Por el camino equivocado

Por Rodolfo Arango  

¿Preferiría usted, querido lector universal, vivir en un país en que todos asistieran a una educación pública gratuita y de calidad; un país con partidos políticos responsables y democráticamente organizados; un país con una población campesina, afro e indígena cohesionada, autónoma y defensora de sus tradiciones culturales y de la diversidades nacionales?

Educación, partidos políticos y campos en función de un país democrático es algo posible, deseable. Para lograr esta meta se necesitan visión y décadas de políticas públicas bien diseñadas y eficazmente ejecutadas. Pero con la clase dirigente actual nada de eso es posible. Por el contrario. La desigualdad y la violencia están aseguradas.

La educación en general, como han mostrado sesudos analistas, es apartheid en Colombia. Óptima y privada para pocos, precaria y menesterosa para la mayoría. La educación superior, cuya misión debe ser formar buenos ciudadanos, rinde hoy culto a la competencia hasta el punto de convertir derechos fundamentales en premios condicionados. Los dineros públicos se destinan crecientemente a las universidades privadas de calidad en desmedro de la ampliación y mejora de la universidad pública

Otro tanto sucede en el terreno de la política y los partidos. Aquí reina, hasta el presente, la concepción del “Estado botín”. El que gana toma todo y lo reparte entre amigos y colaboradores. La oportunidad del proceso de paz, uno de cuyos desafíos era un verdadero estatuto de garantías a la oposición, se desperdicia. En lugar de fomentar partidos serios y responsables ante el electorado, se coopta incluso a la oposición, excluyendo del acceso a los dineros del posconflicto a quienes osan ser críticos del “régimen”.

El pensamiento antidemocrático del establecimiento se refleja en la política agraria. El Congreso se apresta hoy a aprobar un proyecto de ley que fomenta enclaves agroindustriales de conglomerados nacionales y multinacionales, santificando incluso la violación de la ley agraria en el pasado. Los baldíos, bienes públicos destinados exclusivamente a garantizar el derecho constitucional de acceso a la tierra a los campesinos, se destinan así a negocios rentísticos y especulativos. Bajo el espejismo de la productividad y el crecimiento económico se organizan las cosas para construir monocultivos de enclave (ver “desiertos verdes”: http://bit.ly/1P0Ek1A) y desterrar a familias campesinas de sus tierras a favor de negocios ecológica y socialmente cuestionados. El tejido comunitario es deshilado por la captura rentista del Estado a manos de poderes privados.

El desmonte del orden antidemocrático, elitista y excluyente que hoy prevalece en Colombia es posible, aunque sin duda será demorado. Los procesos culturales, de concientización, organización, movilización y cambio son siempre graduales. También la construcción de partidos alternativos, decentes, autónomos y dignos, es labor titánica frente al poder que coopta con la billetera estatal. Construir verdadera democracia requerirá décadas de pensamiento crítico y trabajo de concientización desprendido. Por ahora, el éxito del proceso de paz es indispensable para superar unas guerrillas que, paradójicamente, han sido el factor más conservador y retardatario para el progreso social

En conclusión, querido lector universal, lo único seguro, por ahora, es que usted y yo seguiremos viviendo en el corto futuro en un país caracterizado por la desigualdad, la injusticia y la violencia, con educación privada de excelencia para los más favorecidos por la naturaleza, la familia o el dinero; con partidos políticos enmermelados que concurren a elecciones amañadas; y con una oligarquía miope que teme a la democracia y confunde prestancia con ganancia.

El Espectador, Bogotá.