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Peñalosa persigue a los vendedores informales mientras privatiza el espacio público

En medio del debate sobre las ventas informales, el concejal Manuel Sarmiento se refirió al Decreto 552 del 2018 expedido el pasado 26 de septiembre por el gobierno de Enrique Peñalosa y que regula el aprovechamiento económico del espacio público.

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En medio del debate sobre las ventas informales, el concejal Manuel Sarmiento se refirió al Decreto 552 del 2018 expedido el pasado 26 de septiembre por el gobierno de Enrique Peñalosa y que regula el aprovechamiento económico del espacio público.

 

En medio del debate sobre las ventas informales, el concejal Manuel Sarmiento se refirió al Decreto 552 del 2018 expedido el pasado 26 de septiembre por el gobierno de Enrique Peñalosa y que regula el aprovechamiento económico del espacio público. “La expedición de esta norma no es más que la intención de la administración de Peñalosa por convertir el espacio público en una mercancía, objeto de privatización para beneficio de grandes conglomerados económicos. Es inaudito que en ninguno de los 32 artículos se mencione a los vendedores informales ni se incluyan medidas para garantizar su derecho al trabajo”, afirmó Sarmiento.

El Gobierno Distrital expidió este decreto en medio de los fuertes cuestionamiento de la Personería de Bogotá sobre los procedimientos de desalojos y la violación de los derechos fundamentales de los vendedores informales. Un informe del órgano de control señala que la administración no está cumpliendo con el mandato de la Corte Constitucional de garantizarles a los vendedores informales alternativas económicas antes de sacarlos del espacio público. “En lugar de respetar las sentencias de la Corte, Peñalosa y Miguel Uribe estigmatizan a la población vulnerable, mientras le entregan el espacio público a potentados como los consuegros de Juan Manuel Santos”, afirmó el cabildante.

En las conclusiones del debate propuesto por la bancada del Polo Democrático Alternativo, el concejal Manuel Sarmiento señaló: “Peñalosa continúa con su idea de desconocer la altísima informalidad laboral que hay en Colombia como la principal causa de las ventas informales en la ciudad y en cambio pretende continuar persiguiendo a los vendedores como criminales por todas las localidades.”

El concejal Sarmiento concluyó diciendo que “el Decreto 522 de 2018 profundiza la visión antidemocrática de Peñalosa contra los vendedores informales, personas humildes víctimas del desempleo y la informalidad y recordó que el alcalde les está tramitando 3 contratos de APP sobre el espacio público a los consuegros de Santos, quienes le donaron 50 millones de pesos para su campaña”.

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