Reformar la Constitución para salvar el agro

Por José Arlex Arias Arias  

Los dirigentes hicieron varios intentos para reformar o sustituir la Constitución Política de 1886, que rigió la vida constitucional de Colombia hasta finales del siglo XX cuando fue derogada por la Constitución de 1991. La primera había nacido en la llamada Regeneración de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro y la actual la presentaron como una respuesta al acorralamiento del Estado por fuerzas oscurantistas, pero que se debió realmente a la situación geopolítica internacional, producto de la caída de la Unión Soviética y el inminente predominio de Estados Unidos, ejercido con la implementación de la globalización y el modelo neoliberal. Por esas “calendas” se hacen reformas del mismo corte en toda América. La Constitución de 1991 se convirtió en el marco jurídico del modelo neoliberal para los colombianos.

Esa regulación neoliberal se encuentra a lo largo del articulado, afectando derechos fundamentales que hoy son frondosos negocios para todo tipo de mercader: la salud, educación, seguridad social –pensiones, prestaciones sociales, trabajo y bienestar–, servicios públicos, vías y comunicaciones –telecomunicaciones, carreteras, ríos, mares y aeropuertos–, sistema financiero y patentes. En síntesis, toda la vida de los colombianos quedó al vaivén del libre mercado, es decir, de quien tenga para pagar. De esta hecatombe, como anunció uno de sus Mesías, no se salvó el sector agropecuario, que es una de las actividades fundamentales de la economía y el cual provee los principales nutrientes para la ingesta de los habitantes. Al igual que los demás sectores, era uno de los principales cotos de caza de la neo-recolonización, para que, de manera permitida, pudieran ejecutar un plan para apropiárselo.

Ante el fracaso del Área de Libre Comercio de América –ALCA–, Estados Unidos les da a esos planes la forma de Tratado de Libre Comercio –TLC–, impuesto a través de Uribe y Santos, con el visto bueno de la Corte Constitucional, al encontrarlo ajustado a la Constitución de 1991. En esta etapa, Colombia pasó de ser un país autosuficiente en producción agropecuaria, que importaba menos de 700 mil toneladas de productos alimenticios al año en 1990, a traer cerca de 11 millones de toneladas anuales de comida, que representan cerca del 40% del consumo nacional, perdiendo casi toda la soberanía alimentaria. De ahí que los colombianos necesitamos una Constitución que garantice nuestra comida y la propiedad sobre nuestro territorio; por eso la importancia de hacer una Reforma Constitucional para salvar el sector agropecuario.

Los objetivos de dicha reforma son: Incorporar a la Constitución la obligación del Estado de proteger y fomentar la producción agraria nacional y su trabajo; ajustar la regulación para asegurar además la soberanía alimentaria, agropecuaria, acuífera, pecuaria y forestal; darle prevalencia a la producción nacional por encima de los acuerdos internacionales; y establecer el crédito agrícola como indispensable para el desarrollo agrario, creando un Banco de Fomento. La tarea ya comenzó. Hay que recoger seis millones de firmas para hacer que el Congreso tramite el referendo. Manos a la obra: ¡por la defensa de la producción agraria: reforma constitucional!
 
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Cartagena de Indias.