Paraguay: ¿Quien capitalizara el éxito de la huelga?

Por José Antonio Vera / Argenpress.info  

La multitudinaria movilización popular, que culminó en una exitosa huelga general el pasado miércoles 26 de marzo, con la novedad de prescindir de los partidos políticos en la conducción, sucedidos por la casi totalidad de las centrales sindicales, de la Federación Nacional Campesina y de diversos colectivos juveniles y de lucha contra las corporaciones transgénicas, ha instalado una saludable discusión en la sociedad paraguaya, que amaga pautar la mesa de diálogo

que propone el gobierno a los responsables del paro.

La reacción del presidente Horacio Cartes ha sido oportuna para apaciguar el entusiasmo general que concitó la realización de la huelga, la primera de esa magnitud en 20 años, que consiguió paralizar el país con una sorprendente tranquilidad, fruto del control de las calles por una disciplinada militancia que dejó sin trabajo a los 15 mil policías apostados.

Los augurios de enfrentamientos callejeros y caos que pronosticó durante días la derecha rancia y sus procaces portavoces mediáticos, felizmente resultó un fiasco porque el control popular fue tan eficaz que, incluso, desvaneció las ideas de provocación que se insinuaron desde filas oficialistas, con el deliberado propósito de fabricar pretextos para reprimir y para desacreditar la convocatoria.

Los pasos que proseguirán son imprevisibles. Por un lado, las siete centrales sindicales que han participado, prosiguen exhibiendo incapacidad para unificar sus fuerzas, ante una masa laboral que sólo se mantiene relativamente adherida por su propia conciencia de que la división es dañina, aunque paga un alto tributo a las posturas de sus viejas cúpulas caciquescas, enajenadas en las reivindicaciones salariales.

Al lado nomás se agita con parecidas contradicciones aunque mucho más empeñoso, el movimiento campesino, en el que palidecen varias conocidas cabezas dirigentes de los últimos 20 años, sustituidas por jóvenes activistas que, si logran superar el mero marco emocional y reivindicativo que los caracteriza en estas horas, se proyectan para conformar la nueva conducción en la continuación de las luchas por la conquista de la tierra y la dignificación del mundo rural y de los pueblos originarios, atrozmente ignorados por el Estado.

Fuera de esas estructuras, se moviliza una ciudadanía que crece en número y en conciencia social, pero que aún carece de la capacidad suficiente para coincidir en la constitución de la organización política que las necesidades objetivas del país están reclamando. Su vertebración, a no dudarlo, generaría una decisiva influencia sobre estratos que permanecen ajenos al ajetreo ciudadano, como son las cúpulas eclesiásticas y académicas, así como la del sector del empresariado con algo de patriotismo, el que debería apoyar a la oposición al gobierno, dada las amenazas de éste convocando a los inversionistas extranjeros para que “aprovechen este momento”, según les ofrece Cartes.

La propuesta al diálogo, instalada por el mandatario, en otra de sus varias decisiones contradictorias que registran sus casi ocho meses en el Palacio de los López, ha sido bien recibida de inmediato por el grueso de los sindicalistas, quizás con un apresuramiento que dejó sin espacio a un análisis sereno acerca de los pro y contras, a diferencia de la postura de las fuerzas campesinas que condicionan su participación a una rectificación oficial.

El mayor escollo es la Alianza Pública-Privada (APP), convertida en ley en fecha reciente, por la cual Cartes, en persona, en virtud de una autorización del Congreso, puede concesionar los entes públicos por 40 años a capitalistas privados, probabilidad que la mayor parte de los paraguayos interpreta como una simple venta del grueso del patrimonio nacional, con la entrega a particulares de las rutas nacionales, aeropuertos, y los servicios de la educación, salud y otros.

Desde el Fondo Monetario Internacional, que días atrás envió un importante gerente a Asunción para vender las bondades de la APP, hasta los gremios patronales del país, en particular los del agronegocio, soja y carne en primer lugar, que registran suculentas ganancias desde hace 10 años, se ha desplegado una intensa campaña en defensa de esa intentona privatista, cada día más rechazada por la ciudadanía, al punto que el gobierno reconoce que su adopción fue inconsulta y está dispuesto a “socializar” su discusión.

Otros temas que estarán en la mesa que presidirá el Vicepresidente de la República Juan Afara con los sindicalistas, es un aumento salarial del 25 por ciento (Cartes otorgó 10 al salario mínimo días antes de la huelga), control de precios de la canasta familiar, reforma agraria, en un país con siniestro monopolio de la tierra, y congelamiento del precio de los boletos del transporte público.

Punto relevante que también destaca en la agenda nacional, al margen de la importancia o no que se le asigne en ese intercambio de posiciones, son la huelga de hambre que mantienen desde el 14 de febrero cinco campesinos presos, sin condena pero muy hostigados por el Ministerio de Justicia, al punto que limita su atención médica, en una actitud violatoria de los más elementales derechos humanos.

Esas cinco, víctimas del capricho y abuso de la autoridad, son parte de más de cien labriegos que permanecen encarcelados desde el 15 de junio del 2012, acusados de participar en la muerte de ocho campesinos y cinco policías en un campo fiscal de 1.800 hectáreas, ocupadas por un empresario privado, alto dirigente del Partido Colorado de gobierno.

Revertir la línea política de Cartes, cuya administración acumula fisuras, que sin dudas agravarán los efectos de la huelga, no es el único desafío que deben enfrentar las fuerzas populares y sus dirigencias, dado que su mayor déficit es su incapacidad para capitalizar la voluntad de cambios que se aprecia en el interior de la sociedad paraguaya.

Sentimiento, ante que convicciones claras, esa subjetividad condicionará el diálogo que convoca el mandatario con los dirigentes populares, los cuales deberán instalar en la mesa la demanda creciente de justicia y equidad social del pueblo paraguayo, acéfalo en políticas progresistas, que padece un cuarto de su población en extrema pobreza, un millón 300 mil niños desnutridos, otro tanto de emigrantes deambulando por el mundo y una oligarquía ramplona, tan inculta como angurrienta y feliz en su entreguismo al corporativismo financiero transnacional.

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