Policía rural

Por Alfredo Molano Bravo  

Parecería como si el tema de las víctimas comenzara a pasar de moda y nos enfiláramos hacia el de garantías. El Gobierno ha dado puntadas sobre el desescalamiento con ese sí pero no y viceversa sobre la policía rural que lo caracteriza.

La reacción ha sido, para decir lo menos, violenta. El procurador, el ministro de Defensa y Uribe han estado nuevamente de acuerdo. De total acuerdo: ¡no faltaba más! Como si sus palabras fueran la ley misma, en pasado y en futuro.

La Policía no es una institución ajena de toda sospecha. Tiene su pasado: crió bajo su ala a los chulavitas y amamantó a los pájaros. Y si se mira hoy su hoja de vida, tampoco está libre de manzanas podridas. Muy podridas, y muchas.

Para la extrema derecha los globos de ensayo soltados por el presidente son pruebas de que se están negociando con la guerrilla las instituciones militares, cuando en realidad lo que el Gobierno hace es negociar con la opinión pública una alternativa viable y hasta modesta. Porque lo que sería constitucional es que se les abrieran a los guerrilleros las puertas de las Fuerzas Armadas. Hoy se hace así, tal cual: a los desmovilizados se les cambia de bando y se ponen al servicio del Ejército Nacional. El procurador, que yo sepa, no ha dicho ni mu sobre esa siniestra estrategia. Más aún, el ministro Pinzón, reacio a la historia, no sabe que cuadros militares del M-19 fueron admitidos en el DAS de la época y contribuyeron, no como delatores, a limpiar lo poco que se podía una institución que era un nido de ratas.

El acuerdo que se busca en La Habana significa no sólo la dejación de las armas, sino explícitamente el acatamiento de la Constitución vigente en ese momento por parte de los alzados en armas. Por tanto, tendrían todo el derecho a ser miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Qué impediría ese paso? ¿O es que a los insurgentes los van a tratar como ciudadanos de segunda o de tercera clase? Tendrán no sólo derecho al voto, a ocupar cargos públicos y a ser elegidos popularmente, sino también a ser soldados de la patria. ¡Se cae de su peso! No sería solamente un deber constitucional y político, sino también una oportunidad de que el Estado llegue a ser reconocido como tal en todo el territorio nacional: ¿quién conoce mejor las regiones marginadas y excluidas que la guerrilla? Más claro: ¿quién ha sido el Estado real en esas zonas?

Si se trata de paz y de reconciliación, si se trata de confraternidad, el argumento del procurador y del ministro de Defensa y de toda esa caverna es una bandera guerrerista. El país no puede ser el mismo que existe hoy. No se trata de someter a la guerrilla; se trata de construir unas nuevas instituciones a partir de la firma de los acuerdos. Si el Estado recobra la soberanía y abandona la doctrina de seguridad nacional, no es descocado pensar que con los dos ejércitos que existen hoy se haga uno solo, como manda la Constitución.

El Espectador, Bogotá.