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Ministerio de Vivienda pone en riesgo población recicladora, alertan congresistas Alberto Castilla y Alirio Uribe

Para los congresistas del Polo Democrático Alternativo, Alberto Castilla y Alirio Uribe Muñoz, caracterizados defensores de derechos laborales y fundamentales, es preocupante que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, esté tramitando un proyecto Decreto “Por el cual se reglamenta el parágrafo 2 del Artículo 88 de la ley 1753 de 2015, en lo relativo con el Esquema Operativo y la Transitoriedad, y se dictan otras disposiciones”, que vulnera los derechos de la población recicladora.

Para el representante Alirio Uribe,  “estas medidas van en contradicción de las consideraciones de la Corte Constitucional, que ha calificado a los recicladores como una población sujeto de especial protección del Estado, ordenando medidas de protección especial  en su favor”

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Para los congresistas del Polo Democrático Alternativo, Alberto Castilla y Alirio Uribe Muñoz, caracterizados defensores de derechos laborales y fundamentales, es preocupante que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, esté tramitando un proyecto Decreto “Por el cual se reglamenta el parágrafo 2 del Artículo 88 de la ley 1753 de 2015, en lo relativo con el Esquema Operativo y la Transitoriedad, y se dictan otras disposiciones”, que vulnera los derechos de la población recicladora.

Para el representante Alirio Uribe,  “estas medidas van en contradicción de las consideraciones de la Corte Constitucional, que ha calificado a los recicladores como una población sujeto de especial protección del Estado, ordenando medidas de protección especial  en su favor”

Según los legisladores, una vez promulgado este acto, los recicladores independientes perderían el reconocimiento vía tarifaria que vienen recibiendo por parte de la UAESP, como reconocimiento a la labor de las y los recicladores en la ciudad de Bogotá, dando cumplimiento a los mandatos de la Corte Constitucional. De otro lado, se pretende implementar un mecanismo de mercado y libre competencia, en el cual las organizaciones de recicladores quedarían en franca desventaja frente a empresas grandes y consolidadas. Impone también medidas de previsión financiera especialmente sobre las organizaciones de recicladores, dificultando aún más su operación.

Los congresistas del Polo Democrático le recordaron al ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, que el contenido del proyecto de decreto señalado es potencialmente regresivo en tanto éste desconoce los avances que se han dado en el reconocimiento de los derechos a esta población, en particular aquellos reconocidos en el bloque de sentencias proferidas por la Corte Constitucional desde el año 2003, que ha declarado a la población recicladora como sujeto de protección especial de derechos. Asimismo le advirtieron que de acuerdo con el ordenamiento legal, cualquier medida de carácter administrativo que contraríe lo dispuesto en una o más sentencias, potencialmente podría significar fraude a  resolución judicial.

Teniendo en cuenta lo anterior, el senador Castilla considera necesario que se escuchen las propuestas de las organizaciones de recicladores, y que en ningún caso, se adopten medidas que resulten regresivas y/o generen vulneraciones a los derechos de esta población. La construcción de la reglamentación del servicio público de aprovechamiento de que trata el artículo 88 de la Ley 1753 de 2015 (Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018), y que tiene una incidencia nacional, no debe realizarse sin concertar con la población que devenga su sustento de esta actividad. Por lo tanto, le solicita al ministro que se amplíen los términos de la consulta de este proyecto de decreto, o en su defecto, que tal proyecto de reglamentación sea descartado.

Los congresistas recalcaron que preocupa la influencia del exministro de Vivienda y actual vicepresidente, Germán Vargas Lleras, en este ministerio y su estrecha relación con los empresarios de los servicios públicos. Como su hermano José Antonio, quien fue presidente de la junta directiva de Andesco, perteneciente al gremio de las empresas de servicios públicos. Otra de las amistades cercanas es Alberto Ríos, empresario del aseo y uno de los principales financiadores de las campañas políticas de Vargas Lleras. Con el poder de intervenir en la contratación de los servicios de basura, agua y alcantarillado que  otorgó la Ley de Vivienda, a esta cartera en el 2012, donde se permite al Ministerio de Vivienda asignar y otorgar Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) para entregarle la operación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo a los privados, con este nuevo decreto que se encuentra en consultas, se estaría beneficiando una vez más a los amigos y allegados al Ministerio y dejando en situación de indefensión  a la población recicladora.

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