Organizaciones de trabajadores y campesinas rechazan proyectos regresivos de política laboral para el campo

El día de hoy, organizaciones sociales, sindicatos y ONGs junto al Senador Alberto Castilla, revisaron detenidamente proyectos de ley que hacen curso en el Congreso de la República, impulsados por la Sociedad de Agricultores de Colombia y la Federación Nacional de Cafeteros, y manifestaron su preocupación por el espíritu de los proyectos 083 de 2016, 100 de 2017 y 193 de 2018.

El día de hoy, organizaciones sociales, sindicatos y ONGs junto al Senador Alberto Castilla, revisaron detenidamente proyectos de ley que hacen curso en el Congreso de la República, impulsados por la Sociedad de Agricultores de Colombia y la Federación Nacional de Cafeteros, y manifestaron su preocupación por el espíritu de los proyectos 083 de 2016, 100 de 2017 y 193 de 2018.

Preocupados por los proyectos citados anteriormente, numerosas organizaciones, sindicatos y ONG´s se dieron cita el día de hoy para sentar una posición conjunta ante las propuestas que vienen haciendo curso en el Congreso sobre trabajo en el campo. Comparto comunicado de las organizaciones:

MANDATO SINDICAL Y RURAL SOBRE PROYECTOS DE LEY PARA “DIGNIFICAR EL TRABAJO RURAL”
Proyectos de Ley 193 de 2018, 083 de 2016 y 100 de 2017

Trabajadores y trabajadoras del sector rural y organizaciones campesinas, representados por nuestras centrales sindicales Central Unitaria de Trabajadores de Colombia-CUT, la Confederación de Trabajadores de Colombia-CTC y otras organizaciones sociales, sindicales y campesinas tales como el Coordinador Nacional Agrario, Sintrainagro, Sintraimagra, Fensuagro, Sintrapalmas, Sintragrancol, Sintraagrocol, Festracol, Sintraagropecuario, Comité de Integración Social del Catatumbo, Sintracarbón, UGTTA, Sindagricultores, CIMA, ONOF, Mujeres Rurales, Festracol, Asomuercasimet, Grupo de Socioeconomía de la Universidad Nacional, Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Cedetrabajo, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Escuela Nacional Sindical, Viva la Ciudadanía, Centro de Solidaridad, SIntraideam, Sindistritales, Sintradiam, Sinaltraempros, Asmetrosalud, reunidos en la ciudad de Bogotá D.C., el día 29 de octubre de 2018, hemos discutido y analizado los Proyectos de ley 193 de 2018, 083 de 2016 Senado y 100 de 2017 que tienen como supuesto objetivo la dignificación del trabajo rural y el establecimiento de un piso de protección social, pero que al contrario, de ser aprobados, redundarán en la mayor precarización del trabajo rural y la disminución de nuestra protección social. Por tal razón las organizaciones sindicales y sociales del sector rural consideramos frente a estos proyectos de ley que:

La Dignificación del Trabajo Rural y Establecimiento de Piso de Protección Rural, sí son una deuda histórica con los trabajadores y trabajadoras del sector rural y constituyen un ideal de sus organizaciones, Son además propósitos acordes con el contenido del Acuerdo de Paz con las FARC y por ello una obligación del Estado colombiano; pero frente al contenido de estos proyectos resultan ser una falacia.

Estos proyectos no se han construido en desarrollo del Diálogo Social que tan demagógicamente promueve el Gobierno Nacional actual, no se ha surtido ninguna consulta con nuestras organizaciones y tampoco se ha convocado a un proceso de consulta en las regiones y zonas donde se encuentran ubicados los trabajadores rurales.
Desconocen las causas estructurales reales que originan la pobreza, desempleo e informalidad rural.

Estos proyectos pretenden legalizar la actual y generalizada precarización del trabajo rural al contrario de ser un avance en términos de formalización laboral y dignificación de la vida para todos y cada uno de los habitantes y trabajadores del campo y desconoce las normas internacionales y constitucionales que desarrollan el concepto de trabajo decente.

Pretenden crear un nuevo régimen laboral para el sector rural en discriminación y detrimento frente al resto de trabajadores del país, con menos derechos y menores garantías.

Estas iniciativas disminuyen la protección social a la que tendrían derecho los trabajadores y trabajadoras rurales mediante la distorsión y tergiversación del concepto de Piso de Protección Social de OIT, cuya carga financiera recae sobre los ingresos de los trabajadores rurales.

No tienen en cuenta la situación real de los trabajadores y trabajadoras del sector rural, las particularidades regionales y por sectores, ni las condiciones de hombres y mujeres así como la protección a los niños y niñas del campo.

Pretende desaparecer las relaciones de trabajo en el sector rural, promueve el individualismo del trabajador rural y obstaculiza el ejercicio de la libertad sindical.

Mantiene el enfoque insolidario, individualista, asistencialista y precario de disminución de las pensiones, mientras se promocionan los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) con los cuales no estamos de acuerdo, ya que nunca serán una pensión y ni siquiera serán una garantía para superar la línea de pobreza.

El establecimiento de un Jornal Rural Integral es inconstitucional y viola los principios de Salario Mínimo, Vital y Móvil, de progresividad y no regresividad de los derechos sociales y económicos.

Los requisitos exigidos en el proyecto para acceder al supuesto Piso de Protección Social serán un obstáculo adicional a los ya existentes para que los trabajadores y trabajadoras rurales podamos acceder al empleo, lo que afectaría aun más el desempleo e informalidad laboral rural.

Siguen desapareciendo responsabilidades laborales de los empleadores que les serían propias por la subordinación que ejercen y ganancias que perciben y se trasladan, si acaso a cargo del Estado y se eliminan incentivos a los empleadores para formalizar el empleo.

El Proyecto de Ley desconoce las especificidades de las mujeres rurales, su contribución a la economía rural, sus labores remuneradas y no remuneradas desconociendo la obligación del Estado de generar las bases de un Sistema Nacional de Cuidado.

Ante este panorama, las organizaciones solicitamos al Congreso de la República y al Gobierno Nacional-Presidente Duque y Ministra del Trabajo:

Se adelante una discusión nacional amplia sobre estas iniciativas legislativas, en diferentes regiones del país y con garantía de la participación de los trabajadores y trabajadoras del sector rural y las organizaciones que nos representan, una audiencia pública en Senado, Foros públicos y otros espacios similares.

Llevar estos proyectos de ley a discusión, previa a la culminación del trámite legislativo, a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde por mandato constitucional (artículo 55) y legal (Ley 278 de 1996) deben tratarse este tipo de iniciativas legislativas.

Contar para la continuidad del trámite legislativo de estos proyectos de ley, con el concepto técnico de la Oficina Internacional del Trabajo, que ya fue solicitado por la CUT desde el mes de septiembre y que sería determinante para evaluar la adecuación normativa, en particular, del Proyecto de ley 193 conforme a los estándares internacionales del trabajo.

Las medidas para formalización laboral y protección social de los trabajadores del sector rural debe provenir desde las propuestas, ideas y necesidades de trabajadores y trabajadoras rurales y sus organizaciones, construido desde la base y con garantía de plena participación y deben reconocer los aportes que las mujeres rurales vienen haciendo a la economía nacional.

Crear un régimen laboral y social con más protecciones para las necesidades y realidades propias de la población rural, que como mínimo contenga:

Ingreso Universal para la Vejez

Extensión de los beneficios del régimen general de salud contributiva para los afiliados trabajadores rurales del régimen subsidiado de salud.

Medidas para implementar el cubrimiento de los riesgos laborales del trabajo rural, con el especial atención al realizado por las mujeres por su papel en la producción y la reproducción.

Programa universal de alimentación para niños, niñas y adultos mayores, en el sector rural.

Un sistema nacional de cuidado para niños, niñas, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, con reconocimiento pleno de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras que prestarían sus servicios allí.

Finalmente agradecemos al Senador Alberto Castilla su posición firme y consecuente a favor de los trabajadores y trabajadoras del sector rural y población campesina, en el sentido de oponerse a los proyectos de ley como se están promoviendo desde los gremios y Gobierno y exigir a cambio una real dignificación del trabajo rural. Esperamos del resto de representantes y senadores, una actitud en el mismo sentido.

Dado a los 29 días del mes de octubre del año 2018, en la ciudad de Bogotá D.C.; por las organizaciones mencionadas.