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Nacional

Reforma tributaria sin rumbo

Por Eduardo Sarmiento Palacio  

La reforma tributaria cambió la fisionomía en los últimos días. Luego de que el Gobierno propusiera una elevación considerable del impuesto para subsanar el hueco fiscal, ante la presión de los gremios procedió a desmontarlo progresivamente y sustituirlo por el impuesto a las utilidades CREE.

No sobra señalar que el hueco fiscal viene de la reforma tributaria de 2012.

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Por Eduardo Sarmiento Palacio  

La reforma tributaria cambió la fisionomía en los últimos días. Luego de que el Gobierno propusiera una elevación considerable del impuesto para subsanar el hueco fiscal, ante la presión de los gremios procedió a desmontarlo progresivamente y sustituirlo por el impuesto a las utilidades CREE.

No sobra señalar que el hueco fiscal viene de la reforma tributaria de 2012.

En esa oportunidad se redujeron los impuestos al capital y a las empresas, también de los parafiscales y los sustituyó por el CREE, estableció el impuesto presuntivo al IMAN e introdujo ajustes al impuesto a las ventas.

En esta columna señalamos reiteradamente que la forma era regresiva y no cumplía con el propósito de neutralidad de recaudos anunciada por el Gobierno. Así lo confirma la información de los últimos dos años. La reforma ocasionó una caída de los ingresos tributarios de $17 billones anuales con respecto a la tendencia histórica y aumentó la participación de la tributación indirecta.

No es necesario entrar en detalles para advertir el empeño del ministro de Hacienda para corregir el error anterior. Sus esfuerzos se orientaron a contrarrestar una reforma regresiva que bajó irresponsablemente los ingresos tributarios elevando en forma notable la tarifa del impuesto al patrimonio. Por su parte, los gremios le quitaron el piso aduciendo el contrasentido de adoptar una reforma tributaria drástica en un momento de desplome de los precios del petróleo y de claras pensiones recesivas. Asustaron al Gobierno diciendo que la carga tributaria de las empresas se colocaría por encima del 40%, lo que las pondría en clara desventaja en países como Perú, cuando eso mismo sucedía antes de la reforma de 2012. Al final se acordó mantener el 4×1.000, desmontar el patrimonio y sustituirlo por el CREE.

El balance es gris. El impuesto al patrimonio y el 4×1.000 vienen de atrás. La única contribución adicional es el alza de la tarifa del CREE, que a lo sumo llegará a $10 billones, y si luego se le resta el desmonte progresivo del patrimonio, bien puede reducirse a la mitad.

Así las cosas, la nueva reforma tributaria no corrige la baja del recaudo de la anterior, y la concentración de recaudo en el CREE no rectifica mayormente la regresividad de la reforma anterior.

Las cosas hay que llamarlas por su nombre. El Gobierno se ha comprometido en una reforma tributaria que busca compensar los errores anteriores y sólo lo consigue parcialmente. El desplome de los precios del petróleo y la caída de la actividad productiva anularán los mayores ingresos del CREE. No es difícil anticipar que en el próximo año surgirá un hueco fiscal más grande que el reconocido por el Gobierno y que el país estará abocado a otra reforma improvisada.

La encrucijada tributaria refleja el monumental error de montar la economía en los productos básicos, y más en el petróleo. En el fondo, la reforma de 2012 fue un recurso para aumentar el consumo, cuando lo que se requería era conformar una reserva para enfrentar la destorcida.

Así, la economía quedó expuesta a un cuantioso déficit en cuenta corriente ocasionado por la revaluación del pasado y una caída en los precios del petróleo, que inevitablemente resultan en tensiones recesivas y cuantiosos déficits fiscales, y la solución no siempre es aumentar los recaudos tributarios.

Lo que se plantea es un cambio de fondo del modelo económico que causó la escasez de divisas y no en las manifestaciones. Lo primero es una severa regulación cambiaria, la limitación de las entradas y salidas de inversión extranjera, la renegociación de los TLC y la adopción de un sistema innovativo de aranceles para movilizar las exportaciones industriales y agrícolas, y racionalizar las importaciones.

El Espectador, Bogotá.

 

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