutos, nefastos para la labor arrocera.

El debilitamiento del aparato investigativo nacional, agregado a la ineficiencia en el uso de la contribución obligatoria por parte de la entidad gremial, dan como resultado una crisis sanitaria insoluta que transcurridos cinco años, sigue azotando los cultivos y aminorándolos.

Los bajos precios del arroz importado, sumados a la revaluación del peso frente al dólar, fruto también de la política de hacer depender el valor de nuestra moneda del precio del dólar, devaluado artificialmente por los Estados Unidos, generó una competencia que tuvo que ser atenuada por subsidios, arrancados al gobierno a raíz de las protestas que se han sucedido radicalmente en los últimos tiempos.

El endeudamiento, con la banca y el agrocomercio, en más de 150.000 mil millones de pesos por parte de los agricultores arroceros, denunciado oportunamente por los mismos, sigue sin resolverse y los procesos jurídicos, embargos, remates, muertes y suicidios de productores, continúan cual sino inexorable; ejemplo de tal abandono gubernamental es la ley aprobada desde hace seis meses, pendiente de un decreto reglamentario para poder entrar a aplicarla y consentir un alivio y estímulo a la producción arrocera.

Agreguemos los altos costos de producción, inexplicables como el de los combustibles y lubricantes y el panorama es desalentador.

El resultado en el solo caso del Meta, de esa funesta política ha sido la disminución de 50.000 hectáreas entre los años 2013 y 2014. Se crea entonces un faltante para el consumo nacional que se debe importar; dependemos crecientemente del producto extranjero.

Si agregamos ahora la revaluación del dólar y el encarecimiento de las importaciones, tenemos una explicación integral del fenómeno que ahora aqueja a los consumidores nacionales.

Todos los componentes enunciados son parte de una sola política adelantada, en desmedro de la producción nacional, que como lo hemos venido denunciando termina perjudicando a los productores y a los consumidores colombianos, con un responsable principal: el estado, incluyendo el gobierno, el congreso y sus mayorías y hasta el poder judicial que le dio paso a este esperpento.

Bien lo dicen agricultores y entendidos, mientras no se modifique el modelo económico, incluyendo la renegociación de los TLC, peor es posible.

Villavicencio.