Salario mínimo

Por Eduardo Sarmiento Palacio  

Las deliberaciones del salario mínimo se iniciaron dentro de los formalismos tecnocráticos. Los empresarios y trabajadores arribaron con propuestas que van entre 3,3 y 8%, y avanzan en las discusiones para alcanzar un consenso.

De entrada se percibe que las dos partes se basan en criterios

irreconciliables y que la decisión final quedará en manos del presidente Santos.

De acuerdo con la ley, el salario mínimo debe basarse en la productividad y la inflación corriente y la esperada. La comisión tripartita calculó el aumento de la productividad en 0,8%. Si se tiene en cuenta que la inflación esperada y corriente está alrededor de 2,5%, el ajuste recomendado resulta en 3,3%.

La ley vigente de fijación del salario mínimo se estableció durante el predominio neoliberal y estaba orientada a hacerlo inocuo. La comisión tripartita encargada de establecer el punto de referencia emplea procedimientos arbitrarios que sesgan el ajuste hacia la baja. Primero, la productividad del trabajo, definida como la relación entre el producto y el número de trabajadores, se calcula con la productividad total de los factores, que la subestima, porque toma como base el promedio del capital y el trabajo. Segundo, no incorpora el aumento de la productividad por el intercambio comercial. De esta manera, la comisión ha operado como un piloto automático para deprimir el salario.

Lo anterior lo confirma la información corriente sobre el salario real y el producto nacional por trabajador corregido por el índice de capacidad adquisitiva. En los últimos diez años el salario mínimo creció mucho menos que la contribución del trabajo al producto nacional; la diferencia se quedó en el capital. No hay que llamarse a engaño. El salario mínimo está muy por debajo de la productividad.

Este resultado deja sin piso la teoría ortodoxa del mercado laboral. Si el salario mínimo es menor que la productividad, mal podría aducirse que su elevación contribuye a aumentar el desempleo. Por el contrario, propiciaría un aumento de la demanda efectiva que incrementaría el crecimiento y el empleo.

La verdad es que la baja del salario con respecto a la productividad no obedece a los fundamentos de la economía, sino a la competencia internacional dentro del desmonte arancelario, la modalidad de cambio flotante y los TLC. Por eso, no obstante que el salario ha sido deprimido, la mayoría de los precios domésticos de los bienes industriales y agrícolas superan los internacionales. No menos diciente, la industria lleva un año en recesión y el Gobierno no ha resuelto el malestar del paro agrícola que en el fondo era una protesta por los elevados costos domésticos en relación con los precios de las importaciones.

Nada de esto es nuevo. En las teorías convencionales se considera que los países están en capacidad de colocar indefinidamente sus productos de ventaja comparativa en los mercados internacionales. El resultado no se cumple en los países, como Colombia, que tienen serias limitaciones de demanda. La ampliación del comercio internacional y el balance de las cuentas externas dentro del mercado libre resultan en salarios por debajo de la productividad. La eventualidad sólo se puede evitar con un marco arancelario que concilie los mercados externo e interno.

La economía enfrenta una sin salida que no se resuelve con índices arbitrarios que perpetúan una visión equivocada. Lo que se plantea es cambiar el modelo para que el salario pueda elevarse sin resquebrajar la industria, la agricultura y la balanza de pagos. En las circunstancias actuales, es perfectamente viable aumentar el salario mínimo en 5%, e incluso más, en tanto que al mismo tiempo se revisen los aranceles y se renegocien los TLC.

El Espectador, Bogotá, 8 de diciembre de 2013.