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Mordaza en España, decretada por el gobierno conservador de Mariano Rajoy

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Mientras España, su prensa y expresidentes cuestionan los “métodos antidemocráticos” de otros países, este primero de julio comenzó a regir la llamada Ley Mordaza, que criminaliza la protesta social, aprobada en el Congreso por el ultraconservador Partido Popular que lidera el presidente Mariano Rajoy.

Para Katu Arkonada, miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de La Humanidad, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana recuerda a la época más oscura del franquismo y busca criminalizar cualquier tipo de protesta social.

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Mientras España, su prensa y expresidentes cuestionan los “métodos antidemocráticos” de otros países, este primero de julio comenzó a regir la llamada Ley Mordaza, que criminaliza la protesta social, aprobada en el Congreso por el ultraconservador Partido Popular que lidera el presidente Mariano Rajoy.

Para Katu Arkonada, miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de La Humanidad, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana recuerda a la época más oscura del franquismo y busca criminalizar cualquier tipo de protesta social.

“Esto recuerda muchísimo, y tiene muchas similitudes con la franquista Ley de Orden Público”, indicó a www.telesurtv.net.

Afirma que los métodos de la Ley Mordaza, fueron ensayados durante muchos años en el País Vasco, de donde es oriundo, y cuyo pueblo ha sido víctima de represión y hasta ilegalización de sus partidos políticos, mucho antes de que fuera aplicada en todo el Estado español.

“Lo que ahora se está poniendo en marcha en el Estado español, durante mucho tiempo, muchos años, demasidos años, todo esto ya fue puesto a prueba en el laboratiorio llamado el País Vasco (…) en el País Vasco hace muchos años se da una criminalización de la disidencia política, ilegalizacion de partidos políticos, organizaciones de Derechos Humanos, organizaciones juveniles, represión, osea, el País Vasco ha sido un banco de pruebas”, argumentó.

Si estás en España queda PROHIBIDO: Manifestarse junto al Congreso y el Senado

La recien aprobada Ley Mordaza  considera una infracción cualquier “perturbación grave de la seguridad ciudadana” que se produzca frente a las sedes del Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos, aunque los representantes públicos no estén reunidos en ese momento.

Pero qué es y qué no es perturbar la seguridad ciudadana, es una de las grandes preguntas alrededor de esta Ley.

Fotografiar a policías

La Ley Mordaza sanciona “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales” de policías “que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación”.

Parar un desahucio

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana permite a la policía sancionar a aquellos que “obstruyan a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial en el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales”.

Protestar en las alturas

Un artículo de la Ley Mordaza lo deja bien claro. Los agentes multarán “el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes”. La imposición de la sanción se someterá, bajo criterio policial, únicamente a la existencia de un “riesgo”.

La resistencia pacífica y las sentadas

La nueva normativa otorga a la policía la capacidad de multar a quienes se nieguen a disolver reuniones y manifestaciones en lugares públicos una vez lo ordene “la autoridad competente”.

Las Sanciones
De 100 a 600.000 euros

Las infracciones leves se sancionarán con una multa de 100 a 600 euros

Las graves, de 601 a 30.000 euros;

Las muy graves, de 30.001 a 600.000 euros.
Infracciones muy graves (multas de 30.001 a 600.000 euros): La fabricación y el comercio de armas incumpliendo la normativa, la proyección de haces de luz sobre conductores de medios de transporte y la celebración de espectáculos públicos que no han sido autorizados.

Infracciones graves (multas de 601 a 30.000 euros): Causar desórdenes en espacios públicos cuando se altera la seguridad ciudadana, obstrucción a la autoridad, desobediencia, negativa a la resolución de reuniones en lugares de tránsito, portar armas prohibidas, solicitar servicios sexuales en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores, el consumo o la tenencia ilícita de drogas y la falta de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la investigación de delitos o prevención de acciones, entre otros.

Infracciones leves (multas de 100 a 600 euros): la incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, proyección de haces de luz sobre los agentes de la autoridad, la ocupación de cualquier inmueble en contra de la voluntad de su propietario, la negación a identificarse, escalar edificios o monumentos sin autorización cuando existan riesgos para las personas o bienes, abandonar animales domésticos, retirar vallas u otros elementos colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana (el botellón de toda la vida, vamos).

¿Qué es la Ley Mordaza?

La “Ley Mordaza” es el nombre informal que se le da a la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, a cuyo texto definitivo dio luz verde el Congreso el pasado 26 de marzo con 181 votos a favor (PP y UPN), 140 en contra y 1 abstención. Entra en vigor el día 1 de julio de 2015 y sustituye a la hasta ahora ley vigente, de 1992. Lo hará, además, con la nueva versión del Código Penal

Según el diputado socialista, Ignacio Sánchez Amor,” la ley recuerda a la vieja legislación franquista de orden público, y entre libertad y seguridad, opta claramente por la segunda”.

El Partido Social Obrero Español (PSOE) considera que la nueva ley limita derechos fundamentales y constituye un ataque frontal a las libertades individuales.

Mientras el partido izquierdista Podemos resalta que la ley muestra el miedo del Gobierno español al cambio. Al repudio se suman cinco relatores de derechos humanos de Naciones Unidas, que criticaron las reformas legislativas en España, así como el Consejo de Europa, que considera ley cercenadora de los derechos humanos. “Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España”, afirmaron los relatores de la ONU.

Criminalización de la protesta

En entrevista con el sitio web en español de Telesur, Katu Arkonada, de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, calificó de vergonzosa esta nueva legislación, que opina es una afrenta directa del Gobierno al proceso de despertar político del pueblo español, en contra de la corrupción y los recortes sociales del Partido Popular (PP).

“Básicamente la criminalización de cualquier forma de protesta ciudadana, además de restringir sustancialmente los derechos fundamentales a la manifestación y reunión, así como el uso de los espacios públicos para lograr el control y la represión de las manifestaciones sociales”.

“Me parece vergonzoso que se pueda convertir en delito la protesta social, con penas de cárcel o multas, gigantescas, de hasta 600 mil euros, por convocar manifestaciones o asistir a las mismas, por ejemplo, si es que fueran no permitidas (…) O, por ejemplo, considerar, la resistencia no violenta ante un desahucio o ante otras cosas (…) considerarla un atentado a la autoridad”.

“Esta ley atenta contra lo que durante estos años se venía, contra la repolitización de la sociedad española, que había venido con el 15-M, aumento de las manifestaciones, de huelgas, contra los cierres, contra los despidos, o contra los recortes presupuestarios en educación, sanidad, servicios sociales, libertades democráticas, las famosas mareas (…) todas estas movilizaciones, que de alguna manera eran como una respuesta ante las medidas de austeridad de los gobiernos del PP, los desahucios, la corrupción política, el desempleo, es una especie de contraataque directo del Gobierno contra la repolitización y movilización social que se estaba dando en España y, pues, el claro objetivo de criminalizar las luchas sociales, la protesta social”, agregó.

Telesur.

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