Renovación de licencias de conducción

Por José Arlex Arias Arias  

Uno de los ejes del modelo neoliberal es el adelgazamiento del Estado, con el propósito de que sus funciones –su razón de ser– sean trasladadas al sector privado, que ha visto en estas verdaderos filones de oro para enriquecer a grupos selectos, incluyendo a su tecnocracia emergente.

Se puede afirmar sin temor a equívocos: no hay función social que el Estado prestaba cuya privatización no derive en pingües negocios para este sector y en expoliación a la población. La hipótesis es sencilla de probar en: los servicios públicos de agua, luz, teléfono, alcantarillado, gas o también en la salud, educación, concesiones de carreteras, aeropuertos, ríos, minas y yacimientos, etc.

Estas privatizaciones han sido justificadas en que el Estado es ineficiente y sus funcionarios, corruptos. Resulta que la población se ha venido enfrentando a unos operadores privados a los que el Gobierno Nacional les permite una posición dominante con todas las “garantías a los inversionistas”. Incluso han trasladado al bolsillo privado “billonarios” recursos que pertenecían al patrimonio nacional. En la lógica, esas ganancias son las que figuran en el crecimiento del Producto Interno Bruto, puesto que si los privados siguen subiendo tarifas que el pueblo tiene que pagar obligado por ser servicios esenciales, se termina trabajando exclusivamente para que estos “empresarios” hagan crecer sus negocios y exorbitantes utilidades.

El pueblo vive una pesadilla para cancelar los servicios, en su mayoría, tan malos e ineficientes como los que prestaba el Estado y en grados de corrupción que superan las mentes más torcidas: negociados que apenas son mencionados por el gobierno como en el caso de la salud y en muchas concesionarias. El nuevo modelo privatizador puede haber aumentado en cobertura –porque es esencia de su negocio– mas sus costos van a cargo del Estado y/o del usuario; la calidad es pésima, llegando a exasperar a la población, que en muchas ocasiones se ha hecho sentir con manifestaciones duramente reprimidas por el gobierno de Juan Manuel Santos, comprometido con los especuladores financieros en mantener para sí este modelo.
 

Es en este contexto que el gobierno Santos, para armar negocio a los privados, inventa la renovación de las licencias de conducción, las cuales podrían hacerse al momento en el que a cada quien se le venciera el documento. Para que el negocio sea con ingresos inmediatos colocaron fecha límite, así los conductores de carro quedaron obligados; además, a pesar de los mandatos judiciales que determinaron la gratuidad del trámite, el gobierno de Santos sigue empecinado en cobrar por el mismo. Los costos son por unos exámenes clínicos, que no han permitido que los practiquen las EPS, sino que les montaron negocio a otro grupo privado. Los conductores, por la necesidad, se han visto sometidos a pagar $200 mil o más de su bolsillo por algo que ya habían cancelado y de contera, la mortificación de las largas filas.

El Espectador tituló: “Licencias de conducción, un millonario negocio… habrían recibido entre $177.000 millones y $236.000 millones, cifra destinada a los organismos de tránsito y Ministerio de Transporte y para los socios del RUNT, entre ellos, Heinsohn Business Technology e Información y Tecnología S.A…” ¡Santos no da puntada sin dedal: Negocio es negocio!

arlexariasarias@yahoo.com

Cartagena, 20 de enero de 2014.