“Ni hay reparación, ni una compensación adecuada”: Clara López sobre afectación de explotación carbonífera en el Cesar

Por Carlos Mario Jiménez / El Pilón 

Pax Christi, mayor ONG de derechos humanos de los Países Bajos, acusa a Drummond y Prodeco, exportadoras de carbón en el Cesar, de haber financiado el nacimiento de un frente de las AUC, el Juan Andrés Álvarez, para operar en la zona minera y hasta desplazar personas de sus territorios para obtener beneficios, hechos que las dos empresas niegan con énfasis.

El informe, titulado El lado oscuro del carbón, que contiene denuncia de la supuesta relación entre grupos armados ilegales colombianos y estas empresas mineras, fue presentado en Valledupar. Al encuentro asistió la excandidata a la Presidencia de la República por el Polo Democrático, Clara López Obregón y algunas víctimas de la violencia en el Cesar.

EP: Conocimos el informe entregado por Pax a la comunidad y se tienen señalamientos en contra de las multinacionales Drummond y Prodeco por posibles despojos de tierras en el centro del Cesar, ¿Cómo analiza esta situación?

CL: Hay distintos casos, claramente influenciados y que deben tener tratamiento diferenciado. Uno es el desplazamiento forzado de los territorios para abrirle paso a la minería, que debe ser abordado por el Gobierno con toda seriedad, a veces pasan por alto que hacen compensaciones mínimas que no reparan en su integridad lo que pierden las personas que son desplazadas; lo segundo es la persecución sindical, aquí hay denuncias graves que se escucharon en el evento de la utilización de la violencia para desarticular la actividad sindical, para amedrentar la organización y negociación colectiva, algo que tiene que ser abordado por las autoridades judiciales; el tercer tema es la contaminación ambiental, el polvillo del carbón, un indebido tratamiento de la extracción y el transporte, y todo el proceso de embarque en la Costa Caribe que están generando grandes daños en los ecosistemas, pero también están afectando la integridad física de las personas. Son tres tipos de victimización, todas muy delicadas que deben ser abordadas por el Gobierno Nacional.

EP: Los últimos dos presidentes de Colombia, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, respaldaron la minería como motor para la economía, ¿comparte esa ideología?

CL: Una habitante del municipio de Gamarra planteó cómo se están afectando en su municipio los humedales y las fuentes de agua por las grandes obras que están proyectadas, y ella se preguntaba “¿por qué no dicen que somos enemigos del desarrollo? Primero hay que preguntar qué es desarrollo y a quién beneficia”, pienso que ese es uno de los grandes problemas de la apreciación ante la opinión pública de lo que está pasando con la actividad económica de grandes empresas que no son compartidas de manera adecuada con los intereses, las necesidades y los derechos de comunidades pobres.

EP: Un informe de la Defensoría del Pueblo indica que las poblaciones donde se genera algún tipo de actividad minera se sienten más pobres que el resto de lugares…

CL: Las estadísticas muestran que donde hay gran minería en Colombia, existen los peores índices de necesidades básicas insatisfechas y de pobreza local, caso de Uribia en La Guajira, caso Montelibano en Córdoba, y así sucesivamente, entonces la pregunta es ¿cómo así que del subsuelo de su territorio se extrae tremenda riqueza y esa riqueza no pasa por el frente de los hogares que son afectados?; ni hay reparación, ni una compensación adecuada, ni se están valorando de manera equilibrada los intereses de las grandes empresas y de los pequeños pobladores. Si usted mira las familias afectadas en el Departamento del Cesar, es claro que han perdido, todos han perdido.

EP: ¿Qué políticas existen en el tema minero–ambiental?

CL: No hay política minero–ambiental, hay política minera por un lado y política ambiental por otro, y como que las dos no conversan demasiado. Cuando se habla de minería sostenible se debe entender que no solamente se trata de compensar el daño al medio ambiente, sino al de las familias que están siendo afectadas. La minería finalmente no puede llegar a todas partes, hay territorios donde la gente tiene derecho a escoger su modelo de vida y no pueden ser expropiados y obligados a darle espacio a la gran minería.

El Pilón, Valledupar.